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El 'caso Mercuri' se atomiza en una veintena de investigaciones

Los juzgados han abierto hasta 33 piezas separadas, de las que una docena se archivaron

Las pesquisas acabaron con la carrera política del exalcalde Manuel Bustos y del exdiputado socialista Daniel Fernández

J. G. Albalat

Después de dos años de investigación, seguimientos y decenas de teléfonos intervenidos, los Mossos desplegaron el 27 de noviembre del 2012 una marcoperación policial para desmantelar una presunta trama de corrupción asentada en el Ayuntamiento de Sabadell durante el mandato del alcalde socialista Manuel Bustos, quien dimitió al cabo de unos meses, en febrero del 2013, acorralado por la oposición y para dar aire al PSC. Las pesquisas del ‘caso Mercuri’ se centraron primero en los supuestos pagos de cantidades económicas por parte de empresarios que aspiraban a hacer negocios con el municipio, aunque después se ampliaron a otras presuntas irregularidades en ejecución de obras o adjudicación de servicios.

En los juzgados de Sabadell y Terrassa se han abierto hasta 33 investigaciones separadas, de las que una docena ya están archivadas (como el caso de las dietas de miembros de la Federació de Municipis). La principal, por presunto cochecho, se está instruyendo todavía y en ella, curiosamente, no figura Bustos, que sí está imputado en otras. En la causa por soborno aparece, sin embargo, Jordi Soriano, que fue edil del PP en la población y fue expulsado del partido por su connivencia con el exalcalde. El número de imputados en todas las piezas asciende a unos 30, pero a juicio solo ha llegado un caso: las presiones a las que fuera alcaldesa de Montcada i Reixac, María Elena Pérez, para que contratara a un exalto cargo de la Generalitat durante el Gobierno tripartito.

El pasado mes de febrero, el Tribunal Supremo confirmó la condena de un año y cuatro meses y 60.000 euros de multa impuesta en marzo del 2015 al exsecretario de organización del PSC Daniel Fernández, al exalcalde Bustos y a su hermano y exconcejal de Sabadell, Francisco Bustos, por tráfico de influencias. Por ahora, esta ha sido la única consecuencia judicial que ha comportado el ‘caso Mercuri’.

LAS DIMISIONES

En el ámbito político, el caso se ha cobrado varias cabezas. Fernández cesó del cargo de número dos del PSC en noviembre del 2012 y años después, en enero del 2015 y días antes de sentarse en el banquillo, lo hizo como diputado del Parlament.

Bustos renunció en febrero del 2013 a la alcaldía que ostentaba desde 1999. Su situación judicial era complicada y la oposición amenazaba con una moción de censura. “Soy sensible al cambio de actitud que la sociedad pide a los políticos”, alegó Bustos para justificar que dimitía “siendo inocente”. En las elecciones municipales del 2015 llegó el cambio en Sabadell. El PSC perdió votos y Juli Fernàndez, de ERC, logró la alcaldía, con los apoyos añadidos de la Crida per Sabadell, de Unitat pel Cavi y Guanyem Sabadell.

“El escenario que nos encontramos al alzarse el secreto de sumario y el que devino con la instrucción judicial fue desolador, tanto desde el punto de vista de los hechos como de las personas presuntamente implicadas: de los 13 regidores del PSC, cinco de ellos acabaron imputados, entre ellos el alcalde”, asegura Raúl García, abogado de la plataforma Sabadell Lliure de Corrupció, que ejerce la acusación. A su entender, “hay una cosa que está clara desde el punto de vista político: ha habido un aprovechamiento del poder para fines particulares de carácter corrupto”.

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