No es país para ILP

Y el hámster que gira y gira y gira en la rueda del contencioso entre Catalunya y España se convirtió esta semana en un toro. La prohibición de las corridas de toros en Catalunya ha regresado como uno de los temas principales en la de conversación pública, como una especie de previa o calentamiento ante lo que se prevé la gran corrida, que será cuando el Tribunal Constitucional decida si mantiene o no la prohibición. El hecho de que la ponente ante el TC, la magistrada Encarnación Roca, sostenga que al prohibir los toros Catalunya invadió competencias del Estado porque la llamada "fiesta nacional" es "patrimonio cultural común" de España incide en dos aspectos que entran como un guante en la arena del procés: la cuestión identitaria (los toros son una fiesta española que deben celebrarse en Catalunya porque es España, y la postura contraria), y la competencial (el TC, de nuevo, suspende una norma que emana del Parlament). Vamos, la sentencia ideal en el momento perfecto...

CUTURA CATALANA Y ESPAÑOLA

"¿Qué tiene que ver la tauromaquia con la cultura catalana?", se pregunta en su carta Andrea Fenández, de Sant Fost de Campsentelles. Javier Alonso, de Mataró,  reclama en la suya "respeto a la pluralidad cultural para convivir". "No estoy en contra del artículo 149 de la Constitución [que establece que es competencia exclusiva del Estado la defensa del Patrimonio Cultural], pero lo que no alcanzo a comprender es cómo se puede calificar de cultura una actividad que se basa en la tortura y asesinato de un animal por simple entretenimiento popular. ¿Qué tipo de persona puede gozar al ver el sufrimiento y enloquecimiento de un animal que se debate entre la vida y la muerte?", escribe Roger Martínez, de Sant Climent de Llobregat. Guillermo Martí, de Sant Pol de Mar, propone que si las instituciones, con el Ayuntamiento de Barcelona a la cabeza, buscarán fórmulas de desobedecer al TC para que las corridas no vuelvan a Barcelona, "sería el momento de debatir el asunto de los correbous y ser coherentes con nuestras leyes antitaurinas, aboliendo esta lamentable tradición, ya que es una incoherencia y una hipocresía que persista esta cruel fiesta".

Han regresado esta semana, pues, los argumentos que hace unos años polarizaron el debate sobre la prohibición. En este tiempo, por supuesto, la moribunda afición catalana a las corridas no ha resucitado, sino más bien lo contrario. El toro, pues, gira y gira y gira en la rueda del hámster, y cada uno en su bando se afianza en sus posiciones. Los argumentos de la conversación no han cambiado en estos años y la fuerza de la postura favorable a la prohibición de las corridas –ya sea por motivos políticos, ya sea por razones de protección de los animales– no se ha debilitado ni un ápice.

INICIATIVA DE LA SOCIEDAD CIVIL

Si el TC acaba levantando el veto, el fallo tendrá otra consecuencia: derrocará no solo a una ley del Parlament –cuya legitimidad está fuera de toda duda– sino una  norma que se redactó a partir de un impecable proceso de democracia directa a través de una iniciativa legislativa popular (ILP). Así pues, más allá de que la sentencia echaría más leña al fuego de los agravios soberanistas; de que soliviantaría a los animalistas; y de que equipararía las corridas de toros con cultura, echaría por tierra el esfuerzo de la sociedad civil que impulsó la ILP y logró reunir las miles de firmas necesarias para que se convirtiera en ley.

No es este país para ILP, auténticos brindis al sol que no logran ni arañar la dura piel del sistema político, coto cerrado de partidos y los lobis de presión que tienen acceso a ellos. Antes que el veto a los toros, otra ILP que logró un gran apoyo popular –la que pedía la dación en pago y que logró reunir más de un 1.400.000 firmas– también fue desestimada. Tal vez no será el mensaje que más sonará si el TC falla como se prevé, pero es una pésima noticia que se dé el mensaje de que las iniciativas populares no sirven para nada.