Aragonès desbroza su camino hasta 2023 con los 'comuns' ante los recelos de Junts

En la covidiana puesta en escena del pacto entre el 'president' y Jéssica Albiach no estaba presente el arquitecto de los presupuestos, Jaume Giró. La razón, como expresa una fuente posconvergente, es que lo que se saludaba solo era un "pacto entre ERC y 'comuns'. Junts solo ha votado las enmiendas de ERC y Junts que incorpora peticiones de los 'comuns'". Y es que para la fuerza posconvergente, la mayoría del Govern sigue siendo "la del 52%", es decir, la tripartito independentista.

Desbrozado el doble camino presupuestario, triple si se incluye el de la ciudad de Barcelona, cae ya la toalla que cubría los volúmenes del gran elefante que ocupa el Palau de la Generalitat con Pere Aragonès y que no es otro que la mesa de negociación y diálogo. La columna vertebral del 'aragonesismo' y el comodín que le sirve de para escupir las acusaciones de ser un émulo del 'peix al cove' de la Convergència hegemónica.

Una mesa de diálogo y negociación a la que Junts y la CUP quisieron darle un plazo para mostrar su efectividad. Plazo que vence, oh sorpresa, en el 2023. En el mismo año que, municipales aparte, Pedro Sánchez deberá de lidiar también con las autonómicas del régimen general, y sus 'barones' territoriales, y unas elecciones generales que se inscriben en ese año que va cogiendo ya una mística casi maya. Un escenario que permite anticipar pocas audacias del líder socialista.

De momento, ambos gobiernos señalan que se está trabajando de manera discreta y que la plasmación pública de ello tendrá lugar a principios del 2022, con toda seguridad en Madrid. "Debería ser en enero"; apunta una fuente del Govern, pero la fecha no está cerrada y ya se sabe que uno entra en un año hasta el 30 de junio.

La mesa de negociación es, en la misma medida que el pilar del 'aragonesismo', el principal objetivo del resto del independentismo que siempre la ha considerado una pérdida de tiempo. Ante esas turbulencias que se adivinan ante la posible falta de resultados, Aragonès podrá oponer la estabilidad que le dota unas cuentas que, sin problema, le pueden permitir alcanzar el 2023. Son unas cuentas expansivas, con mucho dinero por repartir entre sectores y territorios tras una época, la de la dureza pandémica que arrastró al PIB catalán a un 11,5% negativo.

Unos presupuestos que, además, y gracias a los 'comuns', le permiten ese giro a la izquierda con la que barnizar esa 'Generalitat republicana' con la que bautiza su gestión. El ahínco en las políticas sociales de todo tipo, además, pretenden ser un banderín de enganche para los republicanos en el área metropolitana donde ERC pretende clavar la mandíbula. No tanto para domeñar al PSC, pues sus feudos son aun incalcanzables, pero si para ir erosionándolos en votos y alcaldías.

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Obviamente, la validez social de estas cuentas ha sido puesta en duda por la CUP. El jueves, en el Parlament, antes de elevar al pleno el proyecto de presupuestos, Eulàlia Reguant aseveró que los presupuestos "no realizaban el giro que se precisaba ya que el Govern se ha doblegado a las presiones de la patronal y el Estado". Los anticapitalistas inician, así, un extraño tránsito en tierra de nadie: por un lado, el socio de investidura de Aragonès (pacto que, como los presupuestos con los 'comuns', Junts tampoco suscribe) y, por el otro, oposición ante el desarrollo de estas cuentas que no les placen.

Una tierra de nadie que deja en el limbo el cumplimiento del pacto de investidura. Los republicanos dicen que sí, que lo cumplirán. Incluso se muestran dispuestos a someterse a la moción de confianza que los anticapitalistas le exigieron para, sí, el año 2023. Aunque ya se verá.