Los indultos del 'procés' están condicionados a que no delincan en un abanico de 3 a 6 años

La propuesta de indulto de los presos del 'procés' condiciona la medida de gracia concedida este martes a que ninguno vuelva a delinquir en un determinado plazo de tiempo, que oscila entre los tres y los seis años. La 'exconsellera' Dolors Bassa es a quien corresponde el periodo más corto, aunque fue condenada a 12 años por sedición y malversación, y el mayor es para el presidente de ERC Oriol Junqueras, al que se impuso la mayor pena por esos mismos delitos, y los 'exconsellers' Jordi Turull, Josep Rull y Joaquim Forn. El de los líderes de las entidades soberanistas condenados, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, es de cinco años.

Fuentes del Gobierno han señalado que todos los indultos, como ocurre con todos los otorgados, tienen un periodo en el que pueden ser revocados si los beneficiados cometen un delito de los considerados graves, que son los castigados con más de cinco años de cárcel, sin que sea necesario que sean los mismos ilícitos por los que ya cumplían condena. Para determinar el periodo fijado para cada uno de los nueve indultados se ha tenido en cuenta su comportamiento y sus manifestaciones en relación al delito cometido y la posibilidad de reincidencia.

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De ahí que por ejemplo, los 'Jordis' fueran condenados a la menor pena, nueve años de cárcel, y, en cambio, se les haya impuesto el segundo periodo de garantía más largo, cinco. El motivo es que el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha proclamado "ho tornarem a fer" con insistencia, tanto en el propio juicio oral, en el turno de última palabra, como a la hora de presentar alegaciones que recabó el Supremo para oponerse a la petición de indulto.

Para la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y el 'exconseller' Raül Romeva, condenados, respectivamente, a 11 y 12 años de cárcel, el periodo de garantía se ha fijado en cuatro años, lo que sirve de ejemplo en que la longitud de las condenas impuestas no ha sido el único criterio seguido por el Ministerio de Justicia para determinar el plazo en el que el indulto puede ser revocado, sino la actitud mostrada.

Ponderación de hechos

En los expedientes de los indultos, que son individualizados y de algo más de una treintena de páginas cada uno, Justicia recuerda los antecedentes de la medida de gracia y el marco jurídico en el que se conceden. La única decena de páginas se destina a las circunstancias concretas de cada reo en las que se ha basado la concesión de la medida de gracia en su caso. Todos ellos comparten que se ha intentado hacer un ejercicio de ponderación de hechos sin poner en duda la sentencia del Tribunal Supremo y la gravedad de su actuación que determinó su condena. Para ello la argumentación a favor de la medida de gracia se ha centrado en la utilidad pública de la medida, no en los criterios de equidad y justicia que también prevé la ley del indulto para su concesión y en los que podría enmarcarse la desproporcionalidad de las penas impuestas que en ocasiones ha utilizado el Ejecutivo.

Sin embargo, el ministerio a cuyo frente está Juan Carlos Campo, encargado de elevar al Consejo de Ministros la propuesta de resolución, se ha decidido por valorar el escenario que se presenta sin y con indulto para decantarse por este como vía para fomentar la convivencia y la concordia, de una forma similar a cómo la ha ido presentando el propio presidente del Gobierno en sus distintas comparecencias que ha tenido para defender la concesión de la medida.

Sin inhabilitación

No ha habido indulto para los tres 'exconsellers' condenados a penas de multa y inhabilitación, Meritxell Borràs, Carles Mundó y Santi Vila, puesto que ya cumplieron la pena, lo que hace imposible que se puedan beneficiar de una medida de gracia. Además, a ninguno de sus compañeros de banquillo les ha sido finalmente indultada la pena de inhabilitación a la que también fueron condenados por un tiempo equivalente a la pena de prisión impuesta. Eso implica que el beneficio concedido por el Gobierno solo se plasma en la excarcelación de los condenados a penas de prisión, una vez el Gobierno lo comunique oficialmente al Tribunal Supremo.

El Ejecutivo rehusó finalmente hacerlo por otra vía que no sea la publicación en el BOE, lo que ha impedido al alto tribunal poder dar por liquidadas las condenas y proceder a enviar esta misma tarde del martes el auto de excarcelación de cada reo a las prisiones en las que cumplen condena. La resolución para la puesta en libertad inmediata de los políticos presos será dictada por tanto este miércoles, una vez se publiquen los reales decretos correspondientes.