Los ayuntamientos catalanes podrán impulsar desocupaciones en 30 días

La ofensiva contra las ocupaciones ilegales promovida por Junts ha sido aprobada por el Parlament, pero lo ha hecho con los dos puntos que levantaban más ampollas limitados. Finalmente, serán los ayuntamientos pero no las comunidades de vecinos los que podrán recurrir a la justicia para que se desahucien viviendas de grandes tenedores -más de 10 propiedades- ocupadas por inquilinos que generen conflictos en el caso que la propiedad no inicie acciones judiciales. La ley incorpora también una referencia sobre cómo debe interpretarse si se produce o no esa alteración de la convivencia, pese a que los impulsores admiten que es imposible acotarla a todas las casuísticas. El ayuntamiento podrá adquirir temporalmente el uso de la vivienda para destinarla a vivienda social durante siete años.

La norma, que implica un cambio en el código civil catalán, ha sido aprobada con los votos a favor de Junts, PSC y Ciutadans, que ya se aliaron para impulsarla por la vía rápida, pero también por ERC, que finalmente se ha sumado a regañadientes tras considerar que sus enmiendas han logrado mitigar la "arbitrariedad" del texto inicial. La CUP y los Comuns han votado en contra, mientras que PP y Vox se han abstenido. Los republicanos argumentan que han accedido a negociar porque la ley tenía suficiente mayoría para prosperar sin cambios si no intervenían y porque creían necesario que se retirara la posibilidad de que fueran los propios vecinos de los inmuebles ocupados los que pudieran instar un procedimiento judicial para su desalojo.

Tanto los Comuns como la CUP se han opuesto a un cambio legislativo que alertan que pone más el foco en quien ocupa que en los fondos buitre y que se espolea ahora pensando en las elecciones municipales del próximo 28 de mayo y obviando, en cambio, las molestias que provocan los pisos turísticos. Entidades en defensa del derecho a la vivienda, como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, presentes este miércoles en la grada de invitados del hemiciclo del Parlament, han cargado contra una norma que tachan de "despropósito" porque consideran que puede perjudicar y "estigmatiza" a familias vulnerables que se ven obligadas a ocupar un piso.

Junts, como impulsor del cambio normativo, ha puesto el acento desde el principio en que son necesarias más herramientas para mitigar la "inseguridad" y la "alarma social" que provocan las ocupaciones, un planteamiento suscrito por el PSC. La diputada y alcaldesa de Girona, Marta Madrenas, arquitecta de la nueva ley, ha subrayado que los ayuntamientos necesitan esta vía para hacer frente a los casos de ocupaciones que provocan "alteración de la convivencia, del orden público o pongan en peligro la seguridad o la integridad del inmueble" y que hacen "la vida imposible" a los vecinos cuando los grandes tenedores se desentienden de la situación.

Se trata, insisten los posconvergentes, de que las administraciones puedan intervenir ante esta situación. El texto aprobado recoge que sean los ayuntamientos, sin perjuicio de otras administraciones competentes -entiéndase la Generalitat-, los que puedan promover el desalojo de la vivienda en sustitución del propietario si este no actúa. Para evitar procedimientos de carácter arbitrario, las comunidades de vecinos, argumenta Junts, solo podrán dirigir sus quejas a los consistorios, en los que será el alcalde quien, en base a un expediente que recoja actas policiales que acrediten la ocupación conflictiva, podrán liderar el desahucio. En este punto, Ciutadans y PP se han abstenido porque son contrarios a que puedan expropiarse durante siete años estas viviendas y querían que se mantuviera la capacidad de las comunidades de vecinos de recurrir a la justicia para activar un desalojo.

Madrenas ha defendido que la medida va en contra de los grandes propietarios que no actúan a pesar de tener recursos para hacerlo y en casos de ocupantes que alteran "la paz social" y que se recurrirá a la jurisprudencia para acotar cuando se entiende que se está alterando la convivencia. Aún así, los detractores de la ley advierten de que se incluyan dentro de esta casuística, por ejemplo, los pinchazos de electricidad para justificar la activación del mecanismo, una situación que, sin necesidad de alterar la convivencia, puede ser entendido como un conflicto dentro de la comunidad vecinal.

ERC admite haber votado con la pinza en la nariz a favor de una ley que, asegura, no había correlación de fuerzas para tumbar. "Hemos hecho unas enmiendas de control de daños para reducir discriminaciones y arbitrariedades", ha defendido el diputado Pau Morales. Su propósito era evitar que las comunidades de vecinos pudieran denunciar directamente a los juzgados. "Eliminamos el peligro de señalamiento social y que se vaya en contra de familias vulnerables", insisten los republicanos, que han recordado a Comuns y CUP que sin su intervención la norma se hubiera aprobado con aspectos que consideran que hubieran sido más lesivos y discrecionales.

Riesgo de choque competencial

Pero aún así, desde ERC admiten que en función de quién sea el alcalde de turno continuará habiendo margen discrecional. No es lo mismo que este instrumento esté en manos de un alcalde de un partido especialmente beligerante contra las ocupaciones que de otro que ponga más el foco en la vulnerabilidad que pueda haber tras muchas de esas ocupaciones. Además, ponen en duda que los juzgados puedan hacer frente al plazo de 30 días fijado por ley y alertan del choque competencial que se puede producir por el complejo "entramado legislativo" a nivel catalán y estatal sobre la vivienda. Aún así, han rechazado elevar la norma al Consell de Garanties Estatutàries, como pedían los Comuns. "Puede ser que la ley no tenga recorrido, pero sale muy diferente de cómo entró", han defendido para justificar su voto afirmativo.

La diputada de En Comú Podem Susana Segovia ha criticado que si hay ocupaciones es "porque hay viviendas vacías" y necesidades no cubiertas y ha subrayado que los Mossos ya actúan en los pisos donde se producen actividades ilegales sin necesidad de aprobar esta ley. La diputada del PSC Eva Candela, por su parte, ha hecho hincapié también en que la posibilidad de multar a los grandes tenedores no ha sido suficiente para revertir la situación. La 'cupaire' Montse Vinyets, ha señalado los fondos especuladores y los pisos turísticos como el "verdadero problema de orden público". De hecho, ERC, Comuns y CUP defienden la creación de una comisión en el Parlament sobre los fondos buitre que lamentan que está siendo bloqueada por Junts y el PSC.

Ciutadans, por su parte, que justamente retiró su propia ley contra las ocupaciones para favorecer la aprobación por la vía exprés de la de Junts, se ha mostrado contrariado por la aprobación de una versión descafeinada de la norma y, tras recordar con insistencia la diputada Anna Grau que la ocupación "es un delito", ha justificado su voto a favor porque considera que mejora la situación actual.