Este lunes, conferencia del presidente en Barcelona

Los indultos del 'procés', a punto de abrir una nueva etapa política

  • El Gobierno perdonará este martes todas las penas de cárcel a los presos del 1-O basándose en argumentos políticos y razones de "utilidad pública". Calvo lideró el viernes una reunión en su despacho para cerrar el grueso de los nueve indultos

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Independentistas participan, el el 26 de junio de 2019, en concentraciones de apoyo a los dirigentes del ’procés’ en el exterior del centro penitenciario de Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona).

Independentistas participan, el el 26 de junio de 2019, en concentraciones de apoyo a los dirigentes del ’procés’ en el exterior del centro penitenciario de Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona). / EFE / SUSANNA SÁEZ

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Juanma Romero
Juanma Romero

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Pocas legislaturas llegan a durar ya cuatro años, pero aún menos tardan en cambiar las etapas en la relación entre Catalunya y España. El otoño de 2017 lo cambió todo. A los dos años, la sentencia del 'procés' removió de nuevo los cimientos. Y menos tiempo ha hecho falta para que otro acontecimiento político de envergadura, los indultos a los líderes del 1-O y la DUI, inaugure este martes el enésimo ciclo político. Tan incierto como los anteriores, pero cuyas bases están selladas sobre el compromiso de la distensión.

Fue el 25 de mayo, en Bruselas, cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó que sí, que avalaba los indultos. Desde entonces, el Ejecutivo ha ido armando una estrategia de doble cara: por un lado, desplegar una campaña larga en el tiempo, de un mes, para hacer pedagogía y exponer el porqué de la medida; y de otro, mantener a resguardo todos los detalles de nueve expedientes, de unas 30 páginas cada uno -los tres restantes ya están resueltos, al referirse a los 'exconsellers' Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Borràs, que han cumplido ya íntegramente su pena de multa e inhabilitación-, sobre los que han ido trabajando la vicepresidenta primera, Carmen Calvo; el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el secretario general de la Presidencia, Félix Bolaños. Los tres remataron los detalles en una reunión el pasado viernes en el despacho de Calvo, tal como avanzó este domingo 'El País' y confirmó este diario.

El círculo ya se va cerrando. Sánchez redondea la explicación y su equipo y él mismo lanzan señales inequívocas de que el Consejo de Ministros abordará los indultos este martes, 22 de junio. Nadie confirma oficialmente la fecha aún -se da por sentado que lo hará el propio presidente este lunes en Barcelona-, pero esa es "muy probable", según señalan en su equipo más cercano. Otro indicio: este lunes por la tarde se reunirá la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, el filtro previo al Consejo de Ministros que preside Calvo y que suele convocarse los jueves, pero raramente lo hace los lunes salvo que haya que validar una decisión de gran trascendencia o haya un punto nuevo en el orden del día que haya que analizar.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su llegada a un acto de homenaje a la comunidad educativa, este 19 de junio en la Moncloa. 

/ EUROPA PRESS / ISABEL INFANTES

Además, la Moncloa quiere separar el refrendo de los indultos de la aprobación, el jueves, en un Consejo de Ministros extraordinario, del real decreto ley que pondrá fin a la obligatoriedad de las mascarillas en exteriores el 26 de junio. Aun así, si finalmente este martes no se elevaran los expedientes de los presos, se haría una semana después, el 29 de junio.

Refutar el "autoindulto"

Los indultos serán parciales -no pueden serlo totales, al haber informe negativo del tribunal sentenciador-, y según subrayan fuentes gubernamentales a EL PERIÓDICO, supondrán la conmutación de toda la pena de prisión que quede por cumplir, tanto por los delitos de sedición como por los de malversación. En cambio, se les mantendrá la inhabilitación para ejercer cargo público. Además, será una medida reversible: se condicionará la libertad a que los condenados no vuelvan a cometer el delito. "Si lo vuelven a hacer, el Estado ha demostrado fortaleza para no permitirlo", advirtió este domingo desde Sevilla el ministro de Transportes y número tres del PSOE, José Luis Ábalos.

El Ejecutivo, en sus escritos individualizados por cada uno de los nueve presos, busca rebatir asimismo una de las afirmaciones del Supremo en su informe negativo: que el Gobierno busca el "autoindulto", algo prohibido expresamente por el artículo 102.3 de la Constitución, ya que algunos de los que aspiran a beneficiarse del derecho de gracia son líderes de partidos que, "hoy por hoy, garantizan la estabilidad del Gobierno llamado al ejercicio del derecho de gracia". El Gabinete de coalición arguye que la Carta Magna se refiere solo al Ejecutivo, que no se puede perdonar a sí mismo, no a sus aliados parlamentarios.

El perdón se justificará por razones de "utilidad pública", uno de los tres supuestos que contempla la ley de 1870 que regula los indultos (los otros dos son justicia y equidad). En estas semanas, el propio Sánchez ha marcado la pauta en la argumentación de la medida de gracia, que tendrá un fuerte carácter político, favorecido por el viraje del líder de ERC, Oriol Junqueras, en sus tesis sobre la unilateralidad. Porque la "convivencia" impregna los "valores constitucionales", dijo primero, y no la "revancha", término este que desapareció desde entonces, para no dar a entender que cumplir una sentencia es "venganza".

Los nueve expedientes, que mantendrán las inhabilitaciones, pueden pasar este lunes el filtro de la Comisión de secretarios de Estado y Subsecretarios

Después, el presidente se afanó en la necesidad del "reencuentro" de la sociedad catalana y de Catalunya con el resto de España. Enseguida afirmó que asumía el desgaste de la iniciativa, porque el mayor coste "sería dejar las cosas tal como están". Más tarde, su Gobierno y él mismo expresaron su "comprensión" hacia los ciudadanos que sienten "reparos" hacia una medida pensada no para beneficiar a los afectados, sino al conjunto de la sociedad.

Quién puede recurrir

A toda la ciudadanía reclamó un "voto de confianza" en el Ejecutivo. Recetó "magnanimidad", porque un Estado fuerte también sabe ser generoso en aras de la "convivencia". El pasado viernes, en Barcelona, añadió una razón más: los indultos son positivos para la normalización económica. "La discordia partidista y territorial también es un lastre económico", sostuvo.

El principal riesgo legal que existe para el Ejecutivo es que alguien recurra los indultos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Quién puede hacerlo será lo primero que tendrá que resolver su Sección Quinta, porque, a priori, los partidos políticos no tienen legitimación para ello. Vox lo tendrá más fácil que el PP, al haber sido ya acusación popular en el juicio que se siguió por la vía penal. También podría recurrirlo un colectivo catalán que pueda acreditar que es víctima de los hechos por los que fueron condenados.

Los políticos independentistas presos en la cárcel de Lledoners, en diciembre de 2018.

/ ÒMNIUM CULTURAL

Los representantes de la fiscalía en esa fase ya no serán los que ejercieron la acusación en el juicio, pues se organizan por jurisdicciones. Los de lo Contencioso son los encargados de velar por la legalidad ante esta sala, no de condenar a un acusado. En caso de recurso, su labor será determinar si la concesión ha sido arbitraria o, por el contrario, cumple con los requisitos que marca la ley y los límites que estableció la sentencia que anuló el perdón otorgado a un conductor kamikaze por falta de motivación.

La última escala en ese viaje hacia los indultos la protagoniza Sánchez este lunes en Barcelona, con un acto en el Liceu ante 300 invitados. Una puesta de largo que sigue los cánones de otros actos estrella preparados por la Moncloa. Sánchez afinará más esa labor de pedagogía que le ha permitido acallar las voces críticas en su partido y empezar a cambiar el clima.

La conferencia, titulada 'Reencuentro: un proyecto de futuro para toda España', contará con representantes institucionales -ninguno de la Generalitat-, de la política, de organizaciones empresariales y sindicales, "asociaciones civiles catalanas y profesionales de distintos sectores, como la universidad, la cultura, el deporte y los medios de comunicación". 

Lo que ya está también claro es que el acuerdo del Consejo de Ministros será previo a la reunión en la Moncloa de Sánchez con el 'president', Pere Aragonès, tras la cual se producirá el segundo encuentro de la mesa de diálogo Gobierno-Generalitat, aún sin fecha. De momento, distancia y frialdad ha sido el comportamiento público del Ejecutivo catalán y del propio Aragonès en todo el proceso que puede conducir a la excarcelación de los líderes del 1-O.

Aragonès encara con distancia y frialdad la medida, que allanará su cita con Sánchez y la mesa de diálogo

Una voluntad palpable de demostrar que esta iniciativa les es ajena y que no la han demandado, pero que, a la vez, como no podría ser de otro modo, les satisface, sobre todo, por los reos y sus familias. La gestión de Sánchez, capaz de domar a los leones de su partido, los más veteranos y los más feroces, y de aislar a Pablo Casado de su público natural, el empresariado, ha sorprendido, asimismo, en las altas instancias de ERC.

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Pero, por encima de todo, existe un temor en las filas republicanas: que se asiente la idea de que con los indultos se ha arreglado todo, que es el final de una etapa, cuando, según ellos, es al contrario, es apenas el inicio. Ni se arreglan los "efectos de la represión", y ahí están "los exiliados y los 3.000 represaliados", apuntan, ni, sobre todo, se encauza el conflicto político. Las soluciones republicanas, sabido es, para lo primero es la amnistía y, para lo segundo, la autodeterminación.

Sánchez explicará los indultos ante el Congreso el 30 de junio. No será la primera vez que afronte las críticas de las derechas, muy duras contra la medida de gracia. Pero ahora tiene a su favor un cierto cambio del clima, que viró tras el fiasco de la concentración de Colón y el aval a los indultos del Congreso, los sindicatos, Foment del Treball, el Cercle d'Economia, los obispos catalanes y, aunque con matices, el presidente de la CEOE.