El boom cannábico

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VÍDEO: MOSSOS D'ESQUADRA

Guillem Sánchez

Guillem Sánchez

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Una operación antidroga desmanteló la semana pasada una factoría de marihuana escondida en uno de los siete bloques de 'la séptima fase' del barrio de Sant Cosme, un gueto gobernado por dos clanes familiares de El Prat de Llobregat (Baix Llobregat). Los Mossos d'Esquadra hallaron plantaciones 'indoor' en 15 de los 17 domicilios. Y para evitar que el edificio precintado fuera allanado en cuanto los policías se dieran la vuelta fue necesario descargar 60 toneladas de hormigón armado e inundar el vestíbulo. Hace un año, tras una operación anterior, se había intentado proteger el edificio instalando puertas antiocupas, pero mientras los operarios instalaban la primera, los vecinos robaron las otras: el bloque fue reocupado a las 24 horas. 

Este rincón de Sant Cosme se conoce como 'séptima fase' porque fue la última de las siete etapas a partir de las cuales se ejecutó la reconstrucción del barrio, que se derruyó y levantó de nuevo entre los 80 y los 90 para substituir las casas baratas que habían alojado a familias procedentes del 'barraquismo' por pisos de alquiler social, aclara un portavoz municipal. Los inquilinos de la 'séptima fase' vivían en las llamadas '801 viviendas', el hogar de los vecinos más conflictivos.

Reparto de casas

En 2002, cuando se entregaron las llaves de los nuevos domicilios, varios de ellos estaban siendo investigados por tráfico de cocaína y moneda falsa por los Mossos, que habían intervenido los teléfonos y oyeron cómo se repartían las casas, explica una fuente policial. El día de la inauguración de la 'séptima fase', los policías, mezclados entre autoridades y prensa, también acudieron a una cita histórica.

Podía ser la primera página de una historia distinta a 'las 801 viviendas', como lo ha sido para el resto de Sant Cosme, pero no lo fue. Los siete bloques de viviendas, muros que parecen dispuestos para ocultar lo que pasa al otro lado, han terminado convirtiéndose en un gueto. Manel Hermida, jefe de la comisaría de El Prat, afirma que hay marihuana en todos los bloques y avanza que, en pocas semanas, los agentes regresarán para llevar a cabo una nueva operación policial. 

Territorio sin ley

Los repartidores de Amazon o de Glovo no operan en 'la séptima fase'. Los carteros piden protección policial para entregar notificaciones judiciales. Los propios policías no intervienen si no cuentan con efectivos de orden público. El gueto se formó con la fiebre de la marihuana, en 2015, cuando las familias ajenas a dos clanes familiares vinculados al narcotráfico fueron expulsadas por estos bajo graves amenazas. Lo más preocupante es que nadie se atrevió a denunciarlo. "Nos consta que eso ocurrió a través de informadores", aclara Hermida. Tal es el pavor que infunden ambas organizaciones, que se han quedado con todos los domicilios de protección oficial para cultivar. Sin pagar alquiler por ninguno. El último inquilino que aportó una mensualidad dejó de hacerlo hace cuatro años.  

Para plantar marihuana, los clanes han derribado paredes maestras, excavado los cimientos para pinchar luz y agua de la red general y vaciado los tejados. "Ya no hay baños ni cocinas", explica Hermida sobre casas construidas con dinero público para alojar familias sin recursos. El riesgo de incendio es gravísimo porque las instalaciones son inestables. También es elevado el peligro de colapso del edificio porque la estructura ha sufrido reformas de forma descontrolada. Hace pocos años un fuego causado por una de estas plantaciones atrapó a cuatro menores que fueron rescatados in extremis por los bomberos, cuyo parque está, como la comisaría, ubicado justo al lado. 

Las plantaciones desmanteladas en el bloque actualmente rellenado de hormigón consumían tanta electricidad como 175 familias o como una gran empresa. Los Mossos se llevaron de su interior 28 aparatos de aire acondicionado, 24 ventiladores, 12 filtros de carbono y 16 extractores. "Recogen cuatro cosechas al año, alimentando a las plantas con luz y agua que no pagan", razona Hermida, que recuerda que el precio que puede alcanzar en el mercado negro los cogollos de esta operación superan los dos millones de euros. 

El oro verde

"A más marihuana, menos progreso social", avisa el subjefe de la policía local, Gustavo Molina, señalando que entre los menores que llevan años criándose en familias que se han hecho ricas con la marihuana ha calado el mensaje de que ganarán más dinero traficando que estudiando, un contexto que será difícil de combatir mientras existan organizaciones criminales que compran cuanto cannabis se cultiva en España para exportarlo al resto de Europa, donde triplica su valor, explica Molina. 

Tras la operación de la semana pasada, varios de estos menores, algunos de tan solo 12 años, respondieron quemando contenedores y diversos coches de la zona. También lanzando piedras contra la comisaría. "Los identificaremos a todos", advierte Hermida, que es consciente que varios de los implicados resultarán inimputables porque son menores de 13 años. 

La investigación por las 15 plantaciones tampoco se ha cerrado. Hasta la fecha ha habido una docena de detenciones pero superarán la veintena. Y, después, llegarán el resto de operaciones contra el resto de bloques. En un intento de detener las venideras, los clanes entregaron un día después del primer operativo 3.500 plantas que abandonaron junto a la comisaría, un gesto que pretendía dar a entender que habían renunciado a los cultivos 'indoor' de cannabis. Desafortunadamente, la capacidad de seducción del oro verde es demasiado poderosa para que eso resulte cierto.  

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