Las defensas de los acusados del 'procés' denunciarán la vulneración de derechos

Cada juicio consiste en cierto modo en una lucha entre el bien y el mal. Entre los buenos y los malos. El fiscal y las acusaciones pedirán una condena por la comisión de un delito y las defensas, la absolución porque ni lo ha habido o el que se sienta en el banquillo no es su autor. La vista que comenzará a finales de mes o, como tarde, a principios de febrero, en el Tribunal Supremo por el 'procés' indepentista catalán reúne esos ingredientes, más otro nada desdeñable que lo complica todo: la política.

Y es que uno de los ejes de la estrategia de defensa será “denunciar” la supuesta vulneración de derechos de los dirigentes independentistas y, sobre todo, de los encarcelados. “Defenderemos técnicamente a nuestros representados, pero también atacaremos y dejaremos constancia de que lo que se pretende con este proceso es aniquilar al movimiento independentista”, ha asegurado a este diario un letrado

Durante la vista del artículo de previo pronunciamiento ya se vio cómo plantearían el juicio, algunos abogados defensores incidiendo en la carga política de lo ocurrido en Catalunya en septiembre y octubre de 2017 y otros se centraron en la parte jurídica. Fue evidente que habían decidido no ser repetitivos y que se habían distribuido los grandes bloques para negar que hubiera existido delito y mucho menos el de rebelión, para lo que es necesario que se hubiera producido una violencia que todas las defensas niegan. 

Frente al argumento de la fiscalía de que hubo la violencia necesaria para entender que se cometió rebelión, o de la Abogacía del Estado, que sin ver esta violencia sí considera lo ocurrido sedición, la defensa intentará sostener que lo que ocurrió en Barcelona el 20 de septiembre fue “un movimiento” pacífico vinculado al independentismo, una opción esgrimida por “partidos legales desde hace años”. Los abogados de los procesados construirán una versión distinta y “alternativa” a la sostenida por las acusaciones, añadiendo la vertiente técnico jurídica.

Común denominador

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Las defensas, así, tendrán un común denominador y cerrarán filas en torno a las acciones que desplegó el Ejecutivo de Carles Puigdemont y a la violación de derechos fundamentales, aunque cada letrado ofrecerá elementos exculpatorios concretos respecto a sus clientes. Una de las razones es que no a todos los procesados se les atribuye el delito de rebelión. Los acusados de malversación y desobediencia centrarán sus esfuerzos en demostrar que no se usaran fondos públicos en el referéndum del 1-O, como sostiene la fiscalía.  El pasado viernes, los abogados defensores mantuvieron una reunión para pulir detalles en la petición de prueba y testigos.    

En la vista del artículo de previo pronunciamiento, Andreu Van den Eynden, abogado del exvicepresidente Oriol Junqueras y del exconseller Raül Romeva, y Marina Roig, del presidente del Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, fueron los que más claramente defendieron los intereses de sus clientes ante el tribunal recurriendo a la política, mientras que Jordi Pina, del expresidente de la Assemblea Nacional Catalana Jordi Sànchez y los exconsellers Jordi Rull y Josep Turull, y Judit Gené, que junto a Javier Melero representa a los ‘exconsellers’ Joaquim Forn y Meritxell Borrás, acudieron a argumentos más técnicos para negar la mayor: la existencia de los delitos de los que se les acusa.