El Congreso aprueba las comisiones de investigación sobre la 'operación Cataluña', Pegasus y los atentados del 17-A

El Congreso ha dado el visto bueno a la creación de tres comisiones de investigación que forman parte de la negociación del PSOE con ERC y Junts a cambio de sus apoyos para . En el mismo día en que la Cámara Baja ha aceptado a trámite la proposición de ley orgánica de amnistía, los 178 diputados que conforman el bloque de la investidura han aprobado la puesta en marcha de tres comisiones parlamentarios para indagar sobre la 'operación Cataluña', el uso del software Pegasus para espiar a distintos responsables políticos y los atentados del 17-A en Barcelona y Cambrils.

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Tras un debate maratoniano que ha terminado bien entrada la noche, PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV, Podemos y BNG han votado a favor de impulsar las tres comisiones, con el rechazo de PP, Vox, Coalición Canaria y UPN. El diputado del PP Carlos Rojas ha lamentado que se "sigan inventando" comisiones para "mancillar" el nombre del PP y ha reprochado al PSOE su acuerdo "indecente" y "vergonzoso" con los independentistas. Además, ha criticado que se "denigre a la justicia" con las pretendidas investigaciones sobre el 'lawfare'. Por su parte, el parlamentario de Vox Ignacio Gíl Lázaro ha denunciado que ni ERC ni Junst tienen "ninguna legitimidad moral" para plantear estas investigaciones.

Corrupción

La primera de las comisiones de investigación es sobre la llamada 'operación Cataluña', una rama de la conocida 'operación Kitchen', según la cual durante el mandato de Mariano Rajoy se habría hecho un uso ilegal de los recursos reservados del Ministerio del Interior para investigar y espiar a políticos catalanes. En concreto, enviando a miembros de la policía a Andorra para obtener información de las cuentas bancarias de dirigentes catalanes en el Principado. 

Entre los objetivos de esta comisión, Junts incluyó el "investigar todas aquellas iniciativas que se hayan podido llevar a cabo desde las instituciones del Estado con el objetivo de perseguir la disidencia política". Aunque esta definición es muy amplia, dentro de ella se encuentra el 'lawfare', ese término que también se recogió en el acuerdo entre el PSOE y los posconvergentes.

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Espionaje

En la comisión sobre la 'operación Cataluña', Junts incorporó, además, la petición de indagar sobre los contratos de compra del 'software' Pegasus u otros "presuntamente utilizados para espiar a parte de los estamentos oficiales". Sin embargo, habrá una comisión de investigación concreta para este asunto, registrada por ERC, EH Bildu y el BNG. En concreto, pretenden depurar responsabilidades sobre "el espionaje e intromisión a la privacidad e intimidad, a través del malware Pegasus y Candiru, a líderes políticos, activistas, abogados, periodistas, instituciones y sus familiares y allegados".

En la exposición de motivos se recogen informaciones en las que se apunta a que en los últimos años, lo que afecta también a los gobiernos de Pedro Sánchez, se ha espiado al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y a sus antecesores Quim Torra, Carles Puigdemont y Artur Mas; a los expresidentes del Parlament Roger Torrent y Laura Borràs; a líderes de partidos políticos como Arnaldo Otegi (Bildu), Marta Rovira (ERC), Jordi Sánchez (Junts) o Anna Gabriel (CUP); y abogados como Andreu Van den Eynde o Gonzalo Boye, entre otros activistas independentistas.

Terrorismo

La última de las comisiones, presentada por Junts y el BNG, es sobre los atentados del 17 de agosto de 2017 que tuvieron lugar en la Rambla de Barcelona y en Cambrils. Los posconvergentes reclaman el derecho a saber "la verdad y las implicaciones derivadas de los atentados", "aclarar quienes fueron los supuestos responsables políticos o de cualquier otra índole en los atentados" y "proponer medidas de restitución y compensación a todas las personas afectadas".

Estos objetivos son menos específicos que los que promulgaron en agosto, cuando señalaron que querían indagar en "la vinculación del Centro Nacional de Inteligencia con el imán Es-Satty" y si "los aparatos del Estado tenían información sobre el atentado".