El Supremo ratifica la condena de tres años de cárcel contra Manuel Bustos

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a tres años de cárcel impuesta por la Audiencia de Barcelona al exalcalde de Sabadell Manuel Bustos por ordenar a la policía local que retirara dos multas de aparcamiento a su mujer y a su hijo en 2012, durante su etapa al frente del ayuntamiento. El alto tribunal mantiene que el exdirigente del PSC es culpable de tráfico de influencias y prevaricación, por lo que ratifica la condena de 18 meses de prisión por cada uno de los delitos. La fiscalía solicitó en su día cuatro años de reclusión.

El Supremo solo hace pequeñas precisiones a la sentencia dictada en diciembre de 2018 por la Audiencia de Barcelona. En concreto, aclara que la inhabilitación especial de Bustos (16 años) ha de extenderse exclusivamente a cargos públicos por elección en la administración local, provincial, autonómica o estatal. El tribunal, además, detalla que la inhabilitación de 11 años del segundo condenado, Josep Miquel Duran, el exintendente de la policía local de Sabadell que anuló las multas, es para cargos o empleos de la función pública. A este último también se le impusieron 15 meses y un día de prisión.

La otra condena

Las gestiones del exalcalde socialista para que se saldaran las multas de su familia se destaparon en las intervenciones telefónicas que acordó el juez del 'caso Mercuri', que investigaba presuntas irregularidades en el Ayuntamiento de Sabadell. Bustos fue condenado a un año y cuatro meses de cárcel en 2015 por presionar a la alcaldesa de Montcada i Reixac para que contratara a un exalto cargo de la Generalitat durante el Govern tripartito. Esa misma pena fue impuesta al exsecretario de organización del PSC Daniel Fernández, y al hermano del exalcalde y exconcejal Francisco Bustos por un delito de tráfico de influencias. El Tribunal Supremo confirmó también esa sentencia.

La Audiencia de Barcelona deberá decidir ahora si Bustos ingresa o no en prisión. A su favor juega que la condena de tres años de prisión está dividida en dos de 18 meses, que, de forma individualizada, no supera los dos años de privación de libertad, el límite que algunos tribunales tienen en cuenta para no entrar en la cárcel. Sin embargo, los magistrados deberán valorar también que es la segunda condena firme que tiene el exalcalde.