El Govern cesa a la directora de Funció Pública tras el fiasco de las oposiciones

El Govern de la Generalitat ha decidido cesar a la actual directora de Funció Pública, Marta Martorell, por el fiasco de las macro oposiciones. La 'conselleria' de Presidència ha decidido colocar un cortafuegos para atajar la crisis interna acaecida a raíz de los exámenes del pasado sábado, cuando 13.500 personas debían realizar sus pruebas para disputarse una plaza en la función pública catalana y se produjeron retrasos de horas, aulas atestadas y múltiples incidencias.

El departamento dirigido por Vilagrà cesará a Martorell, según ha adelantado el diario 'Ara' y ha podido confirmar EL PERIÓDICO, y ya tiene preparado a su sustituto, que será anunciado este mismo martes tras el Consell Executiu. Este será Anna Maria Molina Cerrato (Barcelona, 1975) es licenciada en Derecho por la Universitat Pompeu Fabra (2003), diplomada en Relaciones Laborales por la misma universidad (1997) y Práctica Jurídica por el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (2005). Ha ocupado varios puestos de responsabilidad en diferentes empresas del sector privado en el ámbito de los recursos humanos y ha ejercido como letrada laboralista en un despacho profesional (1997-2005).

Es funcionaria del cuerpo general superior de Administración desde 2010 y del cuerpo general de gestión de Administración de la Generalitat desde 2005, donde ha ocupado diferentes puestos en los departamentos de Salut y de la Presidència, y donde ha ejercido como subdirectora general de Análisis y Planificació Estratègica en la Direcció General de Funció Pública. Según explican fuentes conocedoras del proceso, ha sido una de las personas más implicadas en el diseño de los procesos de estabilización interinos.

Deliberaciones internas

Tras deliberaciones internas, desde el equipo de Vilagrà han determinado que la responsabilidad por el caos del sábado era de la directora general y han declinado depurar responsabilidades en rangos más altos de la jerarquía, como la secretaria del departamento, Alícia Corral, o la secretaria general de Presidència, Núria Cuenca, que fue la firmante del contrato con la empresa privada que gestionó el proceso, Cegos. Contrato firmado en agosto del 2022, cuando Martorell todavía no formaba parte del organigrama del departamento. La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, informó que los servicios jurídicos de la Generalitat están analizando como rescindir el contrato que la administración tiene con esta misma empresa, cara a llevar a cabo otros procesos.

Detalló Plaja que las oposiciones del sábado contenían hasta 72 exámenes distintos, con una participación de 13.500 personas. Cifras estas que sobrepasaron a la Conselleria de Presidència "que no cuenta con los medios personales y materiales" para afrontarlas. "El problema no es contratar una empresa", señaló, con todo, "sino que esta empresa no dio la talla. Y que, asimismo, desde Funció Publica no se ejerció una supervisión y control adecuados"-

La 'conselleria' ha abierto un buzón, hasta el viernes, donde los opositores del pasado sábado puedan explicar las incidencias que vivieron con el fin de ser analizadas y poder articular una nueva convocatoria. Plaja aseveró que esta información, así como la que llegue de los sindicatos, será básica para determinar qué procesos de selección de las 1.800 plazas se repiten y cómo.