¿Cuándo tendré que reformar el ascensor? Plazos, trámites y motivos de la normativa que entra en vigor el 1 de julio

El plazo para adaptarse a la norma empezará a correr en caso de que en la próxima inspección periódica que el ascensor tenga programada se detecte que carece de alguno de los requisitos exigidos a partir de ahora. Las revisiones son cada dos años en edificios industriales o de pública concurrencia; cada cuatro años en bloques con más de 20 viviendas o más de cuatro plantas, y cada seis años en el resto. De apreciarse alguna falta, el término para enmendarla varía según cuál sea la modificación.

La línea de comunicación bidireccional para que pasajeros atrapados en la cabina puedan dar aviso y el control de sobrecarga debe implantarse antes de un año desde que la inspección ordinaria lo ordene. También se permite una demora de hasta un año para corregir una nivelación deficiente y colocar protecciones contra el cierre brusco de puertas. Si ocurre un accidente, el margen en ambos supuestos se reduce a seis meses.

Se otorga a la sustitución de guías y las medidas para reforzar los contrapesos. A partir de la revisión, se permiten tres años como máximo para remodelar ascensores fechados antes del 6 de septiembre de 1952 y que tengan guías de madera o cilíndricas huecas; en los demás casos, disponen de seis años para adaptarse. Para los datados entre el 6 de septiembre de 1952 y el 1 de abril de 1967, también se fija un límite de tres años para los modelos con guías de madera o cilíndricas y de ocho años para el resto. Los ascensores instalados después del 1 de abril de 1967 que deban reemplazar las guías contarán con 10 años de margen.  

Las reparaciones serán obligatorias para los ascensores que no cumplan a rajatabla los criterios de la directriz. “Hablamos de una reglamentación. Las empresas están obligadas a cumplirla y los titulares, también”, recalca De la Fragua.

No ejecutar los arreglos en los elevadores en los plazos delimitados se tipifica como un “defecto grave” que puede ser sancionado. “Los titulares han de pensar que cabe la posibilidad que los técnicos tengan que bloquear el ascensor para dejarlo parado por falta de cumplimiento de la normativa”, alerta Piñero. 

En todo caso, el decreto deja un resquicio para quedar exonerado de obras, “cuando existan condiciones técnicas objetivas que impidan la implantación” de las soluciones exigidas, establece. En ese caso, deberán proponerse “medidas alternativas de seguridad equivalentes”.

Viñas aclara que, para aprobar los trabajos, basta con mayoría simple “de los asistentes que acudan a la reunión” de la junta general de propietarios. “Si en una comunidad de 20 propietarios asisten ocho, cinco sobre tres tomarán la decisión”, pone como ejemplo. Eso sí, puntualiza que se debe ostentar doble mayoría para que la votación tenga validez: además de reunir el mayor número de votos, deben representar también la mayoría de los coeficientes de copropiedad. 

El proceso -al que se ha de añadir la elección de un presupuesto- no suele ser ágil. “La decisión final tarda. Desde que se da la información para tirar adelante una propuesta, cuesta de ocho a 12 meses”, calibra Viñas.

La instrucción técnica recién publicada alega que la anterior regulación ha quedado “desfasada”. Destaca la incorporación de “unidades con nuevos avances tecnológicos”, que amenazan con agrandar las diferencias entre aparatos de no ordenarse unas condiciones mínimas comunes. En ese sentido, advierte de que parte del parque existente no se beneficiaría del “aumento de la seguridad en los ascensores de nueva instalación” de no mediar una regulación.

“Es necesaria, hay instalaciones que, aunque pasan las inspecciones, requieren de un control más estricto”, opina Viñas. Piñero esgrime que el decreto “aporta más responsabilidad al propietario, más exigencia al instalador y más seguridad al ascensor”. Para materializarlo, hay unas 150 empresas registradas en Catalunya. “Se necesitaba tiempo para aplicarlo porque, si no, el sector no lo podía absorber”, reconoce el presidente del gremio.