El fraude eléctrico por marihuana en Catalunya equivale al consumo anual de Girona, Tarragona, Lleida y Sabadell

En 2018, el fraude eléctrico en Catalunya se comparaba con el consumo anual de una ciudad como Girona. Actualmente para completar ese símil debe añadirse a Girona también las ciudades de Lleida, Tarragona y Sabadell. En Catalunya, las plantas de marihuana que crecen clandestinamente en cultivos 'indoor' reclaman tanta electricidad como casi 600.000 habitantes. 

Los técnicos de Endesa acuden a cada intervención que los cuerpos policiales efectúan contra una de estas plantaciones. Acompañan tanto a agentes de los Mossos d’Esquadra, de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Son, por lo tanto, un medidor fiable del aumento de sus acciones. Actualmente llevan a cabo más de 5 cada día. Más que nunca.

La práctica totalidad de las plantaciones de marihuana 'indoor' están conectadas ilegalmente a la red eléctrica. Pagar la factura no es una opción para los traficantes dado que la demanda de las bombillas de 600 o 1.000 watts que instalan para iluminar cada metro cuadrado –y, en menor medida, también de los aparatos de climatización para refrigerar y de extracción para ventilar– supondría afrontar cada mes, en una plantación media como las que crecen sin control en Catalunya, un coste de más de 60.000 euros. 

A diferencia de Andalucía, donde los viveros acostumbran a ser más pequeños, en el territorio catalán proliferan instalaciones sofisticadas, en manos de organizaciones criminales, que ocupan o alquilan casas en urbanizaciones o incluso naves industriales enteras. El uso de estas bombillas de sodio sustituye la luz solar y permite a los traficantes –que tienen a sueldo a electricistas a cargo de las instalaciones– recoger hasta cuatro cosechas de cogollos cada año que, después, venden por Europa, donde cada gramo multiplica su valor. 

El comisario Ramon Chacón, a cargo de la Comissaria General d'Investigació Criminal (CGIC) de los Mossos, resumió recientemente la gravedad del fenómeno en el siguiente paradigma: España, y especialmente Catalunya, se ha convertido en un país que exporta marihuana y que importa organizaciones criminales del resto del planeta, explicó. Estas mafias, en competencia interna por el control del territorio, saben que el negocio reside en producir marihuana en Catalunya y exportarla al resto del continente.

Por eso, subrayan fuentes de Endesa, antes las plantaciones estaban junto a la AP-7 y ahora, tras saturarse este eje, abundan junto a la C-25 e incluso se detectan junto a la frontera natural de los Pirineos, en poblaciones como Puigcerdà o Llívia, o en lugares como Lleida. 

Leyes más laxas

La existencia del fraude eléctrico asociado al boom cannábico no perjudica únicamente a una compañía como Endesa, subraya uno de sus abogados, Enric Carrera, también lo hace al resto de clientes que sí pagan la factura pero deben soportar los cortes de electricidad que provocan las manipulaciones en la red o su sobrecarga. O que se genere un accidente que provoca un incendio –algo que ya ha pasado– o que un vecino termine electrocutándose debido a las trampas que colocan conectadas a la red para defenderse de los narcoasaltos –ataques entre bandas de traficantes con el propósito de robarse la mercancía–. 

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Para Endesa, una causa fundamental del problema que sufre Catalunya, y que tiene graves consecuencias sobre la seguridad, la salud y la economía, es un marco legal más laxo que en el resto de países europeos. Más indulgente no solo en las penas que reciben los traficantes por producir y vender marihuana –considerada una droga blanda a pesar de que cada vez se detectan concentraciones de THC, su principio activo, más peligrosas para la salud–, sino también por el fraude de electricidad. En el resto del continente, defraudar electricidad es un delito asociado a penas de prisión. En países como Portugal, Francia o Italia, las respectivas legislaciones contemplan penas severas por este delito.

"Saben que aquí el fraude eléctrico no comporta entrar en la cárcel", asevera Morera, que ha añade que Endesa ha solicitado a un despacho de abogados externo que redacte una propuesta de endurecimiento de las leyes. Esta, detalla, significaría elevar las penas por fraude superior a 400 euros a 18 meses y, si se demuestra que este guarda relación con una organización criminal o el tráfico de marihuana, que sea de 1 a 3 años.