Catalunya lidera el 'ranking' de ocupaciones, que registran un descenso del 11,8% en toda España

Catalunya, con 2.238 infracciones penales conocidas entre enero y abril pasados, lidera la estadística del Ministerio del Interior sobre ocupación de inmuebles, muy por encima de las cifras de este tipo de delitos que presentan el resto de comunidades. El último recuento, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, refleja un descenso general del 11,8% de ocupaciones en toda España con respecto a los mismos periodos de los años 2022 y 2021. Es el mismo descenso estadístico que registra Catalunya.

Según datos de intervenciones policiales de todos los cuerpos de las Fuerzas de Seguridad (Guardia Civil, Mossos, Policía Nacional, Ertzaintza y Policía Foral de Navarra), en España los agentes tomaron nota, denunciaron o actuaron en 5.266 casos de ocupaciones ilegales en los primeros cuatro meses de este año. En el mismo periodo de 2022 fueron 5.974 casos y en 2021 fueron 6.203.

Catalunya registró 2.238 infracciones entre enero y abril. En el mismo cuatrimestre del año pasado fueron 2.537, y en el de 2021 las distintas policías emitieron partes de 2.638 hechos conocidos.

Esas cifras triplican las de la siguiente comunidad en incidencia de ocupaciones delictivas, Andalucía, que entre enero y abril de este año ha registrado 805 casos, contra 844 en el mismo periodo de 2022 y 948 en el de 2021.

Descensos

Madrid es tercera en incidencia, y también con descenso: 628 casos entre enero y abril de 2021, 554 al año siguiente y 491 este año. La Comunitat Valenciana aporta a la estadística 568 casos este año, contra un repunte sufrido en 2022 que la llevó a los 721, y 574 en 2021.

La presión de demanda en el mercado de la vivienda en Baleares la hace figurar entre las comunidades con incidencia baja, con 152 casos entre enero y abril de este año, si bien es uno de los pocos territorios donde la incidencia penal se ha agravado con respecto al año anterior (136 casos). Lo mismo ocurre en Canarias, que llega a 191 casos tras un arranque de 2022 en el que se registraron 178.

Las autonomías del norte son las que presentan menores incidencias en el fenómeno de la ocupación. País Vasco (70 casos), Cantabria (23), Navarra (32), Asturias (22) y Galicia (58) son escenarios de calma en este aspecto en comparación con la costa mediterránea.

El resto de comunidades autónomas muestran también cifras en la tendencia media de descenso. Entre enero y abril de este año Aragón registró 70 infracciones penales relacionadas con la ocupación de inmuebles; Castilla-La Mancha, 248; Castilla y León, 74; Extremadura, 45; Murcia, 159; La Rioja, 15; Ceuta tres y Melilla dos.

Mayoría de usurpaciones

La estadística policial no distingue si estas ocupaciones lo fueron por la vía del allanamiento de morada o por la de la usurpación de vivienda, que son dos figuras penales diferentes. No se hace esa distinción porque estas cifras se refieren a actuaciones policiales, y el delito se acaba determinando cuando lo ve el juez.

Según datos de la Fiscalía General del Estado, el 99,15% de estos casos son usurpaciones del derecho de uso del inmueble, o sea, la ocupación de una vivienda deshabitada sin el permiso de sus propietarios. El allanamiento, penetrar en una vivienda habitada, representa un 0,85% de la casuística.

Se considera vivienda habitada también aquella que los propietarios tienen como segunda residencia vacacional, aunque no estén viviendo en ella en el momento del delito

Los últimos datos de toda España con esta distinción de casuísticas penales son los de la Fiscalía y referidos a 2021: ese año se incoaron 9.739 procedimientos por usurpación y 83 por allanamiento.

Oficinas antiocupa de la derecha

Pese a que el descenso de casos es sostenido en toda España desde 2021, Partido Popular y Vox se han manifestado con contundentes afirmaciones en contra de lo que certifica la estadística: "El problema de la ocupación no para de crecer en España", comentaba el PP el pasado 13 de junio a diversos medios a tenor de la Ley de Vivienda. El portavoz de campaña del partido, Borja Semper, aseguró el pasado 24 de abril que "la okupación se ha incrementado un 50% en los últimos años", para explicar el voto negativo de su formación a la ley.

La ocupación alimenta un relato electoral que sirvió para el 28-M y que sirve para el 23-J. Y la narrativa se encarna con oficinas antiocupa en los distintos gobiernos que ha ido formando el PP en coalición con Vox o bajo influencia de la formación de ultraderecha. En Madrid el Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida tiene abierta una "Oficina antiocupación" que edita una guía virtual. El prontuario tiene un elemento diferencial: un capítulo sobre "qué no hacer" en caso de ocupación de una vivienda propia, con consejos para no incurrir en un delito de coacciones.

Esa oficina madrileña es online. En otros gobiernos del mismo color se han abierto dependencias físicas. Andalucía tiene una oficina de un Sistema Andaluz de Lucha contra la Ocupación y de Asesoramiento para la Protección de la Vivienda en cada capital de provincia. Las oficinas están ubicadas en sedes territoriales de la Consejería de Fomento. La consejera popular de esa cartera, Marifrán Carazo, puso en marcha el sistema, que entre los principios que ha hecho públicos se propone "conseguir que Andalucía sea una tierra libre de ocupas".

Carazo ha dejado el cargo para ser alcadesa de Granada. Entre las promesas con las que ha ganado el 28-M con mayoría absoluta está un "protocolo de desalojo inmediato de ocupas" que implique a la Policía Local, si bien no ha explicado la nueva alcaldesa cuánto más de inmediatos serán sus desalojos que otros, si siguen la misma ley.

En Castilla y León, el pasado día 8 la Junta gobernada por PP y Vox anunció la apertura de "oficinas de información antiocupación" en todas las provincias de la comunidad. Se proponen "garantizar el legítimo ejercicio del derecho a la propiedad privada, reconocido en el artículo 33 de la Constitución", y están bajo mando de la directora general de Vivienda, María Pardo. Con 74 casos en el arranque de año, es una de las comunidades con más baja incidencia.

Casi la mitad, 45, registraron las Fuerzas de Seguridad en Extremadura. No habiendo aún acuerdo PP-Vox, no se conoce aún su iniciativa contra el fenómeno. El escenario, en cualquier caso, tiene sus particularidades. El diario de Prensa Ibérica EL PERIÓDICO DE EXTREMADURA informaba el pasado día 17 de que Cáceres, por ejemplo, registra en los juzgados tres veces más casos de desahucios que de ocupación ilegal.