Los seis años que han dinamitado las relaciones entre la Justicia y la política: todas las claves

Uno de los principios de la democracia es la separación de poderes, para que cada uno pueda cumplir con su responsabilidad institucional sin interferencias de los otros dos. En cualquier Estado de derecho no dejan de ser frecuentes las circunstancias que pueden producir fricciones entre los tres poderes, pero es difícil que se alcance el grado vivido estos días en España, con ataques directos por parte de una diputada a magistrados del Supremo y con su presidente suspendiendo una reunión protocolaria que tenía prevista con el flamante ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Aunque la tensión está en su punto álgido, no se ha llegado a ella de repente. Así se ha llegado a esta situación:

El presidente del CGPJ advierte del "efecto devastador" de deslegitimar a jueces: "Déjennos en paz"

Pese a las advertencias del Tribunal Constitucional, el Govern de Carles Puigdemont avanzaba imparable en el andamiaje legal necesario para declarar unilateralmente la independencia de Catalunya hasta que el Gobierno de Mariano Rajoy con el apoyo del PSOE aplicó el 155 de la Constitución y suprimió el autogobierno catalán. La Fiscalía General del Estado presentó sendas querellas contra los miembros del Ejecutivo catalán y la Mesa del Parlament por rebelión. El Tribunal Supremo asumió la investigación de la causa abierta contra ellos y la Audiencia Nacional, la relativa al major de los Mossos Josep Lluís Trapero, que acabó siendo absuelto.

Así ha acreditado la justicia (dos veces) la caja b del PP

En mayo de 2018 la Audiencia Nacional dictó la sentencia principal del caso Gürtel, en la que declaró la corrupción generalizada que se había vivido en las administraciones dirigidas por el partido entonces presidido por Mariano Rajoy que, además, se había nutrido de una caja B. Eso provocó una moción de censura que desalojó al PP del Gobierno. La presidencia recayó en Pedro Sánchez con el apoyo de todas las formaciones a su izquierda del arco parlamentario.

El TEDH revisará las condenas del 'procés' y da de plazo a España hasta enero para responder

El Tribunal Supremo condenó a penas de hasta 13 años de cárcel e inhabilitación por un delito de sedición en concurso con otro de malversación de caudales públicos a los líderes del 'procés' con el presidente de ERC, Oriol Junqueras, a la cabeza. La resolución ha sido avalada por el Tribunal Constitucional español, pero los condenados siempre pusieron sus esperanzas en Europa. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene en sus manos las demandas por vulneración de los derechos humanos alegadas por las defensas, aunque para cuando se pronuncie es muy posible que ya se hayan amnistiados todos los procedimientos abiertos por los altercados en protesta por la sentencia del alto tribunal español.

El Supremo teme un revés europeo a la sentencia del 'procés'

A lo largo de 2020 Podemos y otros partidos de la izquierda del arco parlamentario comenzaron una campaña de desprestigio hacia los jueces, a los que se atribuía un carácter endogámico, al ser una profesión que pasaba de padres a hijos, pese a que las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial desmienten la afirmación. También calificaban el sistema actual de oposición de meramente memorístico y demasiado caro para que personas sin un alto poder adquisitivo puedan acceder a él, dado el tiempo que se necesita para aprobar las pruebas y la necesidad de contar con un preparador.

Los indultos del 'procés' están condicionados a que no delincan en un abanico de 3 a 6 años

En marzo del 21 el Gobierno modifica la ley orgánica del poder judicial para que el CGPJ no pueda hacer nombramientos con el objetivo de obligar al PP a pactar una renovación del órgano que debería haberse producido en 2018. La reforma solo consigue que el Supremo haya ido acumulando vacantes que a día de hoy ascienden a 23 de sus 79 magistrados. En el mes de junio del 21 el Gobierno acuerda indultar las penas de prisión impuestas a los condenados por el 'procés', que siguen cumpliendo la inhabilitación a la que fueron condenados.

El Supremo condena a Junqueras, Romeva, Turull y Bassa por desobediencia en concurso con malversación

En enero de 2023 entró en vigor la derogación de la sedición y la reforma de la malversación pactada entre el PSOE y ERC. El Supremo aplicó esta reforma a los condenados del 'procés', pero no les privó de la inhabilitación que aún cumplen al entender que el delito por el que se les condenó por destinar dinero público a un referéndum ilegal no se veía afectado por el cambio legislativo. Los procesados declarados en rebeldía como el expresidente Carles Puigdemont también vieron cómo seguían encausados por un delito que les podía acarrear una condena de hasta 12 años de cárcel, lo que no les libraba de las órdenes nacionales de detención cursadas en su contra.

¿Por qué los jueces no tienen por qué acudir a las comisiones del 'lawfare' de Junts?

Tras las elecciones del pasado 23 de julio, Pedro Sánchez necesitaba los votos de Junts para ser investido presidente. En el acuerdo firmado por PSOE y el partido de Carles Puigdemont se da carta de naturaleza al 'lawfare' (persecución judicial injustificada contra el adversario político) y se relaciona con las comisiones de investigación que se constituirán en las Cortes ("Operación Cataluña", atentados del 17-A y presunto espionaje a políticos catalanes con Pegasus). El CGPJ, todas las asociaciones de jueces y de fiscales y las Salas de Gobierno del Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia han salido en contra de lo que consideran un ataque en toda regla a la independencia judicial que pretende la supervisión de la labor judicial por los diputados.

A medida que pasaban los días se ha ido ampliando a conveniencia qué es 'lawfare'. El presidente del Gobierno lo relacionó con la no renovación del CGPJ, la diputada de Junts Miriam Nogueras calificaba a Carlos Lesmes, Manuel Marchena y Pablo Llarena de "indecentes" y pedía que fueran juzgados y el senador del PP José Antonio Monago apuntaba al magistrado José Ricardo de Prada, al que se han atribuido las frases de la sentencia de la Gürtel más duras contra su partido. Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD) se ha desvinculado de la crítica general de todas las asocicaciones de jueces para pedir al CGPJ que salga en su defensa como hizo con los magistrados del Supremo.

Suscríbete para seguir leyendo