La CUP lleva al Parlament la orden de Salut contra algunos extranjeros tratados en Catalunya

La CUP ha llevado al Parlament la orden en la que Salut pide colaboración a los sanitarios de los centros de primaria de la Metropolitana Nord para detectar infracciones de ley, por parte de personas extranjeras, al solicitar la tarjeta sanitaria. La directriz se refiere a personas que hayan sido diagnosticadas de su patología en su país de origen y reciban tratamiento en Catalunya. Esta orden no menciona directamente a las personas inmigrantes pero, de hacerse efectiva, podría dejar fuera a algunas de ellas (especialmente a los inmigrantes en situación irregular) y a otras muchas en situación vulnerable. Algunos médicos han expresado a este diario su preocupación por el hecho de que la orden se extienda a más CAP de Barcelona, puesto que, según ellas, la Metronord suele ser un "laboratorio de pruebas" que luego se implementan en otras zonas.

La diputada de la CUP Laia Estrada Cañón presentó el lunes una pregunta a la mesa del Parlament para saber más acerca de una orden sobre la que ni el departamento de Salut ni el Institut Català de la Salut (ICS) han dado explicaciones aún. La CUP solicita a la Mesa que explique "cuáles son los criterios en base a los que se puede dirimir de forma objetiva qué personas actúan 'en fraude de ley' con la garantía de no estar comportando una restricción de los derechos de las personas en riesgo de exclusión social o personas pertenecientes a grupos en riesgo de exclusión social y una vulneración de la ley 19/2020 de igualdad de trato y no discriminación".

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Pese a que no había trascendido hasta ahora, el pasado 5 de julio, la dirección de atención primaria de la Metropolitana Nord envió un 'email' a los CAP de las comarcas del Barcelonès Nord, el Maresme, Vallès Occidental y Vallès Oriental en el que asegura que los "casos de extranjeros que vienen a Catalunya con enfermedades preexistentes diagnosticadas en el país de origen con la intención de recibir tratamiento médico a cargo del sistema público de salud, mediante la tramitación de la tarjeta sanitaria, están en fraude de ley".

En este correo, Salut pide "colaboración" a los sanitarios para que notifiquen, al Àrea de Relacions Internacionals i Cooperació de Salut, los casos de extranjeros diagnosticados en su país de origen que tengan que ser tratados en Catalunya. Entidades como la Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya (Pasucat) y SOS Racisme expresaron hace unos días su rechazo y tacharon la orden de "racista". "Me niego a ser policía y juez de mis pacientes", se quejaba hace unos días en EL PERIÓDICO el pediatra de primaria Carlos Losana y miembro de la Pasucat.

Ni la 'conselleria' ni el ICS han explicado por qué se ha emitido esta orden ni qué situación se ha generado para que se envíe. Fuentes de Salut se han limitado a unas palabras del 'conseller' de Salut, Manel Balcells, en una rueda de prensa el viernes en el Hospital Vall d'Hebron, cuando fue preguntado al respecto. "No hay ninguna indicación, en absoluto, de discriminar a nadie, solo faltaría. Al contrario. Hemos sido pioneros en que la tarjeta sanitaria sea para todos en Catalunya, y así seguirá siendo", dijo el 'conseller'.

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El correo electrónico

Pero este correo electrónico, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, existe. Se envió el 5 de julio, a las 10.01 horas de la mañana. "Les informamos de que los casos de extranjeros que vienen a Catalunya con enfermedades preexistentes diagnosticadas en el país de origen con la intención de recibir tratamiento médico a cargo del sistema público de salud mediante la tramitación de TSI [tarjeta sanitaria individual] están en fraude de ley. Que los hospitales donde se presentan estos pacientes pidan la tramitación de CIP y TSI no es el procedimiento, no deben hacerlo. Se deben comunicar estos casos al Área de Relaciones Internacionales y Cooperación", dice este email. "En caso de que la persona haya conseguido la TSI se le revocará en cumplimiento de la Ley 9/2017, por haberla obtenido en fraude de ley y no estar autorizada como caso de cooperación sanitaria internacional. No es un caso de turismo sanitario, sino de un caso de fraude de ley y le será retirada la TSI y el alta en el RCA [el registro central de asegurados del CatSalut]", añade el correo.

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Repulsa de las entidades

La Pasucat y SOS Racisme denuncian que el talante de la orden es el mismo que el de la ley del 2012 del PP, cuando, con la excusa de frenar el turismo sanitario, el Gobierno entonces presidido por Mariano Rajoy dejó sin tarjeta sanitaria a inmigrantes irregulares, familiares reagrupados y españoles que se iban fuera a buscar trabajo y estaban más de 90 días en el extranjero. Los socialistas revocaron en 2018 esta medida que afectó hasta a 800.000 personas.

Según SOS Racisme, el concepto de "acceso en presunta infracción de la ley" carece de "regulación específica y definición clara". "Salut establece su propia definición, afirmando que migrantes con enfermedades que requieren atención médica están en presunta infracción de ley", asegura la entidad, que recuerda que "difundir la idea de que los migrantes son defraudadores y abusan del sistema sanitario es falso y racista". De hecho, hay varios estudios que señalan que la población inmigrante hace menor uso del sistema sanitario que la autóctona.

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