Sequía alarmante

La preocupante falta de lluvia de los últimos meses en el conjunto de España, imposible de disociar de los efectos del cambio climático, empieza a plantear escenarios de restricciones en el consumo de agua que no se veían desde hace años. Durante la reunión ayer de la Mesa de la Sequía, en la que representantes del Gobierno, de las comunidades autónomas y de las organizaciones agrarias y de regantes abordaron el problema de la escasez de agua, los portavoces de los agricultores (ante la falta de propuestas concretas del Ejecutivo) pidieron ayudas directas y fiscales para el sector, además de una flexibilización de la PAC (política agraria común), ante la imposibilidad de cumplir con los requisitos por la pérdida de cosechas. Y, como medida urgente, demandaron la promulgación de un real decreto de sequía. 

La situación no admite demoras. En Catalunya, por ejemplo, las cuencas internas apenas albergan una cuarta parte de la capacidad de los embalses. Y tal como ya ha advertido la Cuenca Hidrográfica del Ebro, las reservas de agua en el Segre (en estado de emergencia desde hace un año) no pueden garantizar el regadío de los cultivos, mientras que los regantes del Canal d’Urgell se plantean pedir la declaración de zona catastrófica. Por si fuera poco, la persistencia de la sequía está teniendo efectos negativos en la estabilización de los precios de los alimentos: al haber menores cosechas, la oferta escasea y provoca una tendencia inflacionista en los precios de los productos agrícolas.

La respuesta inicial del Gobierno fue la de anunciar inversiones millonarias para promover regadíos sostenibles, además de trabajar en la digitalización de las comunidades de regantes y de reforzar la cooperación de los planes hidrológicos del Ministerio de Industria con el PERTE Agroalimentario y del ciclo del agua. La Generalitat, por su parte, además de pedir al Ejecutivo ayudas directas para agricultores y ganaderos, solicita fondos para la construcción urgente de una nueva potabilizadora en el Besòs y de una desalinizadora en el río Foix, junto a la ampliación y mejora de las infraestructuras acuíferas existentes. Todo ello implicará unos costes energéticos, en cuanto a saneamiento y abastecimiento, bastante elevados. La sequía ha despertado el interés en proyectos punteros como la regeneración de agua, que tendrá unos efectos muy positivos;pero causa decepción que este impulso solo se haya producido cuando la crísis hídrica ya era una realidad, mientras que en los años anteriores hubo una gestión insuficiente de las infraestructuras y apenas se implementaron los planes de actuación diseñados tras la gran sequía de 2008.

Más allá de todas estas medidas que ahora se pondrán en marcha, con efectos que no serán visibles a corto plazo, la realidad inmediata a la que se enfrentan los ciudadanos la anunció el martes el Govern, tras advertir de que si no llueve en los dos meses que quedan de primavera vendrán más restricciones en el consumo a partir de septiembre (que, en casos extremos, podrían pasar por una reducción de la presión del agua o incluso en cortes horarios). El ciudadano está respondiendo ante la gravedad del problema (el consumo medio por persona se ha reducido en cinco litros durante los últimos tres meses, en Catalunya), pero habría sido deseable que las administraciones hubieran actuado con mayor previsión, para no tener que fiarlo todo a la bondad de las lluvias durante las próximas semanas.