Govern, PSC y Junts negocian dejar en 'stand by' las multas a los ayuntamientos por la sequía

Un acuerdo que no sitúe el foco ni en la priorización de las multas a los ayuntamientos que incumplan ni tampoco en una moratoria con fecha. Esta es la propuesta que está debatiendo el Govern con el PSC y Junts tras el fiasco de la cumbre de la sequía del pasado 31 de marzo. El escenario se ha abierto a partir de la proposición de ley de JxCat que el Parlament votará en el pleno de la semana que viene y que propone que las sanciones se aplacen hasta el 1 de julio, una fecha que los socialistas -que rechazan las amonestaciones- se abrían a aplazar hasta septiembre, pese a que la Generalitat, si bien podía avalar que se esperara hasta pasada la campaña de las municipales, priorizaba que hubiera un marco disuasorio para que los ayuntamientos cumplieran.

"Seremos prudentes para buscar el consenso", aseguran fuentes de Junts, dispuestas a negociar y, a sabiendas, de que con solo ERC la iniciativa no sale adelante. Así que se requiere de un pacto a tres con el PSC porque Comuns y CUP no quieren ceder. Los posconvergentes añaden que las conversaciones están abiertas a "diferentes bandas" y que la pauta será trabajar con "discreción" para que el acuerdo llegue a buen puerto. Por ahora, no se han producido reuniones conjuntas. Por un lado, JxCat se ha reunido este martes con el Govern para abordar de nuevo la crisis hídrica, tal y como ha explicado la portavoz, Patrícia Plaja, durante la rueda de prensa de hoy en Palau. Los representantes del Govern, ha asegurado, han salido del encuentro "con buenas sensaciones" y fuentes republicanas reconocen que una de las opciones es que no aparezca ninguna fecha de moratoria y que se condicione el régimen sancionador "a otras cuestiones".

Una nueva "oportunidad"

Por otro lado, JxCat se ha reunido también con el PSC, que le ha propuesto un redactado alternativo que, sin necesidad de concretar fechas para la moratoria, plantea que se centre en abordar cómo ayudar a los ayuntamientos que incumplen con las restricciones de agua y que manifiestan voluntad de solventar la situación. "El objetivo no debe ser sancionar, sino colaborar con los ayuntamientos que quieren resolver sus deficiencias", ha argumentado la portavoz de los socialistas en el Parlament, Alícia Romero, que ha definido la propuesta presentada por Junts como una "oportunidad" para tejer la entente que no fue posible en la cumbre. De hecho, ha dado por amortizada la iniciativa que su grupo había presentado en forma de enmienda al decreto del Govern con vocación de eliminar las multas.

Pese a negociar con Junts, los socialistas se han quejado de no haber tenido también ellos una cita con el Govern. "Vuelven a equivocarse no convocándonos a todos los grupos", ha advertido Romero. Sin embargo, Plaja ha subrayado que el Executiu prevé encuentros con los demás partidos a lo largo de los próximos días. "La voluntad es de alcanzar el mayor acuerdo posible, y creemos que podemos llegar", ha manifestado.

Así pues, la salomónica alternativa que planea las negociaciones es un redactado que para ERC supondrá poder presumir de no haber eliminado las sanciones -aunque tampoco tendrían un rango prioritario-, mientras que el PSC podría vender como una congelación 'sine die'. Junts, por su parte, se colgaría la medalla de haber propiciado el acuerdo. En todo caso, si el Govern ha entrado en el debate es porque existía el riesgo de que, si no entraba a debatir con Junts, los posconvergentes acabaran pactando con el PSC una moratoria hasta el 1 de septiembre.

Los Comuns, que de momento no participan de esta triangular, acusan a ERC de "no frenar la pinza del PSC y Junts" para deshacerse del régimen sancionador y proponen que se celebra "con urgencia" un pleno monográfico en el Parlament para determinar el modelo de gestión del agua y poner fin a los "intereses partidistas". La sequía, ha afirmado Jéssica Albiach, "no entiende de citas electorales". Plaja, por su parte, ha reclamado que haya un "gran entendimiento" entre los grupos. El objetivo, ha insistido, es asegurar la "mejor gestión posible" de la crisis, motivo por el que el ejecutivo mantiene la "mano extendida".

Modernizar el canal d'Urgell

En paralelo, la portavoz gubernamental también ha advertido al Estado de que la Generalitat sacará adelante ocho proyectos para modernizar el canal d'Urgell, en caso de que el gobierno español no se avenga al convenio compartido que planteó la 'consellera' de Acció Climàtica, Teresa Jordà. La Generalitat estaría dispuesta a sufragar el 60% de los 138 millones de euros que cuesta la puesta al día de la infraestructura de regadío, según expuso la propia Jordà al ministerio la semana pasada.

El Govern ha tenido réplica por parte del líder del PSC, Salvador Illa, que ha exigido a la 'consellera' que "no condicione" la modernización del canal a una aportación del Estado. "No hace falta que miremos siempre qué hace el otro, usted tiene recursos, ¿no? Empecemos", ha dejado caer dirigiéndose a Jordà, a quien le ha pedido que "lidere" la situación teniendo presente que el Gobierno ya destinará más de 28 millones en la infraestructura.

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