Govern y oposición negocian que las ayudas a los ayuntamientos convivan con las multas por la sequía

Un mes después del fiasco de la cumbre sobre la sequía y con el desacuerdo por el régimen sancionador a los ayuntamientos enquistado, Govern y oposición han retomado la interlocución a distintas bandas para para explorar si es posible un pacto torpedeado por el clima preelectoral. Se negocia una fórmula salomónica en la que las ayudas para que los ayuntamientos solventen fugas de agua conviva con las multas por incumplimiento de las restricciones. La línea del pacto está encauzada -siempre expuesto a las inclemencias de la campaña- y supondrá una modificación del decreto de medidas vigente.

Si el martes el Executiu se reunió con Junts, este jueves lo ha hecho con el PSC. Eso sí, las conversaciones se han reactivado a raíz de la tenaza que supone la propuesta impulsada por los posconvergentes que se votará en el pleno del Parlament de la semana que viene y que inicialmente plantea una moratoria de las sanciones hasta julio. El texto alternativo que se explora, como explicó el martes EL PERIÓDICO, no incluye fechas, sino que pone el foco en la línea de subvenciones y supedita las multas a la pasividad de quienes no manifiesten la voluntad de poner remedio.

Tanto el PSC como ERC han hecho planteamientos en sintonía públicamente. Las diputadas socialistas Alícia Romero y Sílvia Paneque, han abogado por que la línea de 50 millones de euros de inversión en baja que prevé el Govern sirva para que tanto ayuntamientos como operadores puedan presentar sus proyectos de obras para solventar fugas y deficiencias dentro de un margen de tiempo antes de que se prime la amonestación económica. Se trata, reconocen los socialistas, de evitar fechas concretas y de poner el foco en la "cooperación" con los consistorios por encima del castigo.

Eso sí, debería determinarse el plazo temporal, un "régimen transitorio", en el que debería formalizarse la voluntad de ejecución de la obra. Fuentes socialistas les parecería razonable que hubiera suficiente margen como para que puedan ubicarse los nuevos equipos de gobierno que se formarán tras las elecciones municipales. Es decir, a la práctica, que hubiera margen hasta por lo menos septiembre.

La misma música transmite ERC, que por boca de su portavoz, Marta Vilalta, ha asegurado que se busca que las ayudas "se desarrollen al mismo tiempo" que la aplicación del régimen sancionador en caso de pasividad. Esta, ha dicho, puede ser la llave maestra para desbloquear el desacuerdo y fomentar la "corresponsabilidad". A la práctica, esta fórmula supondría que las multas fueran de la mano de la activación de las líneas de ayuda y un marco de tiempo suficiente para que los ayuntamientos que incumplan exhiban proactividad por solventar la situación o, en caso contrario, exponerse a multas.

"Este puede ser un buen marco legislativo para encontrar el punto de equilibrio", ha insistido Vilalta, que ha reiterado que las sanciones tienen vocación "disuasoria y no persecutoria". La intención de los republicanos es abrir las conversaciones también con los Comuns y con la CUP para intentar que el acuerdo sea "amplio". Por ahora, no se ha producido un encuentro conjunto de ERC, PSC y Junts para abordar esta cuestión, sino que es el grupo que preside Albert Batet quien triangula las conversaciones.

Sintonía, sí; y cruce de reproches, también

A pesar de la reunión entre Govern y socialistas que ambas partes aseguran que "ha ido bien", no ha faltado el cruce de reproches. El PSC ha cargado contra la "inacción inexplicable" del Govern, a quien acusa de incumplir hasta ahora con su compromiso de modificar el decreto vigente o bien promover uno nuevo. Es por ello, han advertido los socialistas, que la oposición se ha visto abocada a mover ficha presentando propuestas alternativas en el Parlament.

De hecho, a pesar de retomar la interlocución con ERC, Romero ha advertido de que continuarán negociando con Junts porque son ellos los que han impulsado la iniciativa que se votará en una semana y, por lo tanto, los que decidirán qué enmiendas aceptan. El último encuentro entre socialistas y posconvergentes se ha producido este jueves. "Continuamos trabajando en las enmiendas y avanzando en las líneas esbozadas", sostienen desde el grupo de Illa. Y Junts asegura actuar con "prudencia" para que el equilibrio no se rompa. "Poner negro sobre blanco será lo más complicado", aseguran.

Los republicanos, por su parte, han llamado a "huir de electoralismos" y a "desencallar actitudes enrocadas y posiciones maximalistas" que atribuyen al partido de Salvador Illa, a quien acusan de haber imposibilitado el acuerdo en la cumbre. También se han tirado los platos a la cabeza por el cierre del canal d'Urgell. Mientras el Govern acusa de "mala planificación" de la Confederación Hidrográfica del Ebro, los socialistas han afeado a la 'consellera' de Acció Climàtica, Teresa Jordà, su actitud de "confrontación" y de externalizar responsabilidades en lugar de centrarse en la "cooperación".