El proceso del 'procés'

En unas semanas se abrirá en la Sala Segunda del Tribunal Supremo el proceso del 'procés'. A diferencia de la novela inacabada de Kafka, de título homónimo ('Der Prozess'), los encausados podrán salir de la larga pesadilla que padeció su protagonista (Josef K.) y responder finalmente ante la justicia. Desde esta óptica, los primeros interesados en que se ventile judicialmente el caso son los propios procesados: Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Joaquim Forn, Dolors Bassa, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart y Carme Forcadell.

La situación de prisión preventiva en la que se encuentran representa no solo una medida cautelar más que discutible en el plano jurídico, sino también un contrasentido político: los encausados que se sometieron a la justicia están privados de libertad y los que huyeron al extranjero viven instalados en una zona de impunidad por una aplicación restrictiva de la euroorden. Por otra parte, de los cuatro tipos penales que se les imputan -rebelión, sedición, malversación y desobediencia-, los dos primeros han sido cuestionados por notables penalistas y, en su día, podrían no ser validados en la segunda parte del juicio que podría dirimirse ante la justicia europea.

Ni golpistas ni presos políticos

Desde estas premisas, el presidente de la Sala Segunda del Supremo, Manuel Marchena, deberá dirigir la vista oral del proceso y, a buen seguro, lo hará teniendo presente aquel consejo de Montesquieu: "Las leyes inútiles debilitan las leyes necesarias". La presión política irá in crescendo y vendrá de dos frentes opuestos: de los que abogan por una justicia ejemplar -lo contrario de justa- y de quienes afirman, como el 'president' Quim Torra, que no aceptarán otro veredicto que la absolución. Para los primeros, los encausados son unos golpistas; para los segundos, presos políticos, es decir, perseguidos solo por sus ideas y por haber puesto las urnas.

La realidad es más matizada. Los procesados no lo son por su ideario independentista, sino por haber aplicado la vía unilateral: desde la resolución sobre el inicio del proceso hasta la aprobación de las leyes de referéndum y de transitoriedad jurídica, la consulta del 1-O y la declaración de independencia. El Tribunal Constitucional lo advirtió de manera precisa: "La primacía de la Constitución no debe confundirse con una exigencia de adhesión positiva a la norma fundamental, porque en nuestro ordenamiento constitucional no tiene cabida un modelo de democracia militante. El planteamiento de concepciones que pretendan modificar el fundamento mismo del orden constitucional tiene cabida en nuestro ordenamiento, siempre que no se prepare o defienda a través de una actividad que vulnere los principios democráticos, los derechos fundamentales o el resto de los mandatos constitucionales". En resumen, la Sala Segunda del Supremo no juzgará al independentismo sino el unilateralismo.

Posdata: me aseguran que Pedro Sánchez, en una estrategia política considerada de "alto riesgo" por sus interlocutores, está dispuesto a aguantar hasta el 2020 para pilotar el posproceso e intentar cerrar la novela inacabada de Kafka.