Ocupaciones: ni indiferencia ni alarma

El Ministerio del Interior ha actualizado sus datos de las ocupaciones de viviendas que obligaron, durante el primer cuatrimestre de 2023, a una actuación por parte de cualquiera de los cuerpos policiales. Las cifras ponen en su justa proporción las dimensiones del fenómeno. Fueron 5.266, más de 40 al día. Con un relativo descenso desde 2021 (cuando se registraron un millar más) y del 11,8% respecto al año anterior. Quienes quieren hacer demagogia a partir de estos datos se equivocan, tanto como los que pretenden restarle importancia o vincularlo únicamente a las ocupaciones habitacionales o a las que son consecuencia de un desahucio no realizado. La mayoría de la gente que no puede acceder a una vivienda no se dedica a ocupar las de los demás y muchos de los que se dedican a ocuparlas no lo hacen solo ni principalmente por necesidad, sino por muchos otros motivos, desde los ideológicos hasta los ligados a comportamientos delictivos. 

La extrema derecha intenta una y otra vez advertirnos del supuesto riesgo de encontrarse con el hogar ocupado por un extraño, impunemente y sin posibilidad de desalojarlo. Mientras que determinados colectivos ligados al anticapitalismo nos quieren hacer creer que todas las ocupaciones son de familias vulnerables. Según datos de la Fiscalía General del Estado, el 99,15% de estos casos son ocupaciones de inmuebles que no son ni primera ni segunda residencia, y solo el 0,85% son allanamientos de domicilios habitados (y en esos casos, la actuación policial es diligente). Pero tan cierto como eso es que hay otro tipo de ocupación encubierta en base al sistemático impago de los alquileres o de las cuotas hipotecarias con el agravante de rechazar las ayudas de los servicios sociales. La casuística es muy diversa y poner el foco en una u otra realidad es ignorar la realidad del problema.

En las pasadas elecciones el discurso de alarma ante el fenómeno de la ocupación fue esgrimido por las opciones de la extrema derecha, con exigencias de respuestas sumarias. Desde la extrema izquierda se pudo el foco en la supuesta vulnerabilidad de todos los ocupantes, cosa que tampoco se corresponde a los hechos. Pero responder ante este discurso solo relativizando su extensión, o su significación frente a los mucho más acuciantes problemas de acceso a la vivienda, o sostener que perpetuar estas situaciones de ocupación es un mal menor o incluso una respuesta adecuada a estos, no basta. Cada una de esas ocupaciones no es una solución, sino una expresión de un fracaso, un síntoma de la falta de una política sostenida de vivienda social y de la falta de soluciones de emergencia para evitar el sinhogarismo. Un problema al que se debe dar solución desde municipios, comunidades autónomas y Gobierno, sin que confíen, como válvula de escape ante la inacción de lo público, con que las familias sin recursos habitacionales vulneren otro derecho como es el de la propiedad (o aún menos, que se convierta en objeto de mercadeo delincuencial). Es algo que no solo afecta a grandes tenedores sino a pequeños propietarios. Y negarlo solo hace que ofrecer esa bandera a la extrema derecha, que la utilizará sin ofrecer alternativas reales y sin escrúpulo alguno. O a la extrema izquierda que persigue la derogación de ese derecho a la propiedad, o al menos a condicionarlo. Y aún queda un asunto por dilucidar: ¿por qué la mitad de las ocupaciones se radican en Catalunya? Las instituciones deben dar explicaciones.