El Supremo invalida la privatización de ATLL

El Tribunal Supremo ha invalidado el concurso en el que Acciona se adjudicó en el 2012 la empresa pública Aigües Ter Llobregat (ATLL), según han confirmado fuentes conocedoras del fallo. Se trata de la mayor privatización acometida jamás por la Generalitat. El Supremo avala el fallo del 2015 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que invalidó el concurso.

Se trata de la mayor privatización acometida por la Generalitat en toda su historia, con un valor de unos 1.000 millones de euros, bajo el Govern presidido por Artur Mas. Esta decisión abre numerosas incógnitas. Entre ellas la cantidad que podrá reclamar Acciona, que pagó casi 300 millones (298 millones) al Govern y cada ejercicio paga un canon por el contrato de 50 años para los 696,8 millones restantes. Desde el 2013 ha pagado 65,4 millones por este canon (10,7 millones en el 2013; 11,8 millones en el 2014; 13 millones en el 2015; 14,2 millones en el 2016 y 15,7 millones en el 2017. Para el 2018 asciende a 17,2 millones.

La sección cuarta de la sala de lo Contencioso-Administrativo Tribunal Supremo es la que ha tomado esta decisión tras analizar los recursos de casación, uno de ellos de la Generalitat, que se le plantearon; y el otro de Aigües de Barcelona (Agbar). Aún quedan por resolver los planteados por Acciona y la sociedad concesioanria que controla, ATLL, aunque difícilmente variará el dictamen, según los expertos. 

La batalla jurídica la inició Aigües de Barcelona (Agbar), que perdió la licitación, poco después de la adjudicación a un consorcio liderado por Acciona. El organismo arbitral de la Generalitat para los concursos públicos, el OARCC, le dio la razón el 2 de enero del 2013,OARCC al entender que Acciona debería haber quedado fuera de la licitación.

El tribunal concluye que no se han infringido los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad, transparencia de los procedimientos e igualdad de trato para todos los licitadores. "Al contrario, la sentencia se ha preocupado de que la igualdad entre los licitadores, la publicidad y la transparencia del procedimiento sean efectivas. Por eso, advertida una confusión relevante, resolvió en consecuencia", concluye la sala. Del fallo se deduce que la Generalitat  generó confusión al aclarar sin seguir el procedimiento establecido el calendario de obras previsto por las ofertas, lo que, según los jueces vició todo el concurso. 

El TSJC invalidó la licitación en el que se adjudicó la compañía que abastece de agua al área metropolitana y otras comarcas colindantes con más de cuatro millones de habitantes «por la existencia de vicios en el procedimiento de licitación no imputables a los licitadores», según el fallo. El dictamen estimó parcialmente la petición de Acciona de evitar que se le excluyera de la gestión como establecía la resolución del OARCC, pero no satisfizo del todo a ninguna de las dos partes litigantes: no aclaró plenamente el horizonte para Acciona ni bendijo la posición de Agbar de que se le debía transferir la gestión de ATLL.

Déficit del 2012

La decisión judicial deja en el aire unos 1.000 millones que sirvieron para reducir en cinco décimas el déficit de una apurada la Generalitat en el 2012. El contrato se firmó el 27 de diciembre del 2012, con efectos desde las 23.59 horas del 31 de diciembre. La administración catalana podría tener que pagar un mínimo de unos 300 millones a Acciona que, a su vez podría reclamar daños y perjuicios. En la cuenta general de la Generalitat del 2015 consta una provisión de 380,29 millones, más de lo que había anunciado públicamente, para cubrir el «riesgo» de que los tribunales decidan revolver el contrato.

Retribución financiera

Lo cierto es que el contrato de gestión limita mucho el margen para rebajar el precio del agua. En torno al 40% de la tarifa corresponde a la retribución financiera que recibe el concesionario (más de 60 millones cargados a las distribuidoras de agua sobre una tarifa mayorista de casi 160 millones). La retribución es del 9,33% por los 50 años del contrato. No obstante, fuentes del sector aseguran que la retribución financiera efectiva es del 21% si se compara esta con el nivel de inversión realmente ejecutado.

Una primera parte de la remuneración se aplica sobre la cantidad efectivamente desembolsada por la concesionaria --que parte de los 298,7 millones pagados en el 2012--, de la que se restan las anualidades pagadas a la Generalitat y se suma el valor neto de las inversiones realizadas. En el 2017 fueron 27,4 millones con cargo a la tarifa mayorista, la que pagan las compañías distribuidoras, muchas de ellas municipales.

Pero además al resto del canon diferido (698,8 millones en 50 anualidades con un interés del 4,95%) se le aplica el 9,33%, con lo que la concesionaria obtiene un rendimiento neto del 4,38%, que fueron otros 34,7 millones en el 2017. Se trata de la remuneración de una inversión aún no consumada y que en el sector se ve como un gancho adicional incluido en su día para hacer más atractiva para el sector privado una inversión que la Generalitat requería como agua de mayo y desembocó en una privatización encallada en los tribunales.