‘Caso Mercuri’
Fiscalía pide para Bustos 8 años de prisión por presunta prevaricación cuando era alcalde de Sabadell
La pieza 31 gira en torno a la supuesta contratación irregular de afines para un consorcio de residuos y el AMB
CONTEXTO | 'Caso Mercuri': 10 años del escándalo que puso a Sabadell en el mapa de la corrupción
Manuel Bustos, el pasado junio, a su llegada al TSJC / EFE / MARTA PÉREZ
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Periodista especializada en el Vallès. Aprendí en el diario digital iSabadell y he trabajado en medios de prensa de información local como el Diari de Sabadell y de Bellaterra, así como en redacciones de escala catalana, como VilaWeb. Me he acercado a la política sabadellense codirigiendo el documental 'Els Residus del Mercuri'.
El grueso del desarrollo judicial de la macrocausa conocida como ‘Caso Mercuri’ de Sabadell, que se desglosa en ni más ni menos que 38 sumarios, sigue activo en los tribunales después de que un juez enviara a prisión al exalcalde de Sabadell Manuel Bustos (PSC) en enero del 2022 tras ser condenado por tráfico de influencias.
En esta ocasión, el Juzgado de Instrucción número 1 de Sabadell ha puesto fin a la la fase de instrucción de una de las múltiples piezas de la macrocausa, concretamente la número 31, que gira en torno a la presunta contratación irregular de personas afines al PSC para entrar a trabajar en el Consorcio para la Gestión de Residuos del Vallès Occidental y en el Área Metropolitana de Barcelona.
En la citada pieza 31, tanto el Ministerio Fiscal como el Consorci de Residus (acusación particular) y la plataforma Sabadell Lliure de Corrupció (acusación popular) piden 8 años de prisión para Bustos, acusado en esta ocasión de presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos (5 años de prisión) y de delito continuado de tráfico de influencias (3 años). También se solicita que se le condene a cinco años de inhabilitación y a una multa de más de 205.000 euros.
Tal y como detalla el auto de apertura de juicio oral al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, las citadas tres acusaciones han coincidido en la petición de penas, adhiriéndose así la popular y la particular a las conclusiones de Fiscalía.
En las pesquisas está también implicado el hermano del exalcalde, Paco Bustos, a quien las citadas acusaciones piden 5 años de cárcel por los presuntos delitos de falsedad documental, prevaricación y malversación de caudales públicos. Consta también como acusado el entonces gerente del Consorcio de Residuos, Francisco Fernández Ortega, quien se enfrenta a 12 años de inhabilitación.
Ya cerrada la fase de instrucción, la causa pasará a manos de la Audiencia Provincial de Barcelona y, según detallan a este diario fuentes jurídicas cercanas al caso, se prevé que la vista oral se celebre a mediados de marzo del próximo 2024.
Contrataciones bajo investigación
Lo que empezó con unas conversaciones telefónicas en abril de 2012 entre el entonces alcalde de Sabadell Manuel Bustos (PSC), quien tenía el móvil pinchado por orden judicial, y el gerente del Consorci de Residus del Vallès Occidental, Francisco Fernández, ha acabado llegando en los tribunales enmarcado en el ‘Caso Mercuri’.
Cabe destacar que Manuel Bustos nunca tuvo cargos en el Consell Comarcal ni en el Consorci de Residus ni el Área Metropolitana de Barcelona, aunque sí que se le acusa de usar estas instituciones supramunicipales para colocar a personal afín.
Así, Sabadell Lliure de Corrupció, Fiscalía y el Consorci de Residus acusan al exalcalde de tres contrataciones presuntamente irregulares: dos en el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès (Marta Solé y Ana Carrasco) y una tercera en el AMB (Carmen Sendrós).
Los otros acusados
En esta misma causa está acusado el hermano del exalcalde, Paco Bustos, quien en el momento de los hechos era concejal de Sabadell, primer secretario del PSC en el Vallès Occidental Sud y consejero comarcal.
Para él las acusaciones piden cinco años de cárcel, cinco de inhabilitación y multa de 5.500 euros por presuntos delitos de falsedad documental, prevaricación y malversación de fondos públicos.
También irá juicio oral por la pieza 31 Francisco Fernández Ortega, gerente del Consorci de Residus en el momento de los hechos. Ortega se enfrenta a 12 años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación administrativa.
Según se detalla en los escritos del Ministerio Fiscal, en concepto de responsabilidad civil los tres se exponen a tener que indemnizar al AMB con el importe equivalente al sueldo que cobró la persona contratada como asesora del grupo PSC-PSOE entre septiembre de 2012 y hasta marzo de 2013.
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