Radiografía a 40 años de indultos en España

Con el posible indulto a los presos del 'procés' se especulaba incluso antes de que pesara sobre ellos una condena. El Gobierno ha evitado pronunciarse y ganado tiempo mientras la justicia dirimía, pero la medida de gracia está ahora inevitablemente en manos del Ejecutivo. Pedro Sánchez aseguró que "el acatamiento de la sentencia significa su íntegro complimiento", descartando aplicar una medida cuyo uso se había mantenido menguante hasta la llegada del socialista a la Moncloa. 

El Gobierno indultó a 28 personas en 2020, 11 menos que en 2019 cuando fueron 39, más del doble que las 17 que recibieron el perdón el año anterior, aunque siguen siendo menos del 1% de las solicitudes presentadas. Se rompió una tendencia a la baja que se mantenía desde el 2012. Lejos quedan aquellos años en los que los indultos se contaban por cientos, como los 501 del 2012, o incluso por miles, como los más de 1.700 del año 2000.

Aunque nació con carácter provisional, la ley del indulto mantiene casi intacta su redacción desde 1870. Los cambios más significativos fueron en 1988, para eliminar la necesidad de motivar su concesión, y en el 2015, para añadir la exigencia de transparencia al Gobierno informando cada seis meses al Congreso de sus decisiones. Aunque este último punto no siempre se ha respetado: hasta que este mismo verano el Ejecutivo ha presentado los datos pendientes, el último informe correspondía al primer semestre de 2017. 

Mariano Rajoy se comprometió a no indultar a condenados por corrupción, pero 6 de los 26 indultados en el 2017 cumplían penas por prevaricación, un delito que el CGPJ sí incluye en esta categoría. Para Justicia, no se trataba de "corrupción propiamente política", por lo que el delito queda fuera de esa consideración. En el 2018 y el 2019, ninguno de los indultados lo fueron por estos delitos, pero recibieron el perdón sindicalistas sentenciados por su participación en piquetes o un exalcalde del PSOE condenado por obstrucción a la justicia y coacciones cuyas solicitudes llevaban años guardadas en un cajón.

Una ley provisional… de 1870

El indulto es una prerrogativa del Gobierno, pero son los condenados, sus familiares o cualquier otra persona en su nombre, incluso el propio tribunal que dictó la sentencia, quienes pueden solicitarlo. Puede ser total o parcial, aunque para el primero tiene que haber "razones de justicia, equidad o utilidad pública" a juicio del tribunal sentenciador y del Consejo de Estado. Además, siguen dejando una mancha en los antecedentes penales. Incluso la inhabilitación de los cargos públicos puede ser indultada, si así lo indica el Gobierno expresamente. 

La ley obliga al Ejecutivo a solicitar un informe sobre la conducta del penado al jefe de la prisión donde cumpla la condena, escuchar las recomendaciones del Fiscal y pedir también un informe previo al tribunal sentenciador sobre si considera conveniente o no el indulto. No es público y tampoco vinculante, por lo que el Ejecutivo puede hacer caso omiso. De hecho, 2 de los 39 indultos concedidos el último año tenían informe desfavorable tanto del Ministerio Fiscal como del Tribunal sentenciador, y otros 7 solo contaban con uno de los informes a favor. Las últimas cuatro comisiones de Justicia del Congreso han intentado, sin éxito, abordar su reforma; la última de ellas ampliando el foco de la lucha contra la corrupción al 'procés'.

Indultos ilustres

Suele decirse que el poder se perdona a sí mismo. Y la hemeroteca parece darle la razón. Al exministro socialista José Barrionuevo y a su secretario de Estado Rafael Vera les fueron perdonados dos tercios de las penas a las que fueron condenados por el secuestro de Segundo Marey por los GAL. Era 1998 y gobernaba José María Aznar. Cuatro años antes fueron los socialistas los que indultaron al alcalde de Marbella Jesús Gil, que había sido condenado por estafa, con la condición de que no volviera a cometer delito durante el tiempo de normal cumplimiento de la condena. Con esta medida de gracia también fue bendecido el consejero delegado del Banco Santander Alfredo Sáenz pese al criterio contrario del Tribunal Supremo. La decisión la tomó José Luis Rodríguez Zapatero estando en funciones.

Sobre la concesión de indultos se delibera en los consejos de ministros, pero rara vez se da cuenta de ellos en la posterior rueda de prensa. Los nombres agraciados solían permanecer ocultos en las páginas del BOE. En muchos casos se concedían por cientos aprovechando la celebración de la Semana Santa como argumento para el perdón. El caso más llamativo fue el año 2000, cuando el ministro popular Ángel Acebes batió todos los récords de concesión de indultos con el argumento de que el Papa había pedido "gestos de clemencia con los penados" con motivo del Año Jubilar.

Hasta 1.443 indultos de una vez. Entre ellos se encontraba el exjuez Javier Gómez de Liaño, condenado por un delito de prevaricación continuada en el llamado 'caso Sogecable' y contra el criterio del Supremo; Teresa Moreno Maya, 'Tani', condenada por matar a un marido que la maltrataba; y los condenados por financiación irregular en el 'caso Filesa', los socialistas Carlos Navarro, Luis Oliveró y Alberto Flores, además de alcaldes relacionados con prácticas irregulares y casos de corrupción.

Golpistas y condenados por torturas

En 1988, fue un Gobierno socialista el que indultó al exgeneral Alfonso Armada, condenado a casi 30 años por su colaboración en el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Armada llevaba cinco años en prisión por rebelión y sufrió una embolia. Fueron estos problemas de salud los que justificaron la medida de gracia. Cuatro años antes había sido indultado otro capitán, Vicente Gómez, también implicado.

En el 2012, un manifiesto firmado por más de 200 jueces arremetía contra la "afrenta al Poder Judicial" y el "ejercicio abusivo del poder ejecutivo" por indultar a cuatro mossos que habían sido condenados por torturas. El Consejo de Ministros les concedió un primer indulto parcial, pero la Audiencia Provincial de Barcelona se negó a concederles la suspensión de la pena de dos años de cárcel. Los cuatro solicitaron un nuevo indulto y evitaron así la prisión. Entre los jueces firmantes de aquel manifiesto estaba la actual ministra de Defensa, Margarita Robles.

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