Los Mossos abren en Nou Barris (Barcelona) un almacén para la marihuana intervenida en Catalunya

Los Mossos d’Esquadra abren en la comisaría del distrito de Nou Barris en Barcelona un almacén para guardar toda la marihuana intervenida a traficantes en Catalunya. Según las fuentes consultadas por EL PERIÓDICO, este viernes se celebra una reunión en el complejo Egara, sede de la prefectura del cuerpo, para acordar qué día entrará en funcionamiento. La fecha que habrá sobre la mesa en ese encuentro es la del martes 5 de septiembre. 

El depósito viene a solucionar el problema que tenía la policía para guardar y custodiar en condiciones todas las plantas que se confiscan

El nuevo depósito para guardar cannabis requisado hasta su destrucción bajo acuerdo judicial estará en una primera fase habilitado únicamente para las plantas localizadas en municipios de la Regió Policial Metropolitana Nord. Tras un periodo de prueba, pasará a estar disponible para el resto de regiones policiales de Catalunya. 

En una primesa fase, el almacén, que ha requerido de años de trabajos, custodiará las plantas de la región Metropolitana Nord

La comisaría del distrito de Nou Barris de Barcelona era una antigua comisaría de la Policía Nacional cedida después del despliegue de la policía autonómica, que en la capital catalana se llevó a cabo en 2005, y cuenta con un espacio en los bajos que reúne las características necesarias. Es lo bastante grande –la policía española había planteado convertirlo en galería de tiro o gimnasio– y, tras las obras y ajustes necesarios, que se han alargado durante más años de los previstos, está preparado para custodiar la droga. 

Riesgos laborales

El depósito ha debido superar previsamente sendas inspecciones de riesgo de incendio y también de salud laboral: el hedor que desprenden las plantas puede resultar tóxico y debe garantizarse que la manipulación de la droga no afectará a los funcionarios. Cuenta con un sistema de videovigilancia y la dotación de agentes destinados a la comisaría se ha aumentado porque habrá uniformados dedicados exclusivamente a su custodia.

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La droga que almacenará este almacén tendría un valor difícil de calcular en el mercado negro y, en consecuencia, debe estar a salvo de intentos de robo por parte de las organizaciones criminales que en los últimos años operan en suelo catalán con el propósito de producir marihuana.

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La Conselleria d’Interior asimismo prevé contratar un servicio externo de jardinería para lidiar con el traslado de las plantas desde el lugar de la plantación y hasta este almacén. Pero el control del almacén es delicado y será una tarea exclusiva de los Mossos. La entrada en funcionamiento de este espacio debe resolver finalmente un problema que se había enquistado.

Tierra de marihuana

Ninguno de los tres cuerpos policiales que operan en Catalunya estaba preparado para el boom cannábico que comenzó en 2015 y que ha implicado que España se haya convertido en un país que exporta marihuana al resto de Europa y que importa crimen organizado del resto del mundo, en palabras del comisario Ramon Chacón, a cargo de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de los Mossos. 

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El fenómeno, convertido, a juicio del actual comisario jefe Eduard Sallent, en la principal amenaza para la paz social, tiene graves consecuencias para la seguridad –graves episodios de violencia entre bandas rivales–, favorece la economía sumergida –es un mercado negro que mueve mucho dinero– o amenaza la salud de los adolescentes –los traficantes producen cannabis cada vez más potente que desencadena brotes psicóticos–.

Pero también ha llevado al límite a los cuerpos policiales por cuestiones más prosaicas: ¿Qué hacer con toda la marihuana que se interviene? Puede parecer una cuestión de intendencia sin más importancia. No lo es. 

Custodia y análisis

Cuando la policía interviene una plantación de marihuana se procede a destruirla. Pero el proceso es complejo. Una pequeña parte del vivero debe ser analizado en un laboratorio y hasta ahí tiene que ser trasladado preservando la cadena de custodia: comprobar que presenta unos niveles de THC –el principio activo– prohibidos por ley es necesario para imputar a los traficantes el delito contra la salud pública. Para proceder a su análisis, además, es necesario esperar a que el cogollo –la parte que concentra el THC– se haya secado. De lo contrario los resultados podrían resultar negativos. 

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El resto de las plantas no analizadas deben ser destruidas. Según el artículo 367 de la ley de enjuiciamiento criminal, los policías podrán llevar a cabo esta tarea si, transcurrido un mes desde la intervención, el juez instructor no ha ordenado lo contrario. Esto significa que las distintas unidades de investigación deben hacerse cargo de todas las plantas durante al menos un mes. Esa obligación ha provocado imágenes en las comisarías molestas para el ciudadano –como un aparcamiento lleno de marihuana que despide un fuerte olor– o para el propio policía –que debe convivir diariamente con decenas de kilos de plantas en estado de putrefacción–. 

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Tenerlas a la vista, o guardadas sin los mecanismos de control necesario –la mayoría de la droga no cabe en las cámaras de seguridad de las comisarías–, implica riesgo de asalto por parte de traficantes e incluso ha facilitado casos de corrupción policial. El más grave, el detectado en Santa Coloma de Farners: el jefe antidroga y un agente fueron grabados sacando marihuana intervenida –y guardada precariamente en el maletero de una furgoneta aparcada en la base– para revenderla a un traficante local.

600.000 plantas

Las intervenciones policiales contra plantaciones de marihuana de Catalunya se han multiplicado por diez en los últimos cinco años, según datos de la compañía eléctrica Endesa, que participa en cada operativo y que calcula que se cerrará el 2023 con un total de actuaciones que rondará la cifra de 1.500 operativos activados contra viveros de cannabis escondidos a lo largo y ancho del territorio catalán. Una actividad que puede implicar la gestión de más de un millón de plantas. Solo los Mossos, sin incluir las investigaciones de la Guardia Civil o la Policía Nacional, cortaron 600.000 plantas y requisaron 26 toneladas de cogollos en 2022. 

El portavoz del sindicato Fepol, Toni Castejón, alineado en esta cuestión con el resto de sindicatos de los Mossos, recuerda que los agentes llevaban años esperando que entrara en funcionamiento el almacén del distrito de Nou Barris y lamenta el tiempo que ha transcurrido para dar solución a un problema que ha generado situaciones de riesgo en todas las comisarías.

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