Un año del Govern Aragonès

Un año del Govern Aragonès: más presupuesto en Educación y tensión con las escuelas

  • El Ejecutivo vive su peor crisis con la comunidad educativa pese a haber cumplido promesas como la gratuidad de P-2 y la bajada de ratios en P-3

Josep Gonzàlez-Cambray y Pere Aragonès, en la rueda de prensa sobre el curso escolar celebrada en la escuela Baldiri Reixac.

Josep Gonzàlez-Cambray y Pere Aragonès, en la rueda de prensa sobre el curso escolar celebrada en la escuela Baldiri Reixac. / ZOWY VOETEN

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Montse Baraza
Montse Baraza

Periodista

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Una educación de calidad, con equidad e inclusiva. Fue el compromiso de investidura de Pere Aragonès. De entrada, los presupuestos del Govern para 2022 destinaron una partida de 6.681 millones de euros al Departament d'Educació, cifra que supone un aumento de 1.009 millones de euros, un 17,8% más, respecto a las cuentas de 2020. Es la partida más alta de la historia del departamento y la segunda más elevada de las 'conselleries' del Ejecutivo en esta ejercicio. Fondos que sufragarán dos promesas estrella del 'president' en materia educativa: la gratuidad de P-2 y la reducción de ratios en P-3. Promesas que serán ya realidades este curso 22-23.

Paradójicamente, pese al aumento presupuestario y a esas promesas cumplidas, el Govern de Aragonès vive una de las peores crisis con la comunidad educativa. Crisis que ha llegado de la mano del titular de Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, blanco de las iras de los docentes, molestos con las formas del 'conseller', de quien han pedido sin éxito su cese. El adelanto por sorpresa del inicio del curso escolar, sin consulta previa a la comunidad educativa, sumado al cansancio de los profesores tras dos años de pandemia han sido el detonante de una revuelta que reclama revertir los recortes en educación. El conflicto sigue abierto, con huelgas convocadas, pese a que el Govern insiste en que ya está poniendo los medios para revertir progresivamente esos recortes.

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Otro frente abierto es el de la sentencia del TSJC que obliga a las escuelas catalanas a impartir el 25% de clases en castellano. La interlocutoria que da un plazo de 15 días para ejecutar la sentencia, recurrida ya por Educació, ha tensionado aún más a las escuelas, pendientes de si el Govern les da instrucciones y cobertura legal. En ello anda estos días el Ejecutivo después de que el intento de modificar la ley de política lingüística se encallara tras el descuelgue de JxCat. Ahora, el Govern encauza un acuerdo que incluirá una ley de protección del catalán y un decreto ley que concrete el blindaje. Paralelamente, también ultima un plan de choque para aumentar el uso del catalán en las aulas.

En el ámbito de universidades, el Govern ha seguido avanzando en la rebaja de tasas y en el aumento de plazas en grados como el de Enfermería o en el máster de formación de profesorado. Y, tras la publicación en EL PERIÓDICO de la denuncia del MeToo en la universidad, el Consell Interuniversitari ha acelerado la revisión de los protocolos de violencia de género.