El Gobierno empezará a tramitar los indultos de los presos del 1-O la semana próxima

El Gobierno empezará a tramitar el expediente de indulto de los presos independentistas la semana próxima, anunció esta mañana el ministro de Justicia, Juan Carlos <strong>Campo</strong>. Es el único dato que dio Campo en la sesión de control al Ejecutivo en una respuesta a Laura Borràs, portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso. Este proceso llegará pocos días después de que el Ejecutivo de coalición PSOE y Unidas Podemos haya confirmado que se dispone a revisar el delito de sedición en el Código Penal, un cambio que podría beneficiar a los independentistas encarcelados.

El Ejecutivo tiene sobre la mesa el indulto de los 12 condenados por la celebración del referéndum del 1-O, que ha sido solicitado por sindicatos, expresidentes del Parlament de Catalunya y otros colectivos. Una de ellas, del abogado Francesc Jufresa, instó la concesión de la medida de gracia a todos los condenados. Según Justicia, se registró en enero por el colapso existente en el servicio provocado por los meses durante los que el Gobierno estuvo en funciones y la pandemia. Ese atasco demoró el registro de las primeras solicitudes que llegaron al ministerio en octubre.

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"Es dar cumplimiento a la ley —relató pasada la una de la tarde el propio ministro en una entrevista en 'Al rojo vivo' (La Sexta)—. Lo hemos dicho en sede parlamentaria en varias ocasiones: en cuanto tocara tramitar los expedientes de indulto, irían. Desde principios de enero han ido presentándose, pero es verdad que había un gran retraso. Nos ha cogido la pandemia, con lo cual ha habido una paralización importante. Ahora se pone en marcha lo que hubiera sido natural que se hubiera puesto en marcha hace un tiempo: la iniciación de un procedimiento obligado legalmente". Esta era la lectura que ofrecían otros altos cargos del Ejecutivo consultados: se trata de un procedimiento administrativo, del que no se puede prejuzgar el resultado final ni la decisión que adopte el Consejo de Ministros. 

Campo señala que el trámite ha de hacerlo por fuerza, pero "es prematuro" saber qué decisión se tomará 

Preguntado por si esta medida es un guiño al independentismo o si se busca "desinflamar" el conflicto político, el ministro subrayó que el Gobierno ya ha manifestado que cree en el diálogo y en la actuación de la política. Pero, "en paralelo", hay un derecho que tienen los condenados o terceras personas para solicitar la medida de gracia. Además, el Ejecutivo —algo que también confirmó él mismo en la sesión de control— impulsará una revisión de los delitos de sedición y rebelión para acompasarlos a la doctrina europea, para poner el Código Penal español a la altura de las legislaciones alemana, francesa o italiana, puesto que el tipo actual tiene una configuración de hace 200 años. 

Borràs se ha mostrado algo escéptica con el anuncio. “Veremos en qué se concreta […]. Que los tramiten no quiere decir que los concedan”, dijo poco después en el patio del Congreso mientras admitía su sorpresa por las palabras de Campo. La diputada le había preguntado al ministro por la “judicialización” del conflicto catalán y le había pedido que el Ejecutivo intente sacarlo al “campo político”. “Los indultos no me interesan a mí ni a Junts per Catalunya, como ha dicho Campo. Solo permitirían que se acabara con una injusticia. Nosotros pedimos una solución política que estaría más cerca de la amnistía que del indulto”, continuó la dirigente separatista.

El trámite suele superar el medio año, y en ese plazo influye mucho lo que tardan los informes que es obligatorio recabar, tanto de Fiscalía como del tribunal sentenciador. El Gobierno está obligado a activar el proceso por el mero hecho de que ha sido solicitado, subrayan fuentes del ministerio. "Estamos a punto de que haga un año" de las primeras peticiones, ha asegurado por su parte el primer secretario del PSC, Miquel Iceta. Durante el estado de alarma que suspendía los plazos procesales, Justicia se vio obligada a levantarlos en lo relativo a indultos para desatascar su resolución, ya que se presentan unos 2.000 al año. 

En qué consiste la tramitación

Para que Justicia eleve una propuesta de resolución al Consejo de Ministros es imprescindible solicitar dos informes, que es lo que constituye el núcleo de la tramitación: uno a la fiscalía y otro al tribunal sentenciador, que en este caso fue el Tribunal Supremo, que para redactarlo recabará a su vez otro de Instituciones Penitenciarias. Estos informes son preceptivos, pero no vinculantes, aunque resultaría muy controvertido pronunciarse a favor de un indulto si ambos han sido contrarios, lo que es fácil de presumir teniendo en cuenta que el de la Fiscalía corresponderá a los fiscales que ejercieron la acusación en el juicio del 'procés' en el que defendieron la condena por rebelión.

Una vez recabados esos informes, el ministerio elabora su propuesta definitiva al Consejo de Ministros sobre "la justicia o conveniencia y forma de la concesión de la gracia" y se publica en el Boletín Oficial del Estado.  

El Gobierno debe solicitar un informe a la fiscalía y otro al tribunal sentenciador

Durante la tramitación en el expediente se han acumulado todas las peticiones relativas a cada uno de los condenados, cuya petición se resuelve de forma individual. En los respectivos expedientes se hace constar "la edad, estado y profesión, su patrimonio, sus méritos y antecedentes, el tiempo transcurrido en prisión preventiva, si fue con anterioridad procesado y condenado por otro delito, y si cumplió la pena impuesta o fue indultado, además de circunstancias agravantes o atenuantes".

Campo negó en La Sexta que su anuncio tenga que ver con la proximidad del aniversario del referéndum unilateral del 1-O o de la sentencia del 'procés'. Indicó que había varias solicitudes, la última de las cuales presentadas el 4 de septiembre, y ahora se cursarán. "Estamos en un momento de salida de la pandemia y el ministerio está cogiendo ritmo en cuanto a la tramitación de expedientes de nacionalidad y de indultos". 

Los informes de la fiscalía, del tribunal sentenciador y de Instituciones Penitenciarias, dijo, han de ser "atendidos", pero en el sentido de que han de ser "analizados", como indica la ley que regula este derecho, de 1870. Ahora bien, añadió el ministro, "hay que distinguir el ámbito de legalidad, por el que se rigen los tribunales, y el derecho de gracia". Campo pidió calma: "Creo que se va a hacer todo con rigor, con transparencia, y ya iremos viendo lo que dicen los tribunales y en su momento qué decisión adopta el Gobierno". "Es prematuro" saber qué hará el Consejo de Ministros, siguió, dirigiéndose a Pablo Casado, para quien la resolución ya está escrita y es "el precio de la investidura" de Pedro Sánchez. "Le pediría al PP lo que reclama la sociedad: sosiego, serenidad y debate". El responsable de Justicia advirtió de que su ministerio está obligado a dar cuenta al Parlamento de los indultos concedidos. 

Campo puntualizó que indultos y reforma del Código Penal van por carriles distintos. También porque el primero tiene un horizonte temporal "incierto", ya que la tramitación se puede alargar "hasta ocho o diez meses". Antes de fin de año, sin embargo, el Gobierno prevé tener lista la revisión de la sedición y la rebelión para enviarla a las Cortes.

No habrá "reforma exprés" de la sedición porque contará con informes previos y debate en las Cortes

El ministro hizo hincapié en que "no cabe pensar en una reforma exprés", porque contará con "todos los informes necesarios" previos —del Consejo Fiscal, del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado—, y después habrá un debate parlamentario, el que "corresponde a una ley orgánica". "No cabe hacer cosas meteóricas porque estaríamos haciendo un mal resultado y un mal artículo del Código Penal".

El Gobierno "aquilatará lo mejor posible" las adecuaciones que pidan los órganos consultivos a los "requerimientos de los países de referencia" (Alemania, Francia e Italia) y a lo que estimen las Cámaras. "Hablar de reforma exprés es algo absolutamente gratuito", indicó. Eso sí, no dejó claro si el Ejecutivo pedirá que se tramite esa modificación legal por el procedimiento de lectura única, que acorta los tiempos, ya que haría que el proyecto de ley solo pase por el pleno de Congreso y Senado, prescindiendo de su debate en ponencia y comisión.