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LEGISLACIÓN

La ley de indultos se encuentra en plena (y polémica) reforma en el Congreso

El PSOE impulsó los cambios para evitar el perdón a corruptos y maltratadores

El PP rechaza que beneficie a condenados por rebelión o sedición y Cs lleva el debate a la calle

Míriam Ruiz Castro

El Congreso de los Diputados.

El Congreso de los Diputados. / REUTERS

El pasado martes, mientras el Congreso votaba una moción de Ciudadanos sobre la futura y supuesta concesión de indultos a los líderes independentistas encarcelados, a las puertas del Congreso aguardaba un autobús de la plataforma alentada por el partido naranja, España Ciudadana, con los rostros de Junqueras y Puigdemont y gruesas letras blancas en las que se podía leer “indultos no”. Si el caballo de batalla de PP y Cs después de la moción de censura fueron los “socios separatistas” que habían aupado a Pedro Sánchez a La Moncloa, ahora lo es la posibilidad de que el presidente del Gobierno “devuelva el favor” a ERC y PDeCAT en forma de indulto. Un indulto a unos políticos en prisión preventiva sobre los que todavía no pesa condena alguna y que ha embarrado el debate en el Congreso con gritos de “golpistas” y “fascistas”, la expulsión de Gabriel Rufián del Pleno e incluso la acusación a su compañero Jordi Salvador de haber escupido al ministro de Exteriores.

El Gobierno defiende que comprometerse a negar la posibilidad de indulto a los líderes del procés sería contrario a la ley actual, que indica que puede aplicarse “para todo tipo de reos” sin excepciones. Y este argumento le ha servido para no tener que pronunciarse en un sentido u otro. Ahora, Ciudadanos quiere trasladar el debate a las calles y convocó una manifestación este sábado en Madrid. Lo mismo hará el partido de ultraderecha Vox una semana más tarde.

Reforma que cambia de interés

El debate sobre los indultos a los presos independentistas llega con la reforma de la ley que la regula y que está atascada en la Comisión de Justicia del Congreso. Y es aquí donde el PP ha centrado su batalla. La reforma parte de una iniciativa del PSOE en 2016 que pretendía eliminar la posibilidad de indultar a condenados por violencia de género o a cargos públicos sentenciados como corruptos. Y ello incluye la malversación, que sobrevuela sobre los líderes independentistas.

Nadie contemplaba entonces que Catalunya acabaría llevándose el protagonismo en una reforma que surgía como antídoto al que eternamente se situaba entre los principales problemas de los ciudadanos: la corrupción. Los populares introdujeron una enmienda para vetar los indultos a los condenados por rebelión o sedición, con la vista puesta en el procés. Cs, en cambio, no ha añadido ninguna enmienda en esa línea. Ahora, después de que la iniciativa haya estado dormida desde febrero, PP y Cs acusan de “bloqueo” de los socialistas, que han solicitado la comparecencia de expertos dilatando de nuevo el proceso.

¿Deben solicitar los condenados ser perdonados?

Hasta tres veces negó Joan Tardá que los miembros de ERC vayan a pedir un indulto en caso de ser condenados. “Nunca, nunca, nunca”, dijo en Onda Cero. Pero la ley, tal y como está ahora redactada, no exige que sea el preso quien inicie el procedimiento.

La ley obliga al Gobierno a solicitar un informe sobre la conducta del penado al Jefe de la prisión donde cumpla la condena, escuchar las recomendaciones del Fiscal y pedir también un informe previo al Tribunal sentenciador, que en el caso de los políticos catalanes es el Supremo, en el que éste se pronuncie sobre si considera conveniente o no el indulto. No es público y tampoco vinculante, por lo que el Ejecutivo puede hacerle caso omiso.

Algunos de los grupos han aprovechado sus enmiendas ahora en tramitación para matizar este punto: la iniciativa socialista pide que el informe del tribunal sentenciador tenga que ser favorable solo en caso de indulto total. El PNV enmienda el artículo para incluir que la última palabra la tenga el Gobierno, mientras que precisamente ERC pretende que no se pueda conceder cualquier tipo de indulto si no es con un informe favorable del tribunal sentenciador.

El artículo 6 de la ley recoge que la pena de inhabilitación de los cargos públicos no se considera indultada a menos que así lo indique el Gobierno expresamente. Y ningún partido ha planteado modificar este punto en sus enmiendas.

El caso del conductor kamikaze

Además, cuando se concede la medida de gracia no hay marcha atrás. Puede ser impugnado ante el Tribunal Supremo pero solo por una cuestión formal. Es lo que ocurrió en uno de los indultos más polémicos de la legislatura pasada: el Ejecutivo eximió parte de la pena de un conductor “kamikaze” valenciano que causó la muerte de un joven en un accidente de tráfico. El Supremo admitió el recurso de la familia de la víctima y anuló la medida de gracia, dando tres meses al Gobierno para volver a indultar al conductor; esta vez señalando las «razones de justicia, equidad o utilidad pública» que exige la ley. Pero el Gobierno no lo hizo. Más allá de lo contemplado en la ley, la opinión pública llevaba meses vigilando los ya entonces polémicos indultos, y su uso era cada vez más limitado.

En 2017 se concedieron 26 indultos, la cifra más baja en los últimos 10 años y muy lejos de los 501 del año 2012. Aunque Mariano Rajoy se comprometió a no indultar a condenados por corrupción, 6 de los 26 cumplían penas por prevaricación, un delito que el CGPJ incluye en esa categoría. Aún así, lejos quedan los tiempos en los que los dos ministros socialistas condenados por detención ilegal y malversación, José Barrionuevo y Rafael Vera, fueron indultados con el Gobierno de Aznar.