ERC, Junts y el PSC encarrilan el acuerdo para acotar las sanciones por la sequía

Casi irónico es que, justo cuando han empezado a caer las primeras cuatro gotas de lluvia, los principales partidos se hayan puesto a zurcir el roto de la cumbre sobre la sequía, en el que fueron incapaces de sellar un acuerdo, principalmente por el régimen sancionador a los ayuntamientos que incumplen con las restricciones de agua. Que el pacto está por lo menos encarrilado lo demuestra la votación de este martes en el Parlament en la que ERC, Junts y el PSC, han aprobado que se tramite por lectura única -por la vía rápida- una propuesta impulsada por los posconvergentes que los tres grupos llevan negociando una semana y que, como toda discusión en la Cámara catalana, no se libra de los tentáculos de la campaña electoral de las municipales. Una propuesta que, a la vista de la similitud de las enmiendas de unos y otros al texto de Junts sobre las sanciones, está muy encarrilada, salvo que los nervios preelectorales frustren este marco de acuerdo.

Un pacto basado en mantener el grueso del decreto del Govern sobre la sequía, sin tocar las sanciones en casos flagrantes en que los ayuntamientos no faciliten sus datos sobre caudal de agua o no dispongan de un plan de sequía (el decreto habla de casos de "intencionalidad" o de "reincidencia"), pero no cuando se trate de volúmenes de consumo excesivo. En este caso, según indican las enmiendas del PSC y ERC, los consistorios no serán multados y dispondrán de un mes para acogerse a las ayudas de 50 millones de euros que habilitará el Govern para mejorar sus instalaciones.

Así pues, el nudo ya no está en una fecha de moratoria de las amonestaciones -la propuesta inicial de Junts era hasta el 1 de julio-, sino en ese mes, que será el periodo transitorio que se concede a los municipios para determinar si hay o no pasividad ante las fugas por parte de un consistorio.

El pacto, muy cerca

En todo caso, las tres partes se muestran convencidas de que el acuerdo final está cerca. Fuentes de ERC hablan de "contexto de acuerdo". "Estamos intercambiando propuestas", aseguran otros actores implicados. Junts mantiene la batuta -se sabe protagonista- y no da nada por cerrado, cosa que le permite seguir arremetiendo por la gestión "nefasta" de la 'conselleria' de Agricultura, en palabras de Jordi Turull a TV-3.

Y es que el discurso electoral emerge en cada intervención sobre la gestión del agua y tampoco ha podido rehuir el debate parlamentario. La intención de Junts con esta propuesta es clara: erigirse en la bisagra que ha hecho posible la entente que no prosperó hace un mes y regañar a sus exsocios. "Hemos tomado la iniciativa ante la incapacidad del Govern de alcanzar un consenso", ha argumentado el diputado de Junts Salvador Vergés, que ha sacado pecho de haber liderado lo que puede ser un "punto de inflexión ante la parálisis" del ejecutivo del 'president' Pere Aragonès y "romper su espíritu sancionador y centrifugador" hacia los ayuntamientos.

De hecho, la proposición de Junts ha abocado al Govern a negociar ante el riesgo de que los posconvergentes acabaran pactando con el PSC una moratoria hasta septiembre y unas medidas que supusieran, a la práctica, un decreto alternativo al vigente aprobado por la oposición. Los socialistas, que aseguran que solo se han reunido una vez con ERC para hablar del tema, continúan negociando con JxCat las enmiendas. Los socialistas han agradecido al grupo de Albert Batet lo que entienden que es una "oportunidad" y desde el atril han cargado contra la "desorientación" que achacan al Govern en la gestión de la sequía.

Margen para sancionar

Tal como se ha avanzado a primera hora de la tarde, la enmienda presentada ya por el PSC, idéntica a la de ERC, va en la línea de que, una vez las administraciones presenten un plan de ayudas económicas para llevar a cabo mejoras en la gestión del agua, los ayuntamientos dispongan de un mes para presentar sus proyectos. Solo en caso de que los gobiernos locales no presenten iniciativas y muestren inacción se iniciará el proceso sancionador. El PSC también propone una serie de medidas urgentes por valor de 50 millones junto a otras de estructurales, y que se clarifique que administración u organismo puede ejecutar el despliegue de estos 50 millones.

Los republicanos, que continúan pagando su minoría en el Parlament, han aplicado la lógica de intentar minimizar daños ante la actuación concursal de PSC y Junts sobre esta materia, tras el fiasco de la cumbre. ERC sostiene que lo importante es el acuerdo y que la propuesta de Junts es solo la punta del iceberg de las medidas a aplicar. La fórmula que se explora entienden que permitiría tanto mantener el régimen sancionador vigente como poner el foco en las ayudas a los consistorios. Así lo ha confirmado el diputado Eugeni Villalbí, que ha negado que la voluntad del Govern fuera en ningún caso "sancionadora", sino "disuasiva" para "garantizar el cumplimiento" de las restricciones. El parlamentario también ha negado que el ejecutivo haya sido pasivo ante la sequía, como le reprocha la oposición, y ha asegurado que se han puesto en marcha "todas las instalaciones" de las que dispone la Generalitat -desde desalinizadoras hasta plantas de potabilizadoras- para "aprovechar cada gota".

Sin embargo, para Comuns y la CUP la votación que se ha producido este martes y la que se producirá el jueves certifica una "pinza" entre Junts y el PSC a la que el Govern es incapaz de hacer frente. El grupo de Jéssica Albiach, por boca del diputado Lucas Ferro, ha llegado a acusar a ayuntamientos gobernados por socialistas y posconvergentes de poner el foco en las multas porque "sus alcalditos y alcalditas" se están saltando las restricciones para "regar parques" antes de las elecciones municipales. La expresión ha enervado la bancada de Junts, que han reclamado que retire sus palabras. Por parte de la CUP, el diputado Dani Cornellà ha acusado a ERC, PSC y Junts de apostar por un modelo de "desarrollismo" y ha avisado que las desalinizadores "no arreglan el país".

"Dios proveerá"

Tras el debate sobre la tramitación por la vía rápida de la propuesta de Junts, la 'consellera' de Agricultura, Teresa Jordà, ha mantenido un debate con Junts en relación a la gestión de los regadíos. Salvador Vergés, de Junts, ha apremiado al Govern a acelerar medidas y ha advertido de que el canal de Urgell es el último pendiente de modernizar de todo el Estado.

La 'consellera' ha asegurado que el Govern ha aprobado medidas desde hace más de un año con las que se han conseguido 180 hectómetros cúbicos adicionales de agua y ha dirigido las críticas a la Confederación Hidrográfica del Ebro, a la que ha pedido que "de un paso a un lado" si no puede tomar decisiones. Jordà ha asegurado que los representantes del Estado respondieron "Dios proveerá" a la preocupación de la Generalitat sobre la sequía, meses atrás. "Está muy bien si Dios provee o la Moreneta, pero de esto no podemos vivir", ha zanjado.