Sánchez urge a la UE a actuar de forma "urgente"

El Gobierno se resiste a adoptar medidas anticrisis ya pese a la presión del PP y de la calle

  • El Ejecutivo se mantiene firme en su propósito de aprobar el plan de respuesta a la guerra el 29 de marzo, tras el Consejo Europeo de la próxima semana

  • Los socialistas esperan las soluciones de Bruselas, rechazan por ahora el impuesto a las eléctricas que pide Podemos y se despliegan para explicar su gestión mientras crecen las protestas de los transportistas y del campo

Una caravana de camiones recorre de forma lenta las principales avenidas de Murcia este 17 de marzo de 2022, en la cuarta jornada de huelga de transportistas convocada por la Plataforma en Defensa del Sector de Transporte de Mercancías por Carretera.

Una caravana de camiones recorre de forma lenta las principales avenidas de Murcia este 17 de marzo de 2022, en la cuarta jornada de huelga de transportistas convocada por la Plataforma en Defensa del Sector de Transporte de Mercancías por Carretera. / EFE / MARCIAL GUILLÉN

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Juanma Romero
Juanma Romero

Periodista

Especialista en información de Gobierno y PSOE.

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La fecha señalada en rojo es el martes 29 de marzo. El Gobierno insiste en que será entonces, y solo entonces, cuando el Consejo de Ministros adopte medidas para paliar las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. No atenderá las demandas de la oposición, sobre todo (aunque no solo) del PP, ni de la calle, que se enciende más conforme avanza la semana, con un sector “minoritario” del transporte movilizado y bloqueando suministros y que la coalición ve “apoyado por la ultraderecha”. En la Moncloa subrayan que habrá medidas, pero que hay que esperar al Consejo Europeo del 24 y 25 de marzo, que en función de cómo actúe Bruselas habrá mayor o menor margen para aprobar iniciativas "complementarias". Que por eso tiene sentido aguardar, porque también el presidente está de gira por Europa para ganar apoyos para su propuesta de desacoplar el precio del gas de la factura eléctrica. Pedro Sánchez recalca que la cumbre de la próxima semana supone un momento "definitorio" en la historia de la Unión y exige a Bruselas a moverse de "manera urgente". Sabe que su principal obstáculo se encuentra en la oposición firme de Alemania a cambiar las reglas de juego.

Pero ese apremio a maniobrar ya es el que el propio líder socialista recibe puertas para dentro. El pasado domingo, en la Conferencia de Presidentes en La Palma, pactó con las comunidades aprobar rebajas fiscales, mientras que los mandatarios autonómicos respaldaban su campaña en la UE para lograr una reforma "estructural" del mercado energético. Pero ya entonces el PP lamentó la falta de concreción, y no ha detenido su queja. Se la trasladó al Gobierno a la cara el miércoles, cuando arrancó la ronda de contactos a la búsqueda de un acuerdo "de país" para un plan nacional de respuesta a la guerra, y la reiteró este jueves. El bipartito promete rebajar el precio de la gasolina, la luz y gas, aunque no ha precisado de cuánto será el recorte y cómo lo ejecutará, precisamente porque está a la espera de Europa.

Los populares hablan de situación "insostenible". También urgen al Gobierno desde ERC: "O la izquierda responde a esto o lo hará Vox"

"Lo que debe marcar los tiempos es la necesidad de adoptar medidas de manera inmediata... La situación es absolutamente insostenible", sostuvo la nueva coordinadora general del PP, Cuca Gamarra, en Antena 3. La dirigente recordó el malestar que ha prendido ya en diversos sectores, como en el transporte o en el campo, por el incremento de los precios de los carburantes y de la energía, y que otros países de la UE han empezado a actuar. También ERC, socio habitual del Ejecutivo, entiende que no hay tiempo que perder. "O la izquierda responde a esto o lo hará Vox", apuntan fuentes del partido en Madrid, apuntando además a las dos manifestaciones previstas para el fin de semana: el sábado, una convocada por Vox por la subida de los precios, y el domingo, otra impulsada por el mundo rural, que se espera masiva y que secundan el PP y la ultraderecha.

En la Moncloa responden a este diario que no se puede acusar al Gobierno de "tardanza", porque ya ha actuado, bajando los impuestos de la luz o prorrogando las medidas de protección para los más vulnerables, medidas que si se estirasen todo el año costarían al Estado entre 10.000 y 12.000 millones, así que lo que se está discutiendo es "una nueva ronda". Remarcan que se quiere buscar el consenso con los agentes sociales, con las comunidades, con los sectores y con los grupos, y que la batalla que está dando Sánchez en Europa es "durísima, como lo fue la que libró hace dos años para conseguir los fondos europeos y para que sea toda la UE la que tome medidas". "Entonces, nadie daba un duro por mutualizar la deuda y se consiguió", apuntan en el equipo del presidente.

Refuerzo "complementario"

"Hasta que no esté claro el paquete UE no sabremos qué cosas deben ser más o menos reforzadas de manera complementaria", sostiene una ministra implicada en las negociaciones con Bruselas. Otro integrante del Ejecutivo reconoce que la intención de esperar al Consejo de la próxima semana "tiene pros y contras", pero la decisión de Sánchez es esa, "el cronograma tiene base europea".

Los gobiernos de España y Portugal propondrán a la UE recuperar el tope en el precio de la luz de 180 euros por megavatio hora en el mercado mayorista, lejísimos de los 545 €/MWh que alcanzó el pasado 8 de marzo, su máximo histórico, aunque más próximo a los 232,28 €/MWh que se pagarán de media este viernes. La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, confirmó este jueves en Onda Cero el plan adelantado la víspera por el ministro luso de Medio Ambiente y Acción Climática.

España y Portugal propondrán a la UE recuperar el tope en el precio de la luz de 180 euros por megavatio hora en el mercado mayorista. Yolanda Díaz arguye que esa medida "no es suficiente"

Pero la opción favorita del Ejecutivo es "topar el precio del gas en las ofertas al mercado y ajustar después". En cualquier caso, Alemania no apoya imponer un máximo en los precios del mercado mayorista. "Está en contra de todo, y la consecuencia es la implosión y que cada Estado haga lo que le dé la gana", explican fuentes próximas a la titular de Transición Ecológica. Sánchez sí ha garantizado que su Gabinete tomará medidas en caso de que la UE no actúe, y ya ha adelantado su voluntad de fijar precios para combatir la escalada.

Pero esa medida no satisface por sí misma a Unidas Podemos. Topar el precio máximo de la electricidad en el mercado mayorista "no es suficiente", apuntaba este jueves la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, tras conocer la propuesta de Ribera. Lo que defienden los morados es un impuesto a las eléctricas porque estas registraron en 2021 unos beneficios históricos. "No sería entendible que, cuando la propia inflación está provocando la mayor trasferencia de rentas de las ciudadanía a las eléctricas, nuestro esfuerzo vaya en dirección opuesta", indicó la ministra de Trabajo. La vicepresidenta reconoció asimismo que ya se observa desabastecimiento en algunos sectores por los precios de la energía.

El sector socialista del Ejecutivo, sin embargo, rechaza una tasa a las empresas energéticas. "No plantean medidas, sino panfletos, eslóganes de activistas. ¿Qué hacemos? ¿Confiscamos? Tocar el sistema fiscal no es algo que se resuelva a las bravas", responden desde Transición. En el equipo de Ribera recuerdan que ya está en vigor el real decreto ley que recortó temporalmente los beneficios extraordinarios (windfall profits, beneficios caídos del cielo) por el alza del precio del gas, texto combatido enérgicamente por Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola. Y añaden que en paralelo está en tramitación otra norma, muy similar, que minorará la retribución extra que obtienen estas centrales por el alza del CO2 que no emiten y que son anteriores al nacimiento del mercado europeo de carbono.

La dificultad de convencer a Alemania

"Ya tenemos la fiscalidad de los windfall profits, somos los únicos, así que muy malamente podemos apretar más a las eléctricas. Hay que justificar por qué se carga más en impuestos a unos sectores y no en otros", razonan. "Hay muchas formas de limitar los beneficios de las eléctricas, y topando precios ya lo haces", apuntan desde el Ministerio de Hacienda, en línea con la voluntad de Ribera. La duda aún no resuelta es hacia dónde inclinará la balanza Sánchez: si priorizará el consenso con los morados o el acuerdo con el PP de Alberto Núñez Feijóo. Ya ha repetido, ante sus socios, que España "estará donde tiene que estar y hará lo que tenga que hacer", argumento que ha esgrimido para defender tanto el envío bilateral de armas a Ucrania como el aumento del gasto militar. En la cúpula socialista insisten en que el mensaje de "unidad" y de pacto en una situación de auténtica "emergencia", que obliga a todos a ceder, apela "tanto al PP como a Unidas Podemos".

En la cúpula socialista remarcan que el mensaje de "unidad" ante una situación de "emergencia" apela tanto al PP como a Unidas Podemos

El jefe del Ejecutivo visitó este jueves Rumanía, el segundo país de su gira europea. Los dos países coinciden en la necesidad de desacoplar el precio del gas del de la electricidad. "Es importante que la UE actúe de manera urgente y no posponga la decisión", sostuvo Sánchez desde Bucarest, en una comparecencia sin preguntas con el presidente del país, Klaus Iohannis. Pero este viernes es la jornada clave, porque primero se reúne en Roma con los primeros ministros de Italia, Mario Draghi; Portugal, António Costa, y Grecia, Kyriakos Mitsotakis, para engrasar la alianza de los países del sur de cara al Consejo Europeo, y después volará a Berlín. Allí intentará convencer al canciller alemán, el socialdemócrata Olaf Scholz, de la necesidad de rediseñar un mercado energético "disfuncional", que tira hacia arriba los precios por la desorbitada subida del gas, la última tecnología en entrar en el sistema marginalista. Sánchez aboga también por compras conjuntas de gas, interconexiones energéticas, diversificar el suministro y acelerar el desarrollo de las renovables.

Mientras, la presión de la calle va en aumento. El Gobierno se enfrenta desde el lunes a una huelga indefinida convocada por la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte, paro que no secundan las asociaciones mayoritarias del sector y con las que el Ministerio de Transportes firmó la paz en diciembre del año pasado. Para el Ejecutivo, quienes impulsan la huelga, que ya se nota en el aprovisionamiento de los supermercados, son "grupos minoritarios apoyados por la ultraderecha" que "no pueden sustituir la palabra por las piedras", manifestó la titular de Transportes, Raquel Sánchez.

Inquietud por las movilizaciones

La plataforma, por su parte, niega etiquetas ideológicas y se reivindica como el sector base dentro del transporte, "el que realmente lleva, mueve y trae las mercancías", según su presidente, Manuel Hernández, informa EFE. El Ejecutivo no aceptará "ningún chantaje" ni el "boicot" de una "minoría", abundó la ministra portavoz, Isabel Rodríguez. Según informó Interior, son 23.598 los efectivos de Guardia Civil y Policía desplegados en total para "reprimir actos violentos" de los huelguistas, "garantizar el suministro de bienes de primera necesidad y el funcionamiento de los servicios públicos" y asegurar "el derecho al trabajo de la mayoría de transportistas que no secundan el paro ilegal".

El Gobierno ha desplegado a casi 24.000 efectivos para garantizar el suministro de bienes amenazado por el paro "ilegal" de transportistas, y habla de un "boicot" de una "minoría" de "ultraderecha"

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Precisamente este jueves el Congreso convalidó, con el respaldo de todos los grupos y la abstención de Vox, el decreto ley sobre el transporte de mercancías por carretera que Raquel Sánchez había pactado con la patronal mayoritaria a finales del año pasado. El texto incluye una revisión del precio del transporte por variación del precio del combustible. La ministra se ha comprometido a plantear "nuevas medidas", y de manera "ágil, inmediata y contundente", que mitiguen las consecuencias del alza de los carburantes, entre ellas la anunciada bajada de impuestos.

El sábado llegará el turno de las movilizaciones lanzadas por Vox en toda España y, el domingo, la manifestación del campo en Madrid. El Ejecutivo ya aprobó el pasado martes en Consejo de Ministros un paquete de medidas extraordinarias para hacer frente a los efectos de la sequía, y se ha desplegado, junto con el PSOE, en las últimas horas para compilar todas las iniciativas aprobadas en esta legislatura a favor del mundo rural. No es una cuestión menor. Los socialistas están preocupados por las movilizaciones. Más aún a las puertas de unas elecciones en una comunidad, Andalucía, en la que el voto de los pueblos se ha decantado tradicionalmente a su favor y que ahora podría virar hacia Vox.