Ingresa en la cárcel Manuel Bustos, exalcalde de Sabadell

El exalcalde de Sabadell Manuel Bustos ingresó este miércoles en la cárcel de Lledoners (Sant Joan de Vilatorrada) para cumplir la condena de tres años de prisión que la Audiencia de Barcelona le impuso por dos delitos de tráfico de influencias por instar a la policía local a retirar multas de tráfico a sus familiares. El Tribunal Supremo confirmó después la pena de cárcel. La defensa del exedil socialista pidió la suspensión de la ejecución por no tener antecedentes, pero los jueces lo rechazaron.

El exdirigente del PSC suma ya tres condenas por el denominado 'caso Mercurio' de corrupción y tiene un juicio pendiente en el que la fiscalía le pide ocho años de cárcel por las presuntas irregularidades en la contratación en varias administraciones públicas.

La primera condena, de un año y cuatro meses de cárcel, fue por presionar a la entonces alcaldesa de Montcada i Reixac, María Elena Peréz, para que contratara a un exalto cargo de la Generalitat durante el Gobierno tripartito. En esa ocasión, no entró en prisión a cambio de realizar un curso de prevención de la corrupción. En la segunda sentencia en su contra el exedil aceptó devolver los 326 euros que costó su asistencia a un congreso del PSOE en Andalucía, en 2012.

La sentencia definitiva

Pero ha sido la tercera condena la que ha originado su ingreso en un centro penitenciario. En este caso, la Audiencia de Barcelona le condenó en diciembre del 2018 a tres años de cárcel, 16 de inhabilitación y multa de 800 euros por ordenar a la policía local que retirara dos multas de aparcamiento a su mujer y a su hijo en 2012 durante su etapa al frente del ayuntamiento. La Sección 10 de la Audiencia de Barcelona consideró al exalcalde culpable de tráfico de influencias y prevaricación, y ha castigado cada uno de los delitos con 18 meses de prisión. La fiscalía solicitaba una pena de cuatro años de prisión y de inhabilitación.

Los magistrados condenaron a Bustos por tráfico de influencias agravado, ya que el exalcalde "consiguió el propósito buscado", que no era otro que la anulación de las multas. Para el tribunal, la conducta del exedil "supone un menoscabo para el interés general, atacando la objetividad e imparcialidad de la función pública", cuando como edil tenía una "obligación mayor de proteger el interés público, al haber sido elegido por la generalidad de personas para salvaguardar dicho interés". Sin embargo, el resultado económico no supuso un "gran quebranto" para el municipio.