El Ayuntamiento de Sabadell pide las penas más altas en una pieza del 'Caso Mercuri' que implica a funcionarios

La investigación judicial de la macrocausa conocida como ‘Caso Mercuri’, desglosada en 38 piezas distintas y con epicentro en el Ayuntamiento de Sabadell, sigue en marcha más de diez años después desde su estallido.

Las pesquisas judiciales, sin embargo, van concluyéndose poco a poco. Muestra de ello es el caso de la conocida como 'pieza número 21', la cual gira en torno a una presunta "conjura entre funcionarios municipales a la hora de realizar unas obras ilegales", según relata la Plataforma Sabadell Lliure de Corrupció.

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El juzgado de Sabadell número 1, que instruye el ‘Caso Mercuri’, ha cerrado este septiembre la investigación de la citada pieza 21, que envía a juicio a una decena de empresarios y funcionarios por presuntamente propiciar unas "obras ilegales en un local de Sitjas Motor SL y eludir el pago de los correspondientes impuestos municipales", según el auto de apertura del juicio oral del caso al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

En esta causa, el Ayuntamiento de Sabadell, que está personado como acusación particular, es la acusación que ha pedido las penas más altas, por encima de las que solicitan tanto el Ministerio Fiscal como la acusación popular liderada por Plataforma Sabadell Lliure de Corrupció, tal y como ha podido comprobar este diario a través de los diferentes escritos de acusación. El consistorio ratifica así sus conclusiones provisionales presentadas el año 2019.

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En su escrito de acusación, el consistorio solicita penas de hasta 4 años de prisión y multas superiores a 4.000 euros por presuntos delitos de falsedad documental, tráfico de influencias y prevaricación. Por su parte, tanto Ministerio Fiscal como la plataforma Sabadell Lliure de Corrupció también han presentado sus escritos con unas penas menores a la de la acusación particular.

Ahora, y ya cerrada la fase de instrucción, la causa pasará a manos de la Audiencia Provincial de Barcelona. Según detallan a este diario fuentes jurídicas cercanas al caso, se prevé que la vista oral se celebre a mediados de marzo del próximo 2024. Un calendario que coincide con los tempos de la pieza 31, vinculada a una presunta contratación irregular para trabajar en el Consorcio para la Gestión de Residuos del Vallès Occidental y en el Área Metropolitana de Barcelona.

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Presuntas “obras ilegales”

Tal y como se relata en el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, "los hechos tuvieron lugar en el 2011 al comprobar la Unidad de Inspección Tributaria municipal que en 2009 se habían realizado obras de ampliación de la empresa de Sitjas Motor, pasando la superficie de la actividad de 250 a 1.153 m2 sin la correspondiente facturación por parte de la empresa Construcciones Garrido Martínez, propiedad de Melquíades Garrido, presidente del Gremio de Constructores de Obras de Sabadell y comarca y tío del exalcalde Manuel Bustos".

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En el contexto de esta supuesta trama, se sentarán en el banquillo de los acusados el empresario Antoni Sitjas; Montserrat Capdevila, entonces segunda teniente de Alcaldía; y Melquíades Garrido, presidente del gremio de constructores de Sabadell y tío de Bustos. Además, siete funcionarios municipales y trabajadores de la empresa serán asimismo citados como acusados a declarar en la vista oral.

Así, según el escrito de Fiscalía, el empresario Antoni Sitjas se enfrenta a 1 año y 8 meses de cárcel, y a multa de 24.000 euros por falsedad documental. Para Melquíades Garrido las acusaciones piden una pena de 3 años de cárcel y 28.000 euros de multa por tráfico de influencias y falsedad documental.

A Luisa Joaquina Garrido, hija de Melquíades Garrido y responsable de la contabilidad de la empresa familiar, le piden a ocho meses de prisión y 12.000 euros de multa por el presunto delito de falsedad documental.

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Para el constructor y coautor de una supuesta "factura falsificada", C.A, y el administrador de una asesoría, JM.C, Fiscalía pide las mismas penas: 1 año y 8 meses de prisión y 24.000 euros de multa por el presunto delito de falsedad documental.

Peticiones de pena para funcionarios

Asimismo, para uno de los concejales del entonces gobierno de Bustos, X.I., y para el funcionario municipal J.A, se solicita la pena de un año y cuatro meses de prisión, 4.000 euros de multa y 5 años de inhabilitación especial, por presunto delito de tráfico de influencias.

Para otro de los funcionarios y jefe de la unidad de inspección tributaria se solicita un año y cuatro meses de prisión, 4.000 euros de multa y 12 años y 6 meses de inhabilitación especial por presunto delito de prevaricación. Finalmente, para la funcionaria P.S. se le solicitan 7 años y 6 meses de inhabilitación especial, por también prevaricación.

Además, según se detalla del Ministerio Fiscal, en concepto de responsabilidad civil solicita la obligación por parte de los acusados de indemnizar el Ayuntamiento de Sabadell la cantidad de 1.967,78 euros, una sanción a la que se adhieren acusación particular y popular. Esta cantidad corresponde al importe del Impuesto por Actividades Económicas (IAE) que la concesionaria Sitjas Motor SL quería intentar esquivar. Una condena con la que coinciden también acusación particular y popular.

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