El Govern y los partidos tratan de ajustar el periodo transitorio de las sanciones por la sequía

A escasas horas de que el Parlament inicie, este martes, el trámite para el debate y eventual aprobación de la propuesta de ley de Junts sobre la sequía en lectura única, que si obtiene el apoyo de la Cámara, como así parece, tendrá lugar el jueves, los partidos siguen dando vueltas a la delimitación del periodo transitorio que se ha acordado crear antes de la aplicación de las sanciones a los municipios díscolos con el cumplimiento del decreto de sequía aprobado por el Govern hace unas semanas. Este lunes no se han producido movimientos relevantes en las negociaciones.

De hecho, la tramitación urgente de este proyecto de ley, por parte de los posconvergentes, tenía como objetivo forzar al Executiu a moverse y pactar aquello que, el 31 de marzo, dio al traste con la cumbre de la sequía. Es decir, validar en qué momento poner coto a la falta de austeridad de algunos ayuntamientos. En aquella ocasión, Junts y ERC hallaron un punto en común, que era empezar con las multas en julio, algo a lo que se opuso el PSC, partidario de demorar hasta septiembre con las sanciones.

La presentación de una propuesta de ley es una amenaza para el Govern que puede ver como el Parlament le marca qué hacer. El principal peligro para los republicanos es que Junts y el PSC, con el apoyo de alguno de los partidos de la derecha, acuerden atrasar hasta el 1 de septiembre el inicio del régimen sancionador.

Orillar la fecha

Para salvar el trámite parlamentario esta semana, con todo, la formula que se está usando en la negociación, como ya publicó este diario la semana pasada, es orillar toda fecha en el texto.

En las conversaciones de la semana pasada, en el triángulo Govern-ERC, Junts y PSC se encaminó una vía de acuerdo por el que se sumaría una zanahoria, en forma de ayudas a los municipios para actuar sobre las fugas que tienen sus redes de distribución en baja (al usuario) al palo de las multas. Y es que los dos exsocios no bastan para sacar adelante el proyecto de ley y, dado el contenido, no se prevé que los Comuns puedan sumarse a un texto que supone levantar el pie de la obligación en el cumplimiento de las medidas para hacer frente a la crisis hídrica.

De hecho, los Comuns acusan a ERC de no saber frenar "la pinza del PSC y Junts" para deshacerse del régimen sancionador y proponen que se celebre un pleno monográfico en el Parlament para determinar el modelo de gestión del agua y poner fin a los "intereses partidistas". La sequía, afirmó en su días Jéssica Albiach, "no entiende de citas electorales". Porque, obviamente, el principal enemigo de una entente en este campo es, sin duda, la proximidad de las elecciones del día 28, para más inri, municipales, los entes sobre los que se quiere poner ahora la lupa.

Ayudar a los que hagan los deberes

"El objetivo", apunta una fuente conocedora de las negociaciones, "es que ayudas y sanciones vayan de la mano. Y que quien demuestre que tiene voluntad de hacer los deberes no será sancionado. Y aquellos que hagan de su capa un sayo y vayan a la suya, sí", sentencia.

Así, la apertura del periodo para acogerse a la línea de ayudas de 50 millones de euros que maneja el Govern, es decir, la presentación de proyectos para solventar fugas y deficiencias, puede ser un buen indicador, piensan los negociadores, para determinar quien quiere poner hilo a la aguja y quién no.