Reacciones al ultimátum del TSJC

El Govern ultima un plan de choque para que las escuelas usen más el catalán

  • "En los próximos cursos va a haber más catalán del que ha habido en los últimos años", anuncia Patrícia Plaja

El Consell Executiu, reunido en el Palau de la Generalitat.

El Consell Executiu, reunido en el Palau de la Generalitat. / ACN

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Montse Baraza
Montse Baraza

Periodista

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El Govern mantiene el pulso ante el ultimátum del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) para que en 15 días aplique la sentencia que obliga a impartir un 25% de las clases en castellano en todos los centros educativos catalanes. Ayer anunció que a partir del curso que viene habrá «más catalán del que ha habido en los últimos años» en las escuelas. «Se hará más catalán después de la sentencia que antes de este ataque. Pondremos todos los esfuerzos en incrementar el uso del catalán en todos los ámbitos de la escuela», aseguró la portavoz Patrícia Plaja en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consell Esecutiu.

¿Cómo se va a lograr eso? Plaja explicó que la Generalitat está ya trabajando en un «plan de choque» para incrementar el uso del catalán en todos los ámbitos de los centros educativos y reforzar así el modelo de escuela catalana. Ese plan contemplará acciones de impulso del uso del catalán no solo en las aulas, sino en otros espacios del ámbito escolar como el patio o el comedor, a través del ocio o de grupos de conversación. 

Y es que, polémicas judiciales al margen, los últimos informes de que dispone el Govern sobre la salud de la lengua catalana en los centros educativos han puesto en evidencia el descenso del uso que los estudiantes hacen del catalán fuera del aula, es decir cuando salen al patio o cuando hacen trabajes o interactúan en grupo al margen del profesor. Uno de esos estudios, realizado por el Consell Superior d’Avaluació en los cursos 2006, 2013 y 2021 a alumnos de cuarto de la ESO, señalaba que el porcentaje de alumnos que usan siempre o casi siempre el catalán en actividades de grupo ha pasado del 67,8% en 2006 al 21,4% en 2021. Y los alumnos que se dirigen al profesor en catalán en el aula siempre o casi siempre ha caído del 56% al 39,4%. 

El Govern insistió en transmitir un mensaje a los directores de centros y profesores para que tengan «toda la tranquilidad». Plaja les instó a «seguir haciendo su trabajo» como hasta ahora y aseguró que se les darán los instrumentos necesarios e indicaciones claras para que puedan trabajar con libertad, «con la tranquilidad de que es el Departament d’Educació el responsable jurídico de asumir la responsabilidad última» .

A nivel jurídico, el Govern presentará un recurso contra la interlocutoria del TSJC (tiene un margen de cinco días para hacerlo) y, tras ello y cuando responda el tribunal, «agotará todas las vías jurídicas posibles para frenar este ataque contra el catalán en las escuelas», según afirmó Plaja. En definitiva, recursos que irán retrasando el cumplimiento de la resolutoria del tribunal y podrían impedir que se aplique la sentencia este curso, teniendo en cuenta que falta poco más de un mes para que acaben las clases. El último día de curso es el 22 de junio.

La Alta Inspección actuará

Ayer se posicionó sobre el asunto el Ministerio de Educación, al que la resolutoria insta a velar por el cumplimiento de la sentencia. La ministra Pilar Alegría aseguró que el Gobierno, a través de la Alta Inspección, colaborará «dentro del marco de las competencias y la jurisprudencia que existe» para controlar que se cumple el fallo.

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Según fuentes del ministerio citadas por Europa Press, la Alta Inspección actuará pasados los 15 días que tiene de margen la Generalitat para cumplir la sentencia. En todo caso, las mismas fuentes prcisaron que los inspectores no entrarán en los centros educativos -más de 5.400-, sino que el procedimiento será otro. Ese procedimiento se comunicará primero al TSJC que es el que ha solicitado la Alta Inspección.

En un intento de calmar los ánimos, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, subrayó que las lenguas cooficiales son una «riqueza cultural» de España y no una «fuente de enfrentamiento» ni un «arma arrojadiza entre unos y otros». Y recordó que la ley ya establece que en comunidades bilingües, los alumnos han de acabar la ESO con competencias en ambas lenguas.