Mas-Colell limita a 326 millones el coste de quitar ATLL a Acciona

El conseller de Economia, Andreu Mas-Colell, limitó el coste de anular el concurso de Aigües Ter Llobregat (ATLL), la mayor privatización de la Generalitat, para la tesorería pública a 326 millones de euros. «A fecha de hoy, no hay motivos para presumir que esto sucederá», pese a la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que anuló el concurso y que el Govern ha recurrido ante el Supremo, explicó.

La cantidad en concepto de compensación incorporaría la suma percibida a la firma del contrato en diciembre del 2012, que ascendió a 298,6 millones, otros cuatro o cinco millones por las obras ya acometidas por los concesionarios, encabezados por Acciona; y «posiblemente los intereses legales meritados»,explicó ayer Mas-Colell en la comisión de economía del Parlament.

En todo caso, según el conseller, que dijo que el Ejecutivo tiene todo «el arsenal jurídico» para que en el caso de un fallo en firme la cantidad máxima sea esta, afirmó que este hecho abriría otro proceso judicial. Y es que supondría tener que devolver cánones por un negocio que funciona y que ha generado retornos. Mas-Colell dijo que «todo acabará bien» e insistió en que «no hay impacto económico mientras siga el servicio, que es lo que está pasando».

MÁS DE 1.100 MILLONES /Con todo, olvidó que los impactos en el caso de anularse de forma efectiva el concurso serían superiores. Un informe de la propia conselleria, del que informó este diario, destaca que además del lucro cesante al que tendrían derecho Acciona y sus socios (unos 100 millones) habría que contabilizar el impacto en el déficit del 2012, que se redujo en cinco décimas por la operación. En total, más de 1.100 millones.

Mas-Colell dio a conocer los principios en los que se basa el recurso de casación ante el Tribunal Supremo. En el ámbio procesal, considera que la sentencia del TSJC se excede al dictaminar sobre algo, la anulación del  concurso, que ninguna de las partes pidió. El conseller recordó que la Generalitat se limitaba a pedir la anulación de la resolución de su organismo, el OARCC, que obligaba a apartar a Acciona de la gestión de ATLL, a petición del perdedor de la licitación, Aigües de Barcelona (Agbar).

Al entender del Govern, la sentencia del TSJC avala esa tesis, pero a la vez anula todo el procedimiento sin que la Administración haya podido defenderse sobre ese punto y basándose en algo «que ninguna de las partes ha invocado». El fallo tampoco ordena ceder la gestión de forma automática a Agbar, como esta solicitaba.

Pese a las críticas de la oposición sobre el procedimiento,

Mas-Colell recordó que el conflicto «es una cuestión 100% jurídica» y responde a una pugna entre dos grandes empresas.