El Constitucional abre con los toros un nuevo frente con Catalunya

El Tribunal Constitucional (TC) navega rumbo a una nueva colisión con Catalunya. Los magistrados tienen desde este miércoles sobre la mesa una ponencia que propone anular la prohibición de los toros aprobada por el Parlament de Catalunya el 28 de julio del 2010. Lo más probable es que se debata y se apruebe dentro de dos semanas, pero la noticia ha reabierto ya la guerra entre taurinos y antitaurinos y amenaza con arrojar más combustible al enfrentamiento entre la Generalitat y el Estado al amputar otra competencia que solo el PP discutió en su día que correspondiera a Catalunya.

La cuestión competencial es precisamente el principal argumento en que se basa la ponencia. Su autora, Encarnación Roca, sostiene que al prohibir los toros Catalunya invadió competencias del Estado. Fuentes del alto tribunal califican el asunto de "sencillo", por lo que no esperan una gran discusión cuando los 11 magistrados que componen el pleno comiencen a deliberar el asunto. Todo indica, por tanto, que el dictamen final estimará el recurso del PP anulando la prohibición.

DURAN LLEIDA EN LA COCINA

Roca, catedrática de Derecho Civil por la Universitat de Barcelona, fue elevada al Constitucional con el aval de la antigua CiU, aunque algunos recuerdan que por entonces el interlocutor de la coalición en Madrid era Josep Antoni Duran Lleida. El democristiano aún no se había bajado en marcha de un 'procés' que estaba en sus albores.

El TC ha tenido guardado en un cajón el recurso más de seis años, durante los cuales ha estado vigente la prohibición aprobada por el Parlament de Catalunya por 68 votos a favor, 55 en contra y 9 abstenciones. Entonces el PSC dio libertad a sus diputados, que votaron divididos, pero ahora es más que probable que se alineen con el frente antisentencia porque el debate central ya no será toros sí, toros no, sino a qué Administración le compete autorizarlos.

INICIATIVA POPULAR

Una sentencia desfavorable será también un revés a una norma surgida de una iniciativa legislativa popular (ILP), presentada por la plataforma Prou! y avalada por 180.000 firmas. El segundo revés a esta fórmula de participación ciudadana tras la reciente suspensión por parte del TC de la ley catalana antidesahucios, fruto de una ILP presentada por la PAH y la Alianza contra la Pobreza Energética.

La respuesta apuntada por el Govern este martes sugiere que podría seguir un camino parecido al transitado precisamente por la ley antidesahucios, resucitada este martes por el Consell Executiu a través del proyecto de ley del derecho a la vivienda para personas en riesgo de exclusión social. A ley muerta, ley puesta.

El problema para los legisladores catalanes es que el TC podría tardar unas pocas semanas en volver a suspender cautelarmente la nueva legislación si el Ejecutivo de Mariano Rajoy, como sería de esperar, volviera a recurrirla. La sentencia de la ley del 2010 ha podido demorarse seis años porque quien la impugnó no fue el Gobierno, presidido entonces por José Luis Rodríguez Zapatero, sino 50 senadores del PP.

RECURSOS Y BLINDAJE

El frente antitaurino ha lanzado ya sus primeras advertencias. La plataforma Prou! prepara recursos ante tribunales internacionales y el Ayuntamiento de Barcelona asegura que todos los estudios jurídicos están a punto para blindar la ciudad frente a las corridas.

Los taurinos no han dejado de movilizarse durante los seis años de vigencia del veto. La Federación de Entidades Taurinas de Catalunya presentó en el Congreso una ILP apoyada con 600.000 firmas en la que se proponía el levantamiento de “cualquier ley” que obstaculizara la fiesta de los toros, aunque solo lograron la declaración de la tauromaquia como parte del patrimonio cultural, algo meramente simbólico.

Tampoco han dejado de presionar al TC. En una reciente carta dirigida su presidente, Francisco Pérez de los Cobos, la Fundación del Toro de Lidia, advertía de que la tardanza en la resolución del recurso estaba teniendo "una repercusión muy negativa” en el mundo del toro.

Los protaurinos apremiaban al TC porque una sentencia favorable a sus intereses sobre el veto catalán podría frenar también la ristra de iniciativas antitaurinas nacidas al calor de los denominados ayuntamientos del cambio en Valencia, A Coruña, San Sebastián y Palma de Mallorca, entre otros municipios.