El botín de recursos de alta mar: el gran escollo para el Tratado global de los océanos

Protección de los océanos

La lucha por la protección de los océanos lleva décadas sobre la mesa. En 1982, la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar (UNCLOS) declaró los fondos marinos y oceánicos como "patrimonio de la humanidad" y lanzó el primer gran llamamiento global para proteger estos ecosistemas. En 2018 se iniciaron las conversaciones oficiales para crear el primer Tratado global de los océanos. El objetivo era cerrar un acuerdo global en 2020 pero la llegada de la pandemia de covid-19, por un lado, y el encarnizado debate entre los estados, por el otro, retrasó la firma del pacto. Los 168 miembros de Naciones Unidas se reunirán entre el 27 de febrero y el 3 de marzo para reabrir el debate.

Derecho en alta mar

La gran mayoría de debates que en estos momentos obstaculizan la firma del acuerdo tienen que ver con cómo regular las actividades humanas en alta mar. Es decir, las acciones que tienen lugar en aguas internacionales y que se escapan de toda jurisdicción nacional. Más de dos tercios de los océanos (el equivalente a 11 millones de kilómetros cuadrados) entran en esta definición. Dado que ningún país por sí solo puede aplicar sus leyes en estas áreas, la única manera de regular su uso es a través de mecanismos de cooperación internacional. Expertos y entidades, de hecho, piden cerrar un tratado fuerte, ambicioso y vinculante para proteger el 30% de los océanos para 2030. 

Áreas protegidas

Estos momentos se calcula que solo el 10% de las áreas marinas están protegidas. La mayoría están en las zonas de costa. En alta mar, solo el 1,4% de las aguas gozan de este estatus. En diciembre de 2022, la cumbre de Montreal logró cerrar un acuerdo global para proteger el 30% de la superficie del planeta para 2030 y esto, por extensión, también se aplica a los océanos. Ampliar la extensión de las áreas protegidas significaría, por un lado, trazar un nuevo mapa global de reservas marinas y, por otro lado, aplicar una serie de limitaciones y prohibiciones dentro de esos espacios. Esto implicaría, por ejemplo, limitar la pesca, el tráfico de embarcaciones o las actividades de explotación. No todos los países ven con buenos ojos la aplicación de estas medidas. 

Recursos genéticos

Uno de los grandes escollos de las negociaciones es un tema prácticamente desconocido para el público general pero que para países, empresas e industrias resulta clave: la explotación de recursos genéticos. Durante las exploraciones en alta mar se descubren especies, microorganismos y substancias que se utilizan en la industria cosmética y farmacéutica, entre otros, para elaborar productos. El remdevisir (el primer tratamiento aprobado contra el covid-19) viene de una especie extraída de alta mar. Lo mismo ocurre con algunos tratamientos pioneros contra el cáncer. En algunos casos, para elaborar estos productos se necesita capturar estos organismos. En otros, los compuestos se sintetizan y se suben a repositorios digitales. ¿Pero quién es el propietario de estos recursos? ¿Quién debe lucrarse con su explotación?

El Tratado de los océanos se dispone a legislar este asunto que ahora mismo está en tierra de nadie. Algunos países reclaman que, de la misma manera que ocurre con las explotaciones pesqueras transfronterizas, una parte de los beneficios de estos productos se repartan entre todos. Otros, como Estados Unidos o Canadá, argumentan que las ganancias deben quedarse en los países que impulsen este tipo de expediciones. Todo apunta a que el acuerdo final intentará poner coto a este asunto, aunque todavía no está claro cómo se acabará de definir.

Evaluaciones ambientales

El otro gran tema de debate es cómo proteger los ecosistemas marinos del avance de la crisis climática. En estos momentos, se calcula que más de 45.000 especies marinas están en peligro de extinción por los daños medioambientales causados por nuestra especie, la contaminación, el aumento de la temperatura de las aguas o la acidificación. El tratado de los océanos aspira a crear un mecanismo para evaluar el impacto ambiental de las diferentes actividades humanas en aguas internacionales para así limitar su impacto. El debate está, una vez más, en el detalle de quién, cómo y cuándo debe realizar estos estudios y aplicar las medidas pertinentes.