El CGPJ y todas las asociaciones de jueces y de fiscales muestran su rechazo a la admisión del 'lawfare' y a la supervisión parlamentaria

Las cuatro asociaciones de jueces se han puesto de acuerdo ante la preocupación que les suscita la carta de naturaleza que el acuerdo entre PSOE y Junts concede al 'lawfare' o "judicialización de la política", como lo define el propio texto. En un comunicado conjunto denuncian la desconfianza en el poder judicial que entienden que transmite el acuerdo y advierten del riesgo que entraña de "quiebra de la separación de poderes". A su posición, compartida también por las asociaciones de fiscales, se unió también, ya por la noche, la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

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“Ante las inadmisibles referencias, que lo son tanto semántica como sustantivamente, al ‘lawfare’ contenidas en el acuerdo suscrito entre el PSOE y Junts con la finalidad de facilitar la investidura y, especialmente, frente al anuncio de la eventual constitución de comisiones parlamentarias de investigación que puedan llegar a determinar lo que ambiguamente se denominan 'responsabilidades' derivadas" de ello, "nos hacemos eco y compartimos el frontal rechazo a tales iniciativas, en línea" con lo manifestado por la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, la progresista Jueces y Juezas para la Democracia y la minoritaria Foro Judicial Independiente, señala el CGPJ.

"La iniciativa apuntada implicaría una inadmisible injerencia en la independencia judicial y un flagrante atentado a la separación de poderes", advierte el CGPJ

"Tal repudio se funda, de manera muy justificada, en la evidencia de que ello implica potencialmente someter a revisión parlamentaria decisiones enmarcadas en la exclusividad del ámbito competencial de nuestros tribunales que, por otro lado, entendemos se produjeron de forma plenamente acorde con la legalidad entonces enjuiciada. Por todo ello, la iniciativa apuntada implicaría una inadmisible injerencia en la independencia judicial y un flagrante atentado a la separación de poderes. La continuidad de tal iniciativa parlamentaria, de llegar a materializarse, determinaría nuestra más frontal oposición a través de los cauces legalmente establecidos. Paralelamente hemos de expresar nuestro apoyo real y no meramente nominal a todos los órganos del Poder Judicial con ocasión de las futuras actuaciones”, señala la comisión, en la que solo ha votado en contra una de las tres vocales nombrada a propuesta del PSOE que la forman, Pilar Sepúlveda. Varios vocales del Consejo se han adherido con posterioridad.

Tanto la declaración del Consejo como el comunidado de los jueces reflejan el sentir de la carrera, porque la preocupación ante la inclusión del 'lawfare' es lamentado en la red social X, antes Twitter, por gran parte de los jueces y magistrados que la utilizan con frecuencia. Muchos de ellos, además, han retuiteado la reacción del Colegio de Abogados de Madrid de convocar a su junta de gobierno para "defender el Estado de Derecho". En su declaración institucional asegura que "el uso del término 'lawfare' (...) no tiene cabida en un Estado Democrático" y "es inaceptable la creación de comisiones parlamentarias de investigación que fiscalicen la actuación jurisdiccional".  

En opinión de todas las asociaciones de jueces, las explícitas referencias del acuerdo "a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria a fin de determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, pudieran dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas", puede "suponer, en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes".

"Los jueces han de estar sometidos únicamente al imperio de la ley, puesto que así lo establece expresamente el artículo 117.1 de la Constitución", afirman en el comunicado, que considera que "esas expresiones, en cuanto traslucen alguna desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial, no son aceptables". "El poder judicial en España es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta", afirman al unísono los representantes de las distintas sensibilidades de la carrera judicial.

Cambio del modelo constitucional

Los que no se han puesto de acuerdo a la hora de valorar el acuerdo han sido las asociaciones fiscales, lo que les ha permitido entrar en más aspectos del texto. La primera en reaccionar ha sido la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (Apif), cuyo portavoz, Salvador Viada, califica directamente de "muy grave" el acuerdo, porque supone "en sí mismo un cambio de modelo constitucional" que se apoya en unas bases "muy preocupantes".

Explica sus palabras en que la negociación se ha mantenido entre el PSOE, como si representara a toda España, y Junts, a toda Catalunya, lo que supone "un reconocimiento al derecho de autodeterminación" y de paso "es un golpe de gracia al sistema constitucional español", cuya primera consecuencia es la amnistía en la que todas las personas condenadas o investigadas "ven cómo sus delitos quedan borrados".

No duda de considerar "lesiva para el Estado de Derecho" la cláusula que permite "comisiones de investigación para investigar a personas que han podido llevar procesos" contra independentistas, lo que cree "consecuente con la idea de que había una ilegitimidad del poder judicial cuando los jueces y fiscales actuaron como tenían que actuar". En palabras de Sergio Oliva, de la Francisco de Vitoria, "solo han cumplido la ley". De ahí que considere el actual "un momento muy crítico y un riesgo evidente de quiebra de la democracia".

Por su parte, tanto la Unión Progresista de Fiscales (UPF) como la Asociación de Fiscales han hecho públicos comunicados similares al de los jueces. El de la primera muestra su "absoluto rechazo al respecto de las referencias al 'lawfare' contenidas en el documento suscrito entre PSOE y Junts" y entiende "inadmisible la posible creación de comisiones de investigación en sede parlamentaria sobre actuaciones judiciales, ya que pervertiría completamente el sistema constitucional de separación de poderes”. La AF asegura que la referencia al 'lawfare' "supone la asunción por los firmantes de que la actividad jurisdiccional desarrollada ha servido a fines espurios", planteamiento que sólo puede merecer su "más absoluto y tajante rechazo".

Respuesta del PSOE

Como reacción a los comunicados de las asociaciones de jueces y de fiscales, a última hora de esta tarde fuentes socialistas han precisado que "el pacto no prevé la creación de comisiones de investigación con el objetivo de detectar casos de 'lawfare' y que cuando se refiere a 'las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura', está aludiendo a las comisiones pactadas con Junts y con ERC para la constitución de la Mesa del Congreso. Ninguna otra". "Lo que se acuerda ahora es que las conclusiones de estas dos comisiones, como sucede en cualquier comisión de investigación, contendrán recomendaciones tanto de medidas concretas como de medidas legislativas. Se trata así de reforzar las garantías de nuestro Estado de Derecho".

Estas mismas fuentes precisan que "el Parlamento no va a realizar, en ningún caso, una revisión de ninguna sentencia o resolución judicial y que no fiscalizará a los jueces. Eso no es lo pactado ni se podría haber pactado", para concluir que "el PSOE respeta plena la independencia judicial, la labor de jueces y magistrados y la separación de poderes".