La Generalitat deberá repetir todos los exámenes tras el fiasco de las oposiciones

La Generalitat de Catalunya deberá repetir los 72 exámenes convocados el pasado sábado 29 de abril debido al fiasco de las oposiciones. En el 93% de las pruebas la administración catalana ha detectado incumplimientos graves de los principios básicos de igualdad, méritos y capacidad y ha optado por obligar a los más de 13.500 candidatos a volver a realizar todas las pruebas. Así lo ha explicado la 'consellera' de Presidència, Laura Vilagrà, este jueves tras reunirse en el Palau de la Generalitat con los sindicatos más representativos entre los empleados de la función pública y darles cuenta de ello.

Móviles en las aulas, gente muy junta y poco vigilada que podría haber copiado, opositores que salieron al lavabo sin supervisión y retrasos generalizados son las principales irregularidades detectadas en el primer diagnóstico elaborado por la administración catalana. "La incidencia es masiva. Hay una afectación muy grave en casi todos los exámenes", ha reconocido.

Cegos, la empresa responsable de la gestión de los exámenes, ha emitido un comunicado en el que atribuye a la Generalitat el fracaso de las pruebas, ya que de ella dependía la disposición de los espacios, la distribución de los opositores y la elaboración del material a distribuir. "En caso de haber contado con el aforo previsto en cada espacio, no se habrían producido la mayoría de los incidentes señalados", sostiene la compañía.

Indemnización para los opositores

El objetivo era salvar el máximo posible de pruebas realizadas y así evitar que miles de personas deban volver a examinarse. No ha sido posible y la Generalitat ha decidido cubrirse las espaldas ante posibles impugnaciones y repetir todas las pruebas, tras recibir más de 3.000 incidencias en el buzón de quejas habilitado. La solución les ha parecido a las centrales jurídicamente viable, según han manifestado tras la reunión. "Rescindiremos el contrato de la empresa [Cegos]", ha adelantado Vilagrà. "La situación ha sido triste y lamentable", ha añadido.

La 'consellera' también ha prometido una indemnización para todas las personas damnificadas por la repetición de las pruebas, aunque ha reconocido que todavía no tienen estudiado el importe de dicha indemnización. El pago será de oficio y lo recibirán todas las personas inscritas en el proceso.

Los sindicatos han reivindicado dicha compensación como una respuesta del Govern a una demanda suya. "La gente necesitaba un gesto desde la administración", ha declarado el portavoz de CCOO de Catalunya, Manel Pulido. "Esa compensación no quita que la gente que haya sufrido un daño patrimonial pueda presentar una demanda", ha añadido la portavoz de la IAC, Assumpta Barbens.

No más externalizaciones

Vilagrà se ha comprometido a no externalizar más procesos de oposición y a gestionar con personal propio los futuros exámenes. "Esperamos que tome nota el Govern y nunca más externalice un servicio público así", le ha reprochado la portavoz de la UGT, Iolanda Adroher. La 'consellera' también ha reconocido que la crisis vivida y la rescisión del contrato provocará una demora en la publicación y ejecución de las 14.000 plazas de la oferta pública ordinaria previstas para este 2023.

Los 13.500 afectados deberán volver a realizar las pruebas el 1 de julio o el 8 de julio, dependiendo de las plazas

La repetición de las pruebas tendrá lugar en dos días diferentes, el 1 de julio repetirán los agentes rurales, de ejecución penitenciaria y el personal laboral, es decir, están convocadas unas 3.695 personas. Y el 8 de julio les toca al grueso de aspirantes a funcionarios, unas 9.886 personas. Solo podrán presentarse aquellas personas que ya estuvieran inscritas para examinarse el pasado 29 de abril y las fechas no quedan abiertas a nuevos candidatos.

Pendientes de la multa a Cegos

El Govern da por seguro que rescindirá el contrato con Cegos por las "graves incidencias" del proceso y por la "total pérdida de confianza". Queda por ver, no obstante, qué repercusiones legales y económicas tendrá para esta empresa este episodio. El contrato explicita que “en caso de incumplimientos graves de la empresa contratista se le impondrán penalidades de un 5% del precio de la adjudicación del contrato”. A tenor de 1,49 millones de presupuesto (con IVA) de la adjudicación, ese 5% equivale a 75.000 euros. 

No obstante, además de esa penalización la Generalitat está estudiando acciones legales adicionales, como reclamarle una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, los costes adicionales que deberá asumir para compensar a los opositores y el daño reputacional causado.

La 'consellera' Vilagrà está previsto que comparezca en el Parlament este viernes para dar cuenta ante los partidos del estado de la cuestión y allí podría dar más pistas sobre la estrategia legal de la Generalitat. La intención que manifiestan desde su departamento es "máxima celeridad", pero también tener todas las garantías jurídicas de que las acciones emprendidas fructifican.

Ese mismo sábado coincidió la 'macro oposición' con una batería de pruebas menores para estabilizar personal muy concreto de los departamentos de la Generalitat. Estas fueron gestionadas directamente por la administración catalana y no por Cegos y son las únicas que se han podido salvar de la repetición. Estas contemplan 383 plazas y a las mismas se presentaron 2.641 candidatos.