No silenciarán a los que protestan contra el ICAM

El caso de Naty (administrativa contable de 33 años) sería simplemente un caso más de los muchos que engrosan la lista de personas enfermas que pasan por el Institut Català d'Avaluacions Médiques (ICAM) y a las que no se reconoce la baja o la incapacidad que solicitan (con informes dictaminados por médicos de la Seguridad Social) si no fuera porque a ella se le ocurrió protestar.

En 2011 tuvo un infarto de corazón y en 2016 un ictus. Desde entonces sufre secuelas, junto con dos enfermedades congénitas, sin solución, que la dejan incapacitada para trabajar (displasia fibromuscular arterial y hiperhomocisteinemia). En una semana cualquiera, puede tener varias migrañas, vómitos, diarreas y sangrados, además de otros dolores.

Naty hubiera sido una más de las enfermas que, debido a la gestión economicista de la ICAM, hubiera aumentado las estadísticas de población excluida en Catalunya. Pero a ella la indignación la llevó a acampar a las puertas de la ICAM. Ahí, por un lado, se formó la Plataforma de Afectadas por el ICAM (PAICAM) y por otro, la ICAM inició una serie de represalias que culminaron en un juicio contra ella por "daños y coacciones", al que después se unió la Generalitat de Catalunya (ambas partes retiraron los cargos más tarde).

Las actuaciones irregulares de la ICAM han salido a la luz pública y la PAICAM continúa creciendo, pero vivimos en un sistema democrático en el que se criminaliza la protesta a medida que aumentan los recortes. Esto volvió a ocurrir el 2 de junio en el juicio público por un alta injustificada de Naty, cuando no nos dejaron entrar a varias personas que habíamos acudido a apoyarla.

Quiero advertir contra prácticas anti-democráticas de criminalización y censura a los movimientos de activismo social en general y a la PAICAM, en particular. El silencio no es una opción cuando hay personas enfermas que para tener una vida digna se ven forzadas a luchar, a pesar de sus limitaciones, reclamando unos derechos que son suyos.

El juicio se convirtió en un juicio privado, a puerta cerrada, a petición de los abogados de la parte demandada.  El mensaje implícito era que la presencia de la PAICAM era peligrosa, y por ello se había alertado también a los mossos de la posibilidad de altercados.