Las 8 zancadillas de Junts a ERC en el Parlament tras la ruptura del Govern

"Aliándose con la oposición, que tanto demonizan, para votar en contra del Govern en los tres últimos meses tampoco se consigue la independencia", le espetó el miércoles en la sesión de control el 'president' de la Generalitat, Pere Aragonès, al líder de Junts en el Parlament, Albert Batet. El intercambio estuvo impregnado de una crispación que se ha vuelto ya rutina tras la ruptura del Executiu, con el Parlament como principal 'ring' entre exsocios. Hacía justo una semana que ERC había exhibido el acuerdo de presupuestos con el PSC, el mismo tiempo que lleva la posconvergencia agitando el fantasma de un nuevo tripartito en Catalunya. Los republicanos replican, a su vez, que está en marcha una "sociovergencia".

La realidad es que tanto los unos como los otros pactan con Salvador Illa, que aprovecha la grieta entre independentistas para ganar centralidad. Si bien los republicanos han acordado la ley más importante del mandato con el PSC para insuflar oxígeno a su gobierno en minoría, Junts ha intensificado la relación con los socialistas desde que se sientan en la bancada de la oposición. Desde su salida del Govern, han urdido hasta ocho zancadillas parlamentarias para que ERC se diera de bruces en la Cámara catalana a cuenta de su minoría de tan solo 33 diputados.

La ley del plan estadístico, tumbada

No habían pasado ni dos semanas de la ruptura cuando llegó el primer varapalo parlamentario para ERC. Con vocación de dejar claro que a partir de ese momento no darían tregua desde la oposición, los posconvergentes dejaron caer la ley del plan estadístico a pesar de que fue elaborada por el exconseller Jaume Giró. Su voto era clave, ya que el PSC votó en contra. Junts acabó absteniéndose, decisión que los republicanos tacharon de "tacticismo estéril", y, por lo tanto, forzó la primera derrota de Aragonès en el Parlament tras el divorcio independentista con el argumento de que la ley sería aplicada "sin visión de Estado". Junts acusa a los republicanos de haber renunciado al objetivo de la independencia tras el pacto de presupuestos y la reforma penal acordada con el PSOE en el Congreso.

Moción contra las ocupaciones

Fue en el mismo pleno en el que se tumbó la ley del plan estadístico, el 20 de octubre, cuando prosperó una moción de Junts pactada con el PSC para facilitar el desalojo de "ocupaciones delincuenciales", una iniciativa que estuvo precedida por la polémica contratación de Desokupa por parte del Ayuntamiento de Premià de Dalt (gobernado por Junts y PSC), que acabó rescindiendo el contrato. En este caso, que fue el prólogo de la ley que se ha aprobado esta semana para facilitar que los ayuntamientos puedan impulsar desahucios de pisos de grandes tenedores en 30 días. ERC se abstuvo. Se aprobó gracias también a los votos de Ciutadans y PP.

El bloqueo de la comisión de los fondos buitre

El 10 de noviembre, ERC, la CUP y los Comuns registraron una propuesta de resolución para crear una comisión de investigación sobre los fondos buitre. Aunque los tres invitaron al PSC y a Junts a sumarse, los primeros se desmarcaron de la iniciativa y, los segundos, presentaron enmiendas que no fueron aceptadas por los impulsores porque consideraban que "desvirtuaban" el propósito de la comisión. Aún así, la propuesta no se ha votado todavía en el pleno porque, según denuncian los partidos proponentes, socialistas y posconvergentes impiden en la junta de portavoces que se incluya en el orden del día del pleno.

El escarnio de la minoría

Ensañarse con la minoría del Govern de ERC ha sido un objetivo transversal de la oposición, especialmente durante los primeros meses, ya fuera forzando que perdiera votaciones o, también, en el terreno simbólico. En este último plano se sitúa la moción que promovió Junts también en el pleno del 10 de noviembre para que el Parlament constatara "la pérdida de confianza de la mayoría parlamentaria" que permitió la investidura de Aragonès. Se aprobó también con los votos del PSC, la CUP y los Comuns. ERC, resignada porque la mayoría era abrumadora, se abstuvo.

El varapalo con el fondo de transición nuclear

Que el PSC y Junts se aliaran el 15 de diciembre para modificar por la vía urgente el fondo de transición nuclear ha sido una de las acciones que más ha irritado a los republicanos en estos últimos meses. Se validó por lectura única y Ciutadans también votó a favor, mientras que los Comuns se abstuvieron y ERC y la CUP votaron en contra. El partido de Oriol Junqueras cargó entonces contra una modificación que considera que se hizo con criterios "partidistas" y "de espaldas" al consenso territorial en el Camp de Tarragona y Terres de l'Ebre.

La amenaza de unos presupuestos de la oposición

Lo que debía ser un mero trámite, la validación del decreto ley de prórroga presupuestaria mientras no hubiera nuevas cuentas, acabó siendo una encerrona para Aragonès. El PSC y Junts acordaron de nuevo en el pleno del 25 de enero para que se tramitara como proyecto de ley, una fórmula que les permitía tener una vía abierta para, a través de enmiendas, colar partidas y contrarrestar la estrategia de ir decreto a decreto que el 'president' se reservaba como plan b si la negociación de los presupuestos de 2023 saltaba por los aires. Este escenario auguraba tal vía crucis para el Govern que acrecentó la urgencia por cerrar un pacto con el PSC, como finalmente ocurrió a costa, eso sí, de la gran cesión de ERC con la B-40.

La ley de ocupaciones por la vía rápida

Tras la moción sobre las ocupaciones, Junts empezó a enhebrar su ley para que los ayuntamientos puedan impulsar desahucios de pisos de grandes tenedores en 30 días. El 25 de enero y de la mano del PSC, de Ciutadans y del PP, aprobó que se tramitara por la vía rápida. De hecho, los posconvergentes negociaron con el partido naranja y estos accedieron a retirar una propuesta en la misma línea pero que habían impulsado por la vía ordinaria. El pasado miércoles se aprobó de forma definitiva la norma, aunque en una versión descafeinada porque ERC negoció la exclusión de las comunidades de vecinos de la posibilidad de recurrir a los tribunales. Finalmente, los republicanos votaron a favor, a regañadientes, de una ley que argumentaron que tenía mayoría para prosperar y que solo tenía posibilidad de intervenir para un "control de daños".

El desaire al decreto del impuesto de patrimonio

El Govern logró convalidar el decreto para equiparar el impuesto de patrimonio al de grandes fortunas y garantizar que esos recursos de más son para la Generalitat. Aún así, la votación fue desangelada, ya que ERC solo obtuvo el apoyo de la CUP y de los Comuns, mientras que el PSC y Junts se abstuvieron y Ciutadans, PP y Vox votaron en contra.

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