Demasiadas ocupaciones todavía

La ocupación de la vivienda, una cuestión sobre la que existe una gran polarización en función de la ideología, ha sido uno de los temas estrella de la campaña electoral, en especial en Barcelona a raíz de las manifestaciones y contramanifestaciones por la ocupación de los edificios de la Ruina y el Kubo en la zona alta de la ciudad. Ante una izquierda y extrema izquierda considerada responsable de las ocupación, si no por acción sí por omisión como consecuencias de su defensa a ultranza de la primacía del derecho a la vivienda, la extrema derecha y en muchas ocasiones también la derecha, defensores acérrimos del derecho de propiedad privada, utilizan esta problemática para movilizar a su electorado y no dudan en exagerar las cifras hasta el punto de generar una sensación de alarma generalizado. 

Pero aunque la derecha exagere lo cierto es que efectivamente las ocupaciones, según datos ofrecidos por el Ministerio del Interior, han experimentado desde 2005 un crecimiento sostenido siendo particularmente elevado a partir de 2011, una circunstancia que no puede desligarse ni de los efectos económicos de la gran recesión ni tampoco del estado de opinión generado a raíz del movimiento del 15M que no solo se mostró favorable a la ocupación como una manera de paliar el problema de la vivienda sino que incluso, a través de algunos de sus miembros, tomó parte en las ocupaciones. El punto álgido de las ocupaciones se alcanzó el 2020, tras un nuevo salto experimentado en 2018 que coincidió en el tiempo con la existencia gobiernos más tolerantes con la cuestión, tanto en el conjunto de España como en Catalunya, que es la comunidad autónoma del Estado que sufre mayor número de ocupaciones. 

Sin embargo, tal y como publica este martes EL PERIÓDICO, los datos más recientes revelan que desde 2020 las ocupaciones están experimentando un descenso también sostenido y que Catalunya sigue liderando el 'ranking', lo cual abona la tesis de que existe mayor permisibilidad política por parte del Govern de la Generalitat y de algunos ayuntamientos que la existente en otros territorios. Algunas iniciativas del Govern legitimando algunas ocupaciones avalarían esta tesis, aunque la nueva ley de vivienda aprobada por el Gobierno central pensada para tratar de proteger a las personas en situación de vulnerabilidad puede acabar beneficiando a los ocupas en detrimento de los propietarios y podría acabar con esta asimetría. 

A pesar del descenso las cifras siguen siendo elevadas y siguen alimentando discursos divisivos que no abordan las cuestiones nucleares. Por un lado la incapacidad de las administraciones para garantizar el derecho a la vivienda a precios asequibles y por el otro las dificultades para distinguir a personas vulnerables de las redes criminales perfectamente organizadas, que provocan, gracias a la permisibilidad o impotencia de algunas administraciones, que la iniciativa privada se tome la justicia por su mano. Porque tan inadmisible es la ausencia de vivienda pública que propicia okupación como la desokupación.

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