El Govern asume que se aplazarán las multas a ayuntamientos por la sequía

El Govern asume que poco -o nada- podrá hacer para impedir que la oposición acabe aprobando un aplazamiento de las multas a los ayuntamientos que incumplan con las restricciones por la sequía. Lo que está por ver es si será hasta julio, como plantea Junts y estaba dispuesto a aceptar el propio Executiu en la cumbre de la sequía, del pasado 31 de marzo, o hasta septiembre, el margen de negociación que concede el PSC, partidario de suprimir directamente las sanciones. Ambos partidos de la oposición prevén que sus propuestas se voten en el pleno de principios de mayo, unas iniciativas que, si prosperan, supondrán, a la práctica, que el ejecutivo de Pere Aragonès tenga que aplicar una moratoria que no se logró pactar en la cumbre de finales de marzo.

El director de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA), Samuel Reyes, ha reconocido como muy probable este escenario. En una entrevista en Catalunya Ràdio ha admitido que, pese a que el régimen sancionador se está aplicando con vocación disuasoria, es probable que el movimiento del PSC y de Junts en el Parlament -que suman 65 diputados- desemboque en una congelación de las amonestaciones que el Govern deberá encajar hasta la nueva fecha que se acabe pactando.

"Por lo menos habrán estado vigentes durante estos tres meses", ha asegurado Reyes, que ha argumentado que ese tiempo también habrá sido importante para impedir más dispendio de agua en un momento crítico, teniendo en cuenta que si no llueve las restricciones podrían ser más contundentes a partir de septiembre. El director del ACA ha lamentado que este, el de las multas, sea el único punto que ha hecho saltar por los aires un acuerdo de todos los partidos a las puertas de la campaña de las elecciones municipales.

Conscientes de que el ejecutivo catalán no tendrá alternativa a aplicar una moratoria impuesta desde la oposición, lo que pretende Junts es situar a ERC en la tesitura de escoger entre pactar con ellos el aplazamiento hasta julio -el plazo que el 'president' se mostró dispuesto a aceptar durante la cumbre- o bien que Junts acuerde con el PSC una fecha que los de Salvador Illa quieren para después del verano. Su argumento es doble: que no se puede "centrifugar" un nivel de exigencia a los ayuntamientos que consideran que no han asumido ni el Govern ni la ACA y que justo se celebran elecciones y habrá nuevos alcaldes que aterrizarán en los consistorios y que se tendrán que situar.

Los Comuns, sin embargo, son contrarios a demorar las sanciones y lamentan la "pinza electoralista" de socialistas y posconvergentes, que dan por asegurada que volverá a operar en el Parlament. Si eso es posible, afirman, es por la "falta de planificación" que achacan al Govern para hacer frente a la sequía.

Los republicanos consideran que aceptar la propuesta de julio, la que ya hubieran suscrito en la cumbre si el PSC no se hubiera mantenido en sus trece, no solo es el mal menor, sino que supone alejar una posible pinza entre posconvergentes y socialistas. Con todo, ERC y Junts no suman, por lo que sería necesario sumar una tercera fuerza.