Miles de opositores afectados

La empresa del fiasco de las oposiciones se expone a una multa de al menos 75.000 euros

¿Quién es Cegos?

"Un cero en organización": caos en las oposiciones de la Generalitat

La Generalitat está estudiando acciones legales contra Cegos, como reclamarle una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados

Caos en las oposiciones a la Generalitat

Caos en las oposiciones a la Generalitat / Zowy Voeten

Gabriel Ubieto

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La Generalitat de Catalunya está moviendo fichas para tratar de apagar el incendio que prendió el sábado pasado con el fiasco de las oposiciones. La mala organización de la empresa subcontratada para gestionar el evento, Cegos, ha forzado el cese de la directora general de Funció Pública, Marta Martorell, designada como responsable de la ejecución de un contrato público que fue redactado y adjudicado antes de que ella tomara posesión del cargo. Será relevada por Anna Maria Molina Cerrato, hasta ahora subdirectora general de análisis y planificación estratégica de la división dirigida por Martorell.

Y, tras ese apagafuegos exprés, ahora la Generalitat estudia cómo exigir todas las responsabilidades posibles al ejecutor del fiasco. Lo que podría traducirse en una penalización de mínimo 75.000 euros, además de la rescisión del contrato con la empresa Cegos y todas aquellas demandas que pueda interponer la Generalitat en concepto de damnificado. Según el detalle del contrato, la corporación estaba previsto que percibiera 1,5 millones de euros por sus servicios hasta 2024.

Por primera vez en su historia la Generalitat de Catalunya externalizó unas oposiciones. El argumento ha sido que unas pruebas con 13.500 asistentes en simultáneo y 72 exámenes diferentes no la podía asumir el personal interno de la administración. El caos del pasado sábado tiene su origen en el 2 de septiembre del 2022, cuando la ‘conselleria’ de Presidència saca a concurso la organización de las 'macrooposiciones' que tendrán lugar durante 2023. Están llamadas a ser el mayor proceso de estabilización de personal de la historia de la administración catalana. 

A dicho concurso, por valor total de 1,2 millones de euros (1,5 millones con IVA), se presentaron dos candidatos. Por un lado, la empresa de origen italiano Selexi, que se encargará de gestionar las oposiciones del cuerpo de Bombers de la Generalitat durante 2023, por lo que cobrará 219.984,05 euros. O los psicotécnicos para el cuerpo de Agents Rurals, por lo que percibirá 134.085 euros. 

Por el otro, la que finalmente se llevó la adjudicación, Cegos, de origen francés y que en el último año se ha llevado contratos similares en todo el estado por valor de 10,4 millones de euros, según datos del Plataforma de Contratación del Sector Público.

Precio más bajo y más experiencia. Estas fueron las variables que decidieron el concurso a favor de Cegos, a la que la Generalitat otorgó la máxima puntuación (100 sobre 100 puntos). Selexi se llevó un 78,3 sobre 100 puntos. Es concurso que no fue diseñado ni adjudicado por la cesada directora general de Funció Pública, Marta Martorell, pero del que sí era responsable de su cumplimiento, tal como establece el pliego de condiciones.

Estudiando el alcance de la multa

¿Cómo una empresa con experiencia previa y tan bien valorada ejecutó un fiasco como el del sábado? Una de las explicaciones que desde los sindicatos se ha apuntado fue la contratación a última hora y a través de empresas de trabajo temporal (como Randstad) de personal sin formación previa para vigilar los exámenes. Algo explícitamente contemplado en el pliego de prescripciones técnicas. "Durante la misma semana todavía estaban buscando gente”, cuenta una fuente conocedora del proceso.  

Dicho pliego, como todos los contratos públicos, incorpora una serie de cláusulas en caso de incumplimiento. Aquí la Generalitat tiene derecho, “en caso de incumplimientos graves de la empresa contratista se le impondrán penalidades de un 5% del precio de la adjudicación del contrato”, según recoge el contrato firmado por Cegos. A tenor de 1,49 millones de presupuesto (con IVA) de la adjudicación, ese 5% equivale a 75.000 euros. 

No obstante, fuentes consultadas de la ‘conselleria’ de Presidència afirman aspirar a "ir más lejos" y estudian cómo ampliar las penalizaciones. También están dándole vueltas a cómo recomponer el puzle que saltó por los aires el sábado pasado. ¿Quién se encargará de organizar los exámenes que deberán repetirse? ¿Quién se encargará de preparar el intenso calendario de oposiciones, extraordinarias y ordinarias, que sacará en los próximos meses más de 14.000 plazas? La ‘consellera’ de Presidència, Laura Vilagrà, ha citado este próximo miércoles por la tarde a los sindicatos al Palau de la Generalitat para tratar de responder alguna de estas cuestiones.