Crisis en la función pública

¿Qué es Cegos, la empresa del fiasco de las oposiciones de la Generalitat?

La Generalitat abrirá un buzón para saber qué oposiciones hay que repetir

El Govern cesa a la directora de Funció Pública tras el fiasco de las oposiciones

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Oposiciones / ZOWY ZOETEN

Gabriel Ubieto

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La empresa Cegos, ejecutora del fiasco de la macro oposición a la Generalitat del pasado sábado, se ha adjudicado en el último año 10,4 millones de euros de diferentes administraciones de todo el Estado, según datos recopilados por EL PERIÓDICO a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público. Gran parte de dichos contratos obedecen a procesos de selección, ya sea como organizador, ya sea como servicio de apoyo. 

Y es que la nueva ley de función pública, con 'macroexámenes' en toda España, promete ser un lucrativo negocio para firmas como Cegos. Sociedades como esta están sacando rédito de la falta de manos que dicen padecer las administraciones para organizar dichos procesos y reducir así las elevadas tasas de eventualidad que acumulan desde hace décadas. Y por los que ha sido censurada en diversas ocasiones por la justicia europea. 

Cegos España Learning & Development, SA, sociedad de origen francés y que opera en España desde 1952, se ha adjudicado en el último año solo en contratos públicos un total de 10,4 millones de euros. En 2021 tuvo unos ingresos totales en España de 6,7 millones de euros, según los últimos datos disponibles en el registro mercantil. EL PERIÓDICO ha intentado ponerse en contacto con la empresa para recabar su versión de lo sucedido, sin éxito.

Entre sus clientes, a nivel estatal, destaca el Ministerio de Industria, el Metro de Madrid, el Banco de España o la Junta de Andalucía. En Catalunya trabaja o ha trabajado para Barcelona Serveis Municipals (BSM) y la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). También ha asesorado en el diseño de procesos de selección, no como organizador, a los ayuntamientos de Barcelona u Hospitalet de Llobregat.

Primera externalización, primer fiasco

Circula cierta sorpresa y estupor entre la función pública catalana sobre la jornada caótica de este pasado fin de semana, en la que más de 13.500 personas tuvieron que esperar durante horas para poder examinarse, en aulas atestadas y sin el material suficiente en muchos casos. Muchos de ellos deberán repetir su examen, en el que se juegan el poder mantener o no un empleo en el que –la mayoría de ellos- lleva años como interino. 

Desde los sindicatos se desconocía con antelación que la encargada de organizar los exámenes sería una empresa privada, algo sin precedentes hasta la fecha en la historia de las oposiciones. Y es que hasta ahora todos los procesos los había asumido la propia administración catalana con gente de la casa. “[La Generalitat] no cuenta con los medios personales y materiales", se ha excusado la portavoz del Govern, Patricia Platja, este martes, en el que ha dado cuenta del cese de la directora general para depurar responsabilidades.

La externalización de la organización de los exámenes es un recurso al que no han recurrido otras instituciones que también están inmersas en sus propios macro procesos de estabilización. A preguntas de EL PERIÓDICO, tanto el Ayuntamiento de Barcelona como la Diputación afirman que están trabajando internamente las pruebas. Si bien la dimensión de las mismas, a nivel de participantes, es menor.

Estaba previsto que los exámenes de oposición ordinarios, a través de los que se ofertarán 14.000 plazas durante los próximos meses, también los gestionara Cegos. La Generalitat estudia cómo rescindir dicho contrato.

Largo historial entre las administraciones

El fiasco del sábado contrasta con la dilatada experiencia de la empresa encargada, Cegos, con las administraciones públicas. Entre 2022 y 2023 las diferentes administraciones del Estado adjudicaron contratos. Si bien es cierto que en Catalunya es la primera vez que esta compañía asume un contrato de dichas magnitudes. Y probablemente sea la última, a tenor de la reacción de la Generalitat, que estudia como rescindir la adjudicación, que devuelva lo cobrado e incluso imponerle una penalización de al menos 75.000 euros

Entre su pliego de contratas destaca el encargo de la empresa pública dependiente del Ministerio de Industria, Tragsa, por valor de 4,7 millones de euros. A la misma deberá prestar “servicio de apoyo” para los procesos de selección convocados entre 2022 y 2024. Otro cliente importante es el Metro de Madrid, con dos contratos por valor sumado de 900.000 euros para la selección de maquinistas y demás personal. 

Otro ‘vip’ es la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (SGISE), empresa pública encargada de los bomberos forestales del País Valencià y que también ha externalizado sus ofertas públicas de estabilización. A Cegos le pagará por ello 609.915,26 euros (sin IVA) por organizar durante los próximos meses oposiciones similares a las catalanas, con resultados diferentes, según manifiestan desde la entidad.