Premià de Dalt contrata a Desokupa para acabar con las ocupaciones delincuenciales

La comarca del Maresme es una de las que más problemas tiene con las ocupaciones delincuenciales. En el marco de lo que permite la ley, los ayuntamientos intentan buscar vías para solventar situaciones que afectan a numerosos ciudadanos. En Premià de Dalt, el alcalde, Josep Triadó (de la plataforma Nou Impuls, vinculada a JxCat), ha decidido contratar a una empresa, Desokupa, para intentar acabar con las ocupaciones delincuenciales.

En un comunicado, el consistorio explica que ha firmado un contrato de un año por un importe de 3.000 euros anuales para recibir "asesoramiento" de esta empresa a efectos de "intermediación para la recuperación de bienes inmuebles ocupados de forma mafiosa y/o delincuencial", hechos, añaden, que "siempre generan un problema de seguridad en la población".

El alcalde aclara que Desokupa les asesorará, pero que la actuación la realizará la Policía Local. En estos momentos, el municipio no tienen ninguna vivienda ocupada por delincuentes. Se trata pues, subraya Triadó, de una medida preventiva. "Esperemos no tener que usarla", afirma.

El consistorio ha actuado ahora porque estamos a las puertas del cambio de hora, momento que recurrentemente coincide con un aumento de ocupaciones de viviendas por parte de delincuentes y de robos a casas y coches en el municipio. "Con el cambio horario, redes de delincuentes ocupan casas vacías y las utilizan como base de operaciones de sus actividades delictivas, ya sean robos, tráfico de droga o cultivo de marihuana", explica Triadó en declaraciones a EL PERIÓDICO. La temporada 'conflictiva' empieza en octubre y se alarga hasta marzo. En 2021 hubo tres ocupaciones mafiosas, que se alargaron durante meses y provocaron incluso algún enfrentamiento entre bandas por el control de una plantación de marihuana.

El alcalde ha diferenciado este tipo de ocupaciones de las que ha calificado como "sociales", en las que los ocupantes de la vivienda son personas vulnerables y para las que el consistorio ofrece la ayuda de servicios sociales.

La seguridad de los vecinos

Adelantándose a las críticas que le han caído por contratar a Desokupa, una empresa a la que se relaciona con la ultraderecha, el ayuntamiento subraya que esta empresa "ofrece un método alternativo que tiene como objetivo la resolución amistosa de la controversia y evitar, en la medida de lo posible, un procedimiento judicial para la recuperación de la posesión de la vivienda en cuestión por parte de la propiedad".

Triadó argumenta que a la hora de contratar a Desokupa se ha tenido en cuenta, como en cualquier contrato público, "la experiencia" de la empresa en resolver conflictos de este tipo. "No entro en la ideologías de las personas", añade.

"En Premià de Dalt queremos tolerancia cero con las ocupaciones mafiosas que supongan poner en peligro el bienestar y la convivencia en nuestro pueblo, ya que generan inseguridad ciudadana", ha defendido Triadó. El edil asume que en redes le hayan empezado a colgar la etiqueta de "extrema derecha". "La asumo si es a cambio de velar por la seguridad de los vecinos", zanja. "Si hay un problema, la obligación de los alcaldes es intentar solucionarlo", añade Triadó.

"Leyes blandas"

El alcalde lamenta que la suma de "leyes blandas" y "justicia lenta" dejen a los ayuntamientos con el problema sobre la mesa. "Necesitamos cambios legislativos. Los delincuentes saben que aquí, a diferencia de países como Francia o Alemania, las leyes son laxas y por eso vienen", argumenta, antes de señalar la "impotencia" que sienten los alcaldes, pero también los cuerpos policiales. "Estamos impotentes y buscamos recursos para actuar", insiste para defender su decisión de contratar a Desokupa.

Hasta ahora, como vía para agilizar las desocupaciones delincuenciales, el consistorio había emprendido diversas actuaciones. Un decreto de alcaldía posibilitaba que a partir de informes técnicos que constatasen patologías del inmueble o estados de insalubridad se podía abrir un procedimiento administrativo para desalojar viviendas ocupadas por delincuentes. Una vía no siempre fácil ni rápida. También se había reforzado la Policía Local y creado un cuerpo de serenos.

Hace unos días, siete alcaldes del arco metropolitano de Barcelona, entre ellos el de Mataró, capital del Maresme, acudieron al Congreso para hacer presión cara a que se aprueben las enmiendas legislativas introducidas por el PSOE en la ley de enjuiciamiento criminal para posibilitar desalojos en 48 horas en casos de ocupaciones delincuenciales.

PSC y Junts se desmarcan

El PSC del Maresme y JxCat se han desmarcado de la decisión del gobierno de Triadó, una coalición de ambos partidos. La federación del PSC en la comarca ha expresado su "rechazo absoluto" a las prácticas de la empresa Desokupa y su "oposición frontal" a cerrar acuerdos con este tipo de empresas.

En un comunicado, los socialistas han subrayado que la ocupación de viviendas se debe combatir "con reformas legislativas, garantizando los derechos individuales a partir de la aplicación de la ley".

Por su parte Junts, a través de su presidenta, Laura Borràs, ha señalado que no comparte "esas contrataciones". "El compromiso de JxCat es combatir las mafias de ocupación ilegal impulsando las reformas para acabar con estas prácticas ilícitas", ha afirmado.