ERC, PSC y 'comuns' presionan a Junts para aprobar cuanto antes el pacto lingüístico

Mientras el Govern estudia cómo dar respuesta a la orden del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) de aplicar en un plazo máximo de 15 días el 25% de clases en castellano en las aulas catalanas, los partidos siguen encallados sobre el retoque de la ley de política lingüística.

La modificación de la norma, pactada entre PSC, ERC, Junts y En Comú Podem, pretendía dar respuesta a esta decisión judicial, pero está encallada en el Parlament después de que Junts congelara su firma ocho horas después de suscribir el acuerdo y de haber pedido hasta tres prórrogas en la Junta de Portavoces para intentar que no fuera al pleno en busca de un mayor consenso social.

La portavoz de Esquerra, Marta Vilalta, ha defendido este martes que hay que "culminar" la modificación "sin más dilación" porque "una no respuesta, no es una respuesta" y porque, de lo contrario, se deja a la escuela catalana "a merced de los tribunales". "Está en juego la cohesión social del país", ha inquirido, desdeñando que permanezca atascada por los "intereses" de la posconvergencia. "La lengua catalana no puede esperar a que en Junts se pongan de acuerdo entre ellos. Sería irresponsable", ha remachado.

La portavoz adjunta de los 'comuns', Susanna Segovia, ha pedido que se vote en el pleno que comienza este martes: "No entendemos que, por dudas partidistas y por el congreso que tiene previsto celebrar una de las cuatro fuerzas (Junts), se haya querido aplazar una respuesta que hubiese evitado la nueva resolución del TSJC", ha espetado desde la Cámara catalana, solicitando celeridad al resto de fuerzas para empezar a tramitar la propuesta y abrir un periodo de enmiendas.

Por su parte, la portavoz del PSC, Alícia Romero, ha confiado en poder sumar de nuevo a Junts antes de 15 días, aunque ha lamentado que esta situación se podría haber evitado si "hace un mes" se hubiera sacado adelante la reforma: "Ha habido un fracaso político", ha asegurado Romero, que ha recordado que Junts congeló el acuerdo horas después de haberlo firmado.

Las conversaciones entre los grupos son constantes para desencallar esa modificación legislativa "lo más pronto posible": "Si no es en este mismo pleno, lo antes posible, o si no que sea el siguiente. Ahora sabemos que hay un límite de 15 días y no podemos dilatar más", ha dicho Vilalta.

La reforma

Los cuatro partidos registraron el 24 de marzo una proposición de ley que mantiene el catalán como "lengua vehicular" y que, a su vez, garantiza el uso del castellano, dando margen a los centros educativos para definir sus proyectos lingüísticos.

La ley actual reza que el catalán "se tiene que utilizar normalmente" como lengua vehicular y de aprendizaje en la educación no universitaria. La propuesta de reforma a cuatro bandas fija que el catalán es la lengua "normalmente empleada" como lengua vehicular y de aprendizaje del sistema educativo y que "también es empleado el castellano en los términos que fijen los proyectos lingüísticos de cada centro". Evita fijar porcentajes, y señala que "la determinación de la presencia de las lenguas oficiales en la enseñanza tiene que tener en cuenta la situación sociolingüística y la evolución del proceso de aprendizaje lingüístico, oral y escrito, de acuerdo con los instrumentos de control, evaluación y mejora de las competencias lingüísticas".