PSC y Junts se alían para aplazar las sanciones por la sequía al margen del Govern

La gestión de la sequía se ha convertido, oficialmente, en materia explosiva en plena campaña de las elecciones municipales. Tras el fracaso de la cumbre que celebró el Govern con la oposición para intentar desactivar lo que Pere Aragonès bautizó como "la guerra del agua" y la incapacidad para alcanzar un acuerdo posterior, el PSC y Junts han activado sendos mecanismos en el Parlament para cortocircuitar el decreto vigente y lograr aplazar las sanciones a los ayuntamientos que incumplan con las restricciones, después de que muchos de ellos hayan criticado este régimen sancionador.

Una suerte de decreto alternativo que pretenden aprobar en el pleno de la primera semana de mayo y que supondría un varapalo político para ERC con las urnas del 28-M a la vuelta de la esquina. A la práctica, supondría que el Govern se vería abocado a tragar con unas medidas impuestas desde la oposición. Si los socialistas registraron este martes una enmienda a la totalidad al decreto de la discordia para eliminar las multas a los consistorios e impulsar y agilizar inversiones que consideran prioritarias, Junts prevé hacer lo propio con una proposición de ley por lectura única que propone que las sanciones entren en vigor a partir del 1 de julio.

Esta fecha, que fue justamente el punto medio que intentó pactar el Govern en la cumbre del pasado 31 de marzo, aseguran que no es inamovible, sino que se abren a negociarla tanto con ERC como con el PSC. De hecho, aunque el partido de Salvador Illa propone directamente suprimir las amonestaciones económicas, fuentes socialistas admiten que podrían negociar su entrada en vigor en septiembre, una vez se hayan constituido ya los ayuntamientos tras las elecciones. "No tendría ningún sentido que llegaran nuevos alcaldes y, de sopetón, se encontraran con multas encima de la mesa", sostienen.

Sin diálogo

Se trata de un calendario que, sin embargo, no avalan los Comuns, que acusan al Govern de tener "poca valentía" para plantarse ante la "pinza" del PSC y de Junts y echarse atrás con proyectos como el del macrocomplejo Hard Rock. Precisamente, durante la sesión de control en el pleno de este miércoles, la limitación de los cruceros ante el contexto de sequía ha sido motivo de disputa entre el 'president' Aragonès y la líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach. Un ejemplo más de cómo la campaña electoral hace estragos también en esta crisis de escasez de agua.

El diálogo para reconducir el fracaso de la cumbre está deteriorado. Sin ir más lejos, el PSC no se ha vuelto a reunir con el Govern para hablar de esta cuestión. Sí que se mantiene una interlocución entre Aragonès e Illa para la priorización de las inversiones para los ayuntamientos. En concreto, se negocia cómo viabilizar los 50 millones de euros previstos para que los consistorios puedan hacer obras en baja (es decir, en la red de distribución del agua) y evitar fugas que ahora mismo dificultan el ahorro. La fórmula para hacer realidad estas ayudas se sigue buscando.

Sin embargo, lo que no se ha abordado desde la cumbre es la carpeta espinosa de las multas que los socialistas interpretan como injustas teniendo en cuenta la baja ejecución del presupuesto de la Agència Catalana del Agua en años anteriores.

La intención de Junts, según ha verbalizado Albert Batet, es buscar el pacto con el Govern para que, además de la moratoria en las sanciones, se incluyan mecanismos de contratación de emergencia, como se hizo durante la pandemia; y garantizar inversiones que consideran clave. Si actúan así, aseguran los exsocios de ERC, es por el "incumplimiento" que achacan al Govern. Tanto posconvergentes como socialistas aseguran que, cuando permitieron con su abstención la convalidación del actual decreto, lo hicieron con el compromiso de que se modificaría o que se aprobaría uno nuevo, escenario que no se ha producido.

Medidas de consenso

Aragonès argumenta que eso estaba supeditado a un consenso en la cumbre que finalmente no se produjo. Los republicanos señalan al PSC como el principal responsable de que se dinamitara la entente por su negativa a aceptar un régimen sancionador a los ayuntamientos que entienden que tiene una función "disuasoria" y que, en todo caso, su compromiso es ejecutar los acuerdos que se sellaron en la reunión con los grupos sin necesidad de aprobar un nuevo decreto.

Estos acuerdos, según detallan fuentes del PSC, ponen de acuerdo a socialistas y republicanos. Entre ellas, está la construcción de una nueva desalinizadora en el Foix o la ampliación de la existente en la Tordera. Uno de los puntos en que no había acuerdo era lo que había que hacer con el Besòs. Finalmente, el Govern ha apostado por ampliar la actual potabilizadora (tal y como pedían los de Salvador Illa), que este mes de junio ya producirá más cantidad de agua potable.

Todas las infraestructuras que se quieren sacar adelante las tiene que financiar la Agència Catalana de l'Aigua (ACA), que ya ha pedido colaboración al Gobierno para poder hacer frente a los gastos. Sin embargo, desde el PSC dejan claro que más allá de lo previsto en los fondos Next Generetion, será la ACA la responsable de poner el dinero necesario.

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