La Corte Penal Internacional emite una orden de arresto contra Putin por presuntos crímenes de guerra

La Corte Penal Internacional (CPI) ha emitido este viernes una orden de detención contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, como presunto responsable de crímenes de guerra por la deportación y el traslado ilegal de niños de las zonas ocupadas de Ucrania a la Federación rusa. Además de la orden contra Putin, el tribunal también ha emitido una segunda orden de arresto contra la comisionada presidencial para los derechos del niño de la oficina del presidente, Maria Alekseyevna Lvova-Belova, por la misma acusación.

"Este es un momento importante en el proceso de justicia ante la CPI. Los jueces han revisado la información y las pruebas presentadas por el fiscal (Karim Khan) y han determinado que existen acusaciones creíbles contra estas personas por los presuntos crímenes", ha anunciado el presidente de la corte, Piotr Hofmanski. La orden obliga ahora a todos los países que son miembros del tribunal a arrestar a Putin y Lvova-Belova si entran en su territorio, una posibilidad remota pero que añade presión contra Moscú y que limitará sus movimientos y aumentará su aislamiento a nivel internacional.

Aunque el CPI no ha cuantificado el número de niños afectados, el Gobierno de Volodímir Zelenski considera que desde el inicio de la guerra, hace poco más de un año, las autoridades rusas habrían deportado a más de 16.200 menores. De ellos, las autoridades de Kiev solo habrían logrado la devolución de 308 menores. Un estudio publicado a mediados de febrero por la universidad de Yale alertaba del uso sistemático por parte del Kremlin de una red de 43 centros en la que habrían sido reubicados para ser reeducados al menos 6.000 niños ucranianos.

"Los incidentes identificados por mi oficina incluyen la deportación de al menos cientos de niños sacados de orfanatos y centros de acogida de menores. Muchos de estos niños, según denunciamos, han sido dados en adopción en la Federación rusa" y "la ley fue modificada, a través de decretos presidenciales emitidos por el Presidente Putin, para agilizar la concesión de la ciudadanía rusa, facilitando que fueran adoptados por familias rusas", ha precisado el fiscal jefe, Karim Khan que considera que estos hechos demuestran la intención de Moscú de expulsar permanentemente a estos niños de su propio país.

"Motivos razonables"

Según la corte, con sede en La Haya, los crímenes se habrían cometido "presuntamente en los territorios ocupados de Ucrania al menos desde el 24 de febrero de 2022", fecha del inicio de la guerra lanzada por el Kremlin. "Existen motivos razonables para creer que el señor Putin es responsable penalmente a título individual de los crímenes mencionados", ha señalado el tribunal en un comunicado en el que apunta la existencia de indicios que hacen pensar que el máximo dirigente ruso ha cometido los actos de los que se le acusa "directamente, conjuntamente con otros y/o por medio de otros" y de "no haber ejercido un control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los actos" o que "permitieron su comisión y que estaban bajo su autoridad y control efectivos".

Aunque las órdenes son secretas para proteger a víctimas y testigos y para salvaguardar la investigación, el tribunal considera que dado que los presuntos crímenes son continuados y que la publicación de las mismas puede contribuir a evitar que se sigan cometiendo los delitos, es en interés de la justicia autorizar la divulgación pública de "la existencia de las órdenes, el nombre de los sospechosos, los delitos por los que se dictan las órdenes y los modos de responsabilidad".

Satisfacción en Kiev y Bruselas

El anuncio del TPI, creado en el año 2002 y que investiga desde hace un año los crímenes de guerra o contra la humanidad cometidos por el Ejército ruso, ha sido recibido con plena satisfacción desde Kiev. El fiscal general, Andriy Kostin, ha calificado la decisión de "histórica" para su país y para el sistema de derecho internacional mientras que el jefe del estado mayor presidencial, Andriy Yermak, ha avisado de que esto es "solo el principio". "Las ruedas de la justicia están girando: aplaudo la decisión del CPI de dictar órdenes de detención contra Vladímir Putin y Maria Lvova-Belova por el traslado forzoso de niños ucranianos", ha celebrado en su cuenta de Twitter el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dmitro Kuleba.

La misma satisfacción ha expresado desde Macedonia del Norte el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, para quien "no puede haber impunidad" en la guerra contra Ucrania. "Se trata de una decisión importante de la justicia internacional para el pueblo de Ucrania. La UE siempre ha dejado claro que los responsables de librar una guerra de agresión ilegal, injustificada y no provocada contra Ucrania deben comparecer ante la justicia. Este es sólo el principio del proceso de rendición de cuentas y de exigir responsabilidades a Rusia y a su líder por los crímenes y atrocidades que están cometiendo en Ucrania", ha dicho en rueda de prensa.

Desde Moscú, mientras tanto, la principal acusada junto a Putin ha sacado pecho. "Es estupendo que la comunidad internacional haya apreciado el trabajo realizado para ayudar a los niños de nuestro país", ha indicado en declaraciones recogidas por la agencia de noticias RIA Novosti. Lvova-Belova, que el mes pasado declaró que había "adoptado" a un niño de la ciudad ucraniana de Mariúpol, actualmente bajo control ruso, ha destacado que la decisión de la CPI valida su labor de "ayuda a los niños de nuestro país" pero "carece de sentido" ni tiene "ningún significado" porque "Rusia no es parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y no tiene ninguna obligación en virtud del mismo". Las autoridades rusas firmaron el Estatuto en el año 2000 pero nunca lo llegaron a ratificar para convertirse en miembros de la CPI y finalmente retiraron su firma dos años después de la anexión ilegal de Crimea, en 2016.