Orden de arresto internacional: una medida histórica y sin precedentes contra Putin

Raquel Regueiro Dubra, profesora de Derecho Internacional Público en la Universidad Complutense de Madrid, explica, en un mensaje dirigido a EL PERIÓDICO, que con la orden de arresto, la CPI aplica, "por vez primera en su historia", la doctrina que "niega inmunidad de jurisdicción a los jefes de Estado o de gobierno de Estados que no son parte del Estatuto de Roma", y lo hace, no impelida por el Consejo de Seguridad, sino a petición de "43 estados partes del estatuto, que remitieron el caso al tribunal". Además, por vez primera, es emitida "una orden de arresto contra un jefe de Estado o de Gobierno de uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad", lo que suscita en esta académica la curiosidad de ver el impacto político de la decisión, "cuál va a ser la reacción de los otros cuatro países, en particular EEUU y China, que tampoco son parte del estatuto". Francia y el Reino Unido, por el contrario, "son miembros fundadores de la CPI".

The International Criminal Court has issued an arrest warrant against Vladimir Putin. No need to explain WHERE this paper should be used🧻.

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) 17 de marzo de 2023

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Regueiro Dubra reconoce que la CPI "carece de de fuerzas del orden propias", con lo que "depende de la actuación de los Estados para la ejecución de la orden". Sobre el papel, "todos los estados miembros de la CPI tienen la obligación de arrestar a Putin y extraditarlo", continúa. Sin embargo, lo sucedido "con la orden de arresto contra el expresidente de presidente de Sudán Omar el Bashir" -acusado de crímenes de lesa humanidad, guerra y genocidio- "muestra las dificultades de ejecutarla", en particular en los estados del denominado "Sur global, que tienden a rechazar la idea de que no existe inmunidad de jurisdicción para jefes de Estado y de Gobierno que no son parte del Estatuto de Roma". En resumen, recapitula la profesora Regueiro: "Putin está a salvo en Rusia, en cualquier Estado que no haya ratificado el Estatuto de Roma", así como en estados que cumplen "de forma estricta el principio de inmunidad del Estado".

Los delitos, eso sí, no son nada desdeñables de acuerdo con el derecho internacional, y sin algún día el presidente Putin o en su defecto Maria Lvova-Belova, la comisaria rusa para los Derechos de la Infancia, también incluida en la orden de detención, se sientan en el banquillo de los acusados, podrían ser condenados a largas penas de cárcel. Se trata de actos "constitutivos de crímenes de guerra, y pasibles de penas privativas de libertad de un número determinado de años, con un máximo de 30 años", informa la profesora de la universidad madrileña. "En casos de extrema gravedad", el acusado puede ser condenado incluso a "reclusión a perpetuidad", prosigue. En el aspecto económico del delito, "el tribunal podrá imponer una multa y ordenar el decomiso del producto, de los bienes y de los haberes que proceden, directa o indirectamente, del crimen", concluye Regueiro Dubra.